País Vasco
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Imposible creer en la Justicia española
Editorial Gara
Desde hace dos semanas, en la Audiencia Nacional de Madrid se está juzgando
nada menos que por «integración en organización terrorista» a, por ejemplo, el
director de un periódico, a los miembros de su consejo de administración, a
ciudadanos que trabajaban en empresas de viajes o de importación y exportación
de bacalao y a personas que ejercían un trabajo público en diversos organismos
políticos y sociales. No recae sobre ellos ninguna acusación personalizada sobre
cómo ni cuándo se integraron en dicha organización, ni cuál era su cometido en
ella, ni qué hechos propios de la actuación de una organización armada les son
imputados. Simplemente se les juzga por la labor que hacían a la vista de todo
el mundo, desde el prejuicio de que «todo es ETA».
Paralelamente, ayer el Tribunal Superior de Justicia del Navarra absolvió y
excarceló a Pilar Rubio, la mujer que, tras provocar a Angel Berrueta, «creó una
situación de excitación» en su marido policía español y en su hijo, quienes, a
tiros y machetazos, acabaron con la vida del panadero iruindarra, miembro de la
asociación Gurasoak. En la discusión inicial y en la propia vista oral quedó
claro que aquella muerte tuvo un enorme contenido político, pero pese a ello el
caso no se juzgó en la Audiencia Nacional y el fiscal lo quiso reducir a una
riña de vecinos.
Además, esta misma semana la Audiencia de Madrid ha absuelto a miembros de
"Bastión 1903" del delito de asociación ilícita, pese a que se trata de un grupo
organizado, con persistencia en el tiempo y que atacó a aficionados de la Real
Sociedad simplemente por serlo, acabando con la vida de Aitor Zabaleta.
Viendo que un grupo organizado que acaba matando a una persona no es una
asociación ilícita, mientras que un periódico, una empresa o una asociación a
las que no se puede vincular con ninguna acción violenta se les considera parte
de una «organización terrorista»; viendo que quien incita a un policía a matar
al panadero de abajo es absuelta, mientras se piden penas superiores a la
condena inicial de Pilar Rubio a personas que defienden la no-violencia y la
resistencia civil; viendo todo eso, es imposible creer en la Justicia española.
Porque la única conclusión lógica que cabe extraer de estos episodios es que el
castigo está en función no de los hechos cometidos, sino de la ideología o
procedencia de los acusados y de las víctimas. Algo que, evidentemente, está muy
lejos de lo que en cualquier parte del mundo puede considerarse como justicia.