Iñigo Elkoro y Teresa Toda
Gara

Casi parecía que no iba a llegar nunca; había incluso quien pensaba que al menos parte de todo esto estaba ya resuelto, pero no, no era así. Tras más de siete años desde que diera sus primeros golpes, el sumario 18/98 llega hoy a juicio.
Hace ocho años, o seis, o cinco, las personas que hoy tendremos que sentarnos en el banquillo en la Audiencia Nacional trabajábamos, más o menos tranquilamente, en una pequeña empresa, en un periódico o una radio, en la política, en relaciones internacionales, contribuyendo a fortalecer y organizar los movimientos populares... Contra todos esos quehaceres, que compartían el objetivo de construir una Euskal Herria libre, más justa, irrumpió la acción agresiva de Baltasar Garzón, ejecutando eficazmente la estrategia del Estado, gestada en la etapa final de los gobiernos de Felipe González (con la persecución a la Mesa Nacional de Herri Batasuna) y desarrollada con los de José María Aznar, que contó en este terreno con la colaboración plena del PSOE, plasmada en el Pacto Antiterrorista (hoy congelado pero no desactivado).
No les hizo falta mucho para vender la tesis tan buscada, el «todo es ETA». Bastaron unos cuantos informes policiales y una Au- diencia Nacional complaciente y moldeable; cuando hubo una mínima refutación de la tesis por parte de la Sala Cuarta, se deshicieron de ella y listo. Bajo ese simple enunciado, sin embargo, el objetivo era, y sigue siendo, mucho más ambicioso: se trata de prohibir, desarbolar, amedrentar y castigar no conductas individuales, sino ideologías, plan- teamientos, empeños colectivos abertzales, populares.
Por supuesto que también han causado daños personales. Personas detenidas, encarceladas, algunas torturadas. Gran despliegue me- diático en todas las operaciones. Nulo respeto a la intimidad y a la presunción de inocencia. Y después, de cinco a siete años «a disposición judicial», con cargas económicas, con restricciones, con el desgaste que suponen años de incertidumbre y de espera a un juicio que puede suponer fuertes condenas y entretanto va a suponer meses de desplazamientos continuos a Madrid y nuevas y serias alteraciones en el trabajo y la vida de estas 59 personas.
Pero no han conseguido que, ni individual ni colectivamente, hayamos cejado en nuestros ideales, en nuestros objetivos, en nuestros respectivos compromisos en cada campo de actividad. Ni tampoco ha cedido el amplio sector de la sociedad vasca que se identifica con estos planteamientos. Al contrario, con los años, se han ido sumando voces y voluntades contra estos procesos políticos, se ha ido apreciando la verdadera dimensión del 18/98 y los sumarios que le siguieron. Ahí está el verdadero punto flaco de la estrategia política materializada por la Audiencia Nacional: no ha conseguido arrancar ni borrar del mapa esa voluntad colectiva que defiende en la práctica el derecho de Euskal Herria a ser y decidir.
Y eso pese a que los sumarios de Garzón y Del Olmo han arrasado con libertades y derechos civiles y políticos, individuales y colectivos. Han atacado directamente al conjunto de la sociedad vasca. El derecho a la organización política, a reunirse, a manifestarse, a la libre expresión y transmisión de información, a la solidaridad antirrepresiva, han quedado fuera de la ley en Euskal Herria. Pero no fuera de Euskal Herria, porque, por encima de ese acoso y ofensiva político-judicial, en Euskal Herria se han oído y materializado, de una u otra forma, las diversas propuestas que el 18/98 intentaba ahogar.
Ese auténtico estado de excepción no ha cambiado desde marzo de 2004, pese a los nuevos aires y declaraciones. Respecto a estos sumarios, parte de un conflicto político, no se han dado pasos en positivo, sino que se continúa en la estela del Pacto Antiterrorista. Si en fechas recientes se han oído algunas voces del PSE cuestionando las tesis de la Audiencia (aunque intentando eludir la responsabilidad que el PSOE ha tenido y tiene en ellas), han sido respondidas rápidamente con la «prevalencia del Estado de Derecho» y la «independencia judicial». Hasta Garzón, desde su cautelar alejamiento, ha terciado con unas declaraciones un tanto crípticas, diciendo que «ETA no es lo que ellos dicen o quieren decir que son (por las personas procesadas, se supone), sino lo que la realidad de estos años ha demostrado». Ah! Pero es que la realidad de estos años lo que ha demostrado es todo lo contrario de lo que pretendía Garzón...
El conjunto de la situación, incluidas declaraciones contradictorias, nos reafirma en que, al final, este juicio y los que le sigan se van a volver en contra de sus promotores, como empezó a suceder con el realizado contra Jarrai, Haika y Segi. Más allá de las condenas que pueda haber en Madrid, en Euskal Herria se ha puesto ya en tela de juicio, ya se ha superado, el acoso ideológico, la vulneración de la voluntad popular, los excesos y los sinsentidos policiales y judiciales. Y la condena a este estado de excepción y sus consecuencias se irá ratificando.
Además, la lucha por los derechos civiles y políticos trasciende las fronteras de Euskal Herria. Enlaza con la creciente preocupación y movilizaciones en el mundo frente a los atropellos que los estados están cometiendo bajo el amplísimo paraguas de «lucha contra el terrorismo» o «los complejos terroristas». Los ejemplos del Estado español y el francés respecto a Euskal Herria y en sus propios territorios; los de Gran Bretaña, Italia, EEUU... la extensión de legislaciones cada vez más restrictivas, son negrísimos augurios para el futuro de una humanidad más libre donde pueblos, naciones y personas tengan todos sus derechos reconocidos.
Por eso es importante ser conscientes de que este juicio no es algo aislado y que incumba únicamente a las personas procesadas. Los derechos anulados son de toda la sociedad vasca, su defensa implica a la propia sociedad. Por nuestra parte, haremos que la sala del juicio sea un altavoz de la defensa del futuro libre y con plenos derechos que merece Euskal Herria. Será nuestra contribución al esfuerzo colectivo por la resolución definitiva del conflicto, por encima del obstáculo que para ese camino suponen éste y los demás juicios políticos.
* Iñigo Elkoro y Teresa Toda. Portavoces de las personas procesadas en el Sumario 18/98.