Las leyes son instrumentos que controlan las vidas de las personas y se formulan según la percepción y las ideas de quienes legislan y de conformidad con el sistema económico dominante. Dice Rafael Bielsa: "Las garantías están en los Pactos y Tratados Internacionales, esto es en la Constitución y el derecho positivo vigente, los que encargados de su cumplimiento hagan oídos sordos a ellas, carecerán de legitimidad." Nuestro país ha ratificado "El convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación ajena"- aprobado por las Naciones Unidas el 2 de noviembre de 1949, así lo establece el decreto Ley 11925 del 30/09/57 y la Ley 15.768 del 11/11/60. Este tratado consagra al país como abolicionista. El abolicionismo sostiene que la prostitución coercitiva y forzada representa una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Según este sistema debe perseguirse al proxenetismo y al rufianismo, no debe en cambio sancionarse a las mujeres en prostitución. Este Tratado ha sido absolutamente negado en la práctica, y hoy vuelve a serlo tanto por los que sancionaron la Ley 162 de la Ciudad de Buenos Aires que penaliza la oferta y demanda de sexo en la vía pública, como por aquellos que piden en riguroso recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Buenos Aires su inconstitucionalidad.
Aquí en este acordado silencio juega un "nudo de intereses" en conflicto con las garantías. Ni la inconstitucionalidad de la penalización es materia opinable, ni la prostitución es una opción libre de vida en la mayor parte de los casos sino un recurso económico en el límite de la sobrevivencia.
Curiosamente grupos progresistas y escuchados en los Medios coinciden en pedir la reglamentación de la prostitución, su explotación, consumo y ejercicio y a que la consideran no como un "castigo divino", lo que no estaría de acuerdo con sus esclarecidas conciencias, sino más bien como una pandemia a la que hay que controlar con supervisión médica y zonificación.
El reglamentarismo es un sistema que legaliza la instalación de prostíbulos, estableciendo los lugares donde se puede ejercer la prostitución. Se sostiene que la prostitución es un mal inevitable y que es preferible tolerarla reglamentándola, sometiendo a las mujeres en prostitución a controles sanitarios y administrativos y cobrando impuestos.
Al percibir un tributo de las organizaciones de tratantes y proxenetas, comercialmente establecidos y blanqueados, el Estado se convierte en su socio y beneficiario cohonestando "contratos de esclavitud" y sometiendo a las personas sujetas a ellos a la privación de sus derechos.
El Doctor Socolinsky tan preocupado por la "salud de nuestros hijos" dijo en su programa que una de las cosas que le llamaron su atención en un viaje a la ciudad de Rosario, fue la zona de prostíbulos. Él entendía que recluir a las personas que ejercen la prostitución en un gheto y dentro de él en un campo de concentración llamado "Casa de Placer" era algo recomendable para tranquilizar a los padres preocupados por las consecuencias de las "correrías" de sus hijos varones.
El control sanitario es un mito: habrá que examinar a cada prostituyente (consumidor de prostitución) y a cada persona en prostitución en cada una de las ocasiones en que se produce un encuentro, además de asegurarse del uso obligatorio del preservativo y esto no se hace en ninguna parte por una simple cuestión de costos y además de ello los sanitaristas probaron que en ninguna parte se cumplían estas previsiones, por lo que resultaba ser un sistema ineficiente e inadecuado. Otra estrella mediática la señora Moria Casán también se ha pronunciado a favor de la explotación prostibularia bordeándola apología del proxenetismo, en la revista "Viva" del holding Clarín el domingo 30/05/99.
"Nudo de intereses": la prostitución ocupa el cuarto lugar en los ingresos económicos mundiales a través de: el turismo sexual de adultas/os e infantil, los matrimonios por correo, bailarinas, alternadoras, saunas, casas de masajes, acompañantes, además del tráfico de personas que hoy quiere hacerse pasar por migraciones voluntarias y espontáneas. El Honorable Congreso de la Nación para favorecer este último este último y promisorio rubro ha bajado la edad de 21 a 18 años para que una mujer sea considerada involuntariamente sometida al tráfico de personas, impidiendo a partir de los 18 años, cualquier demanda de los padres por esta causa.
Si las personas son vistas como mercancía. ¿Tienen opciones libres de vida? Más allá de la coerción o la necesidad material están las que podríamos llamar opciones perversamente inducidas desde la publicidad hasta los programas infantiles con su estúpida erotización, sin contar con la imposición de la adicción al consumo de lo superfluo, banal e innecesario. De los medios surge subliminalmente el mensaje de que, ser consumida como imagen de prestigiosa modelo o fugaz estrella, es algo apetecible o lo que es lo mismo ser un objeto de placer para otro, es algo valioso y deseable.
A la persona que no es agente sino él /la que padece la prostitución no se la reconoce como sujeto de derechos, se la puede vender, comprar, esclavizar, castigar, o inventarle opciones "libres". Debe someterse en silencio al des-vínculo de una sociedad que se hace la desentendida de sus responsabilidades éticas para con los/las supuestas/os otros/as ... y además usa rejas como preservativos.
Es posible que podamos reflexionar en algún espacio que el lugar del Otro/a es intercambiable con el nuestro y que plantada la reja todos/as nos vemos alternativamente detrás de ella. Con las leyes que excluyen, penalizan y marginan o distribuyen los derechos según clase o condición sucede exactamente lo mismo.
El reglamentarismo en vigencia, desde 1875 a 1934 no fue abandonado hasta 1957 y luego fue reemplazado por el abolicionismo, por siniestro e inútil para la salud del caballero, pero ya sabemos que nuestra historia está escrita en el agua.

Asamblea Raquel Liberman (mujeres contra la explotación sexual)