Juan Agulló
Masiorare

La primavera que viene habrá elecciones en varios estados españoles. Hará 20 años que la izquierda gobierna en las entidades más pobres. Esta falta de alternancia no se explica por la existencia de políticas clientelares, sino por la aplicación de soluciones imaginativas a problemas concretos: contra las listas de espera en el seguro social, Equipos Móviles de Cirugía; contra los sistemas operativos caros, distribución de software gratuito; contra la desigualdad y la violencia de género, reformas legislativas innovadoras. Resultados: bienestar, tecnología y equidad.

Manuel Chaves, presidente socialista de Andalucía desde 1990, es audaz. El 18 de septiembre de 2001 aprobó un decreto por el que su gobierno se comprometía a pagar la operación quirúrgica y la estancia en un hospital privado a toda persona que llevara más de seis meses en una lista de espera. La iniciativa privada se frotó las manos porque estos casos son constantes en la sanidad pública española. La adopción de una medida similar a escala nacional –luego de la llegada de la derecha al poder en 1996– ya le había reportado pingües beneficios. En el caso de Andalucía nadie imaginó que los entonces recién improvisados Equipos Móviles de Cirugía (EMC) iban a arruinar toda perspectiva de negocio. Actualmente son alabados por la Organización Mundial de Salud.
Los EMC fueron creados para evitar un incremento exponencial del gasto –y por ende del endeudamiento– público en Andalucía. Hace año y medio más de 15 mil personas esperaban ser intervenidas quirúrgicamente en dicha entidad. Había necesidades de todo tipo: desde estéticas hasta coronarias. Pagar operaciones privadas hubiera propiciado la ruina y casi segura privatización del estatal Servicio Andaluz de la Salud (SAS). Se buscó una fórmula imaginativa para acabar, lo más rápido posible, con las listas de espera: se crearon pequeños comandos formados por dos médicos especialistas, un anestesista y cuatro enfermeros. Comenzaron a viajar por Andalucía en camiones provistos del material necesario para operar.
A cada EMC se le asignaron rutas en función de las necesidades específicas de cada lugar. Se trataba de aprovechar los fines de semana para intervenir en cualquier espacio dedicado a la salud pública: desde grandes hospitales hasta pequeños dispensarios. De esa manera se ganaba en efectividad, pues se evitaba que mucha gente –especialmente en zonas rurales– tuviera que desplazarse hasta centros urbanos. Con ello se lograban múltiples beneficios inmediatos: se acercaba el servicio público a los ciudadanos, se reducía la tasa de ocupación hospitalaria y se mejoraban las condiciones sicológicas de recuperación de los enfermos. Se comenzaban a eliminar, además, las listas de espera.
La primera intervención de un EMC se produjo en la ciudad de Córdoba, en febrero de 2001. Al principio, los profesionales de la salud que, económicamente incentivados, integraron los comandos fueron objeto de críticas e incluso amenazas. Muchos de los médicos que trabajan para el SAS suelen tener sus propias clínicas: el éxito de los EMC les privaba, por ende, de ingresos adicionales a sus sueldos. Lo peor para ellos era que los EMC funcionaran como lo estaban haciendo. Una cuidadosa planificación era su mejor secreto: se comenzó por pequeñas intervenciones sin importancia; más tarde se pasó a operaciones quirúrgicas graves; últimamente se trabaja, sobre todo, en el seguimiento y la prevención.
En año y medio, los 83 EMC que actualmente están en funcionamiento en Andalucía han realizado 15 mil 219 operaciones quirúrgicas, que han abarcado desde intervenciones traumatológicas hasta oftalmológicas, pasando por urológicas, ginecológicas, neurológicas, vasculares e incluso estéticas. En total, han participado mil 200 profesionales y para ello han sido utilizados los 29 hospitales de la red del SAS. El costo del programa ha sido de 7 millones de euros (unos 7 millones de dólares). Una nimiedad teniendo en cuenta que las listas de espera prácticamente han desaparecido (en la actualidad apenas incluyen a 44 pacientes) y que no ha habido que recurrir –salvo en casos muy puntuales– al sector privado.
Una alternativa a Microsoft
Mientras eso ocurre en Andalucía, la cercana Extremadura acaba de ser portada en The Washington Post por otros motivos: la exitosa implantación del Linex, un sistema operativo elaborado a partir del software libre Linux (Eujung Cha, Ariana. "Europe's Microsoft Alternative" en The Washington Post, 3–XI–2002).
Gracias a su utilización en la administración estatal, la región más pobre de España no sólo está ahorrando un verdadero capital en licencias sino que, además, ha logrado adaptar los programas informáticos que utiliza a sus propias necesidades. Esta osadía del gobierno del socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra (en el cargo desde 1983) ha convertido a su entidad en pionera en la lucha contra la piratería informática y las prácticas monopólicas. Para la Unión Europea se trata de un ejemplo a seguir.
Gobiernos de otros países, como Perú y Nueva Zelanda, también han demostrado su interés por el Linex. En Chile, algunas administraciones públicas ya lo están aplicando. En realidad, empresas como IBM, Sun Microsystems o Hewlett Packard ya han desarrollado software gratuito. Por otra parte, países como Alemania, Gran Bretaña, China, Italia o Brasil tienen leyes que alientan la implantación de sistemas operativos libres. Lo verdaderamente original de esta experiencia radica en que el gobierno de Extremadura es la primera administración pública del mundo que convierte lo que hasta ahora sólo era una posibilidad en una realidad tangible.
Linex es, sobre todo, un símbolo.
Por ese símbolo, el gobierno extremeño sólo ha pagado 180 mil euros a Andago, una pequeña empresa de software radicada en Madrid. La aventura comenzó hace tres años cuando el presidente Rodríguez Ibarra le encargó a Luis Millán Vázquez de Miguel, su secretario de Educación, responsabilidades en materia de ciencia y tecnología. El proyecto de desarrollar un software libre especialmente diseñado para la región era prioritario. Desde 1999 hubo quien se puso a trabajar en ello. Tres años más tarde, en marzo de 2002, Linex era una realidad de la que existen más de 150 mil copias distribuidas en escuelas públicas, tiendas de computación, centros comunitarios e incluso medios de comunicación locales.
Lo verdaderamente original de Linex son sus iconos y el nombre de sus programas, trufados de guiños a la historia, a la cultura y al paisaje local. Los usuarios de su procesador de texto, por ejemplo, utilizan el Brocense y no el Word y navegan por Internet gracias al Galeón, no al Explorer.
Por lo demás, según los especialistas, no hay grandes diferencias con respecto a Windows. Es más, se trata de sistemas operativos bastante compatibles, lo cual es muy importante teniendo en cuenta la necesidad inicial que ambos tienen de coexistir. Parece ser que al principio se presentaron algunas incompatibilidades (especialmente con los periféricos), pero ya han sido resueltas.
En los últimos meses, la novedad de un sistema operativo que en Extremadura se está implantando a velocidad de vértigo, ha sido que muchas tiendas de computación están vendiendo lo que hasta hace muy poco tiempo parecía un ideal irrealizable: equipos informáticos que incorporan el sistema operativo Linex y que, por ende, resultan mucho menos costosos que antaño. Resultado inmediato: la tradicionalmente pobre Extremadura está viviendo una rápida informatización a todos los niveles. Los servicios públicos, gracias a ello, han mejorado notablemente: muchos, ahora, son más ágiles y precisos. Al sector privado, por su parte, se le están abriendo posibilidades de negocio hasta hace poco inimaginables. Las beneficiarias más directas han sido las escuelas.
Políticas de mujer
Castilla–La Mancha, tierra del mítico Don Quijote, linda con Extremadura y Andalucía. Desde 1983 está gobernada por el socialista José Bono. Allá la novedad es que, desde el pasado mes de junio, la ley obliga a elaborar listas electorales paritarias, esto es, compuestas alternativamente por hombres y mujeres. Teniendo en cuenta estos preceptos es previsible que las elecciones de la próxima primavera alumbren uno de los parlamentos más igualitarios del mundo.
Tendrá prácticamente el mismo número de diputadas que de diputados (actualmente 41% son mujeres). La medida, además, afectará al gobierno regional que se someterá a lo previsto por la nueva ley (hoy, 75% de los secretarios son hombres).
Al Partido Popular (PP) del presidente español José María Aznar probablemente no le resulte rentable hacer caso omiso. Cuando la citada ley fue aprobada por el parlamento estatal, a pesar de anunciar que votaría a favor de la propuesta, terminó haciéndolo en contra. Meses más tarde, a nivel nacional, recurrió la constitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora que se acercan las elecciones, las encuestas demuestran que Castilla–La Mancha es uno de los feudos donde el poder de la izquierda se encuentra más asentado. Y ello a pesar de que en esta ocasión el PP ha apostado por un candidato estrella a la gubernatura: Adolfo Suárez Illana, hijo del ex presidente español Adolfo Suárez (que gobernó entre 1977 y 1981).
Victoria Fernández-Salinero, presidenta de la Asociación de Mujeres Rurales de Castilla–La Mancha, considera "humillante cómo el PP juega con la valía y la posibilidad de las mujeres para estar en política bajo el falso discurso de que lo importante es que la persona valga, sea hombre o mujer". "Las mujeres a las que represento tienen una gran oportunidad de trabajar y contribuir al desarrollo de sus pueblos desde la actividad política". La ley de paridad facilita esa posibilidad en una entidad en la que hoy el porcentaje de mujeres que ocupan altos cargos apenas frisa el 18%. La ley, por consiguiente, independientemente de su carácter más o menos electoralista puede ser verdaderamente revolucionaria, especialmente en los pueblitos.
Como sea, a partir de ahora, el camino por recorrer hacia la igualdad será todavía muy largo. Actualmente, en Castilla–La Mancha, las diferencias siguen siendo abismales: los ingresos medios por hora trabajada son de 6.6 euros para las mujeres frente a los 9.5 para los hombres; el desempleo afecta a 22.2% de las mujeres, frente a 7.2% de los hombres y, por último, sólo 34.7% de las mujeres están activas frente a 63% de los hombres. La violencia de género, como en el resto del país, es otra asignatura pendiente. Consciente de ello, hace ya dos años, el Ejecutivo regional aprobó una ley que permite hacer público el nombre y los apellidos de los hombres que maltratan a sus mujeres. Pequeños pasos hacia grandes objetivos.