La Red Puna y Quebrada y otras organizaciones sociales solicitaron al Procurador General de la Naci�n �Dr. Esteban Righi- que ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscal�a Federal N�1 y N�2 de de Jujuy a continuar las investigaciones penales de presunta contaminaci�n ambiental por la actividad minera que lleva a graves situaciones en numerosas comunidades de nuestra puna por la contaminaci�n de sus r�os, aire y suelo a causa de esa actividad depredadora. Las actuaciones preliminares fueron cumplidas por el Fiscal Jos� Antonio G�mez quien remiti� los expedientes a las fiscal�as federales N� 1 y N� 2 de nuestra Jujuy, para llevar adelante las investigaciones preparatorias, llegado el caso se inicien los juicios y condena a los responsables. A m�s de un a�o de remitidas dichas actuaciones estas investigaciones est�n en la misma situaci�n que cuando fueron remitidas. Est�n involucradas las empresas y explotaciones Mina La Pulpera, Minera Aguilar, Mina Loma Blanca y Mina Providencia, contaminaci�n en Abra Pampa por metales t�xicos, Orosmayo-Pirquitas y Pan de Az�car.

Por Red Puna y Quebrada

Jujuy 16 de Octubre de 2008

Sr. Procurador General de la Naci�n,
Dr. Esteban Righi:

Los abajo firmantes, integrantes de la Organizaci�n Red Puna y Quebrada y dem�s organizaciones sociales que adhieren a la presente, nos dirigimos a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento sobre la situaci�n en la que se encuentran numerosas denuncias penales radicadas en las Fiscal�as Federales de nuestra provincia por casos de contaminaci�n ambiental y para requerirle tenga bien instar a los Sres Fiscales para que cumplan con su funci�n de llevar adelante las investigaciones penales respectivas.

En los �ltimos a�os hubo un gran salto en lo que hace a la conciencia jur�dica respecto al cuidado del ambiente. Esto se tradujo en numerosas leyes y tratados ambientales y en un mayor control ciudadano sobre las actividades que pueden degradarlo. Pero sabemos que la protecci�n ambiental no depende s�lo del dictado de normas y el conocimiento de las mismas por los ciudadanos, sino tambi�n del esencial rol de la justicia a la hora de tutelar en cada caso concreto los derechos reconocidos.

Creemos que con esta idea Ud. ha creado por resoluci�n PGN 123/06 la Unidad Fiscal para la investigaci�n de delitos ambientales (UFIMA), teniendo por objeto generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso que se vinculen con delitos contra el medio ambiente y, en particular, las referidas a los hechos que constituyan infracci�n a la ley de residuos peligrosos (ley 24.051) a aquellos delitos que protegen la salud p�blica vinculados con la protecci�n del medio ambiente (arts. 200 a 207 del CP), a las infracciones a la ley 22.421 de protecci�n y conservaci�n de la fauna silvestre, as� como aquellos delitos conexos con la materia.

Cumpliendo con su misi�n, el Fiscal General Jos� Antonino G�mez- actuando como enlace de la UFIMA en las provincias del NOA- a partir de numerosas denuncias recibidas, inici� una serie de actuaciones preliminares para determinar la posible comisi�n de hechos il�citos ambientales en nuestra provincia. Estas investigaciones dieron origen a seis expedientes caratulados: "Actuaci�n Preliminar N� 119/07 Mina La Pulpera P.S.A Infr. Ley 24.051"; "Actuaci�n Preliminar N� 116/07 Minera Aguilar S/ Presunta Contaminaci�n"; "Actuaci�n Preliminar N� 123/07 Mina Loma Blanca y Mina Providencia P.S.A Infr. Ley 24.051"; "Actuaci�n Preliminar N� 118/07 Contaminaci�n en Abra Pampa por metales t�xicos"; "Actuaci�n Preliminar N� 121/07 Orosmayo-Pirquitas P.S.A Infr. Ley 24.051"; y "Actuaci�n Preliminar N�127/07 Pan de Az�car P.S.A. Infracci�n a la ley N�24.051".

Las investigaciones llevadas adelante dieron cuenta de la grave situaci�n en la que se encuentran numerosas comunidades de nuestra puna, por la contaminaci�n de sus r�os, aire y suelo como consecuencia de la actividad depredadora de las empresas mineras.

Cumplidas las actuaciones preliminares, el Fiscal G�mez remiti� los expedientes a las fiscal�as federales N� 1 y N� 2 de nuestra provincia, para que se inicien las respectivas investigaciones preparatorias y para que, llegado el caso, se inicien los juicios a fin de establecer la responsabilidad y consecuente condena a los sindicados como responsables de los graves hechos denunciados.

A m�s de un a�o de remitidas dichas actuaciones, nos encontramos con que estas investigaciones no han seguido curso, encontr�ndose en la misma situaci�n en la que se hallaban cuando fueron remitidas.

Bien sabemos que la justicia se encuentra colapsada, que existen grandes cantidades de causas a la espera de una resoluci�n y que los recursos humanos y materiales son escasos para hacerles frente. Pero tambi�n conocemos el funcionamiento del sistema penal y la selectividad con la que opera. "�la regla general se traduce en la selecci�n (a) por hechos burdos o groseros (la obra tosca de la criminalidad, cuya detecci�n es m�s f�cil); y (b) de personas que causen menos problemas (por su incapacidad de acceso positivo al poder pol�tico y econ�mico o a la comunicaci�n masiva). En el plano jur�dico, es obvio que esta selecci�n lesiona el principio de igualdad, que no s�lo se desconoce ante la ley, sino tambi�n en la ley, o sea que el principio de igualdad constitucional no s�lo se viola en los fundamentos de la ley sino tambi�n cuando cualquier autoridad hace una aplicaci�n arbitraria de ella." (Zaffaroni, Eugenio Ra�l). Estas palabras ilustran lo que nos est� pasando: "Las leyes son como las telas de ara�a, que aprisionan a los peque�os, pero son desgarradas por los grandes" (Sol�n). Delitos que tienen como autores a empresas de grandes caudales econ�micos y poder pol�tico (delitos de cuello blanco) quedan al margen de la persecuci�n penal y, sin embargo, los bienes jur�dicos da�ados afectan a miles de habitantes, causando muchas veces da�os irreversibles a la salud y al ambiente. En palabras del Fiscal G�mez: " Los Fiscales Federales representamos el inter�s p�blico. Es nuestra obligaci�n iniciar todas las causas penales que sean necesarias ante la flagrante violaci�n a los arts. 55 y 56 de la ley 24.051. Para que el derecho a la igualdad en un ambiente sano no sea una utop�a, para que ese derecho humano esencial no sea una diferencia que nos separe". En fin, podemos sostener que el problema actual de los derechos humanos ya no reside en sus fundamentos y reconocimiento legal, sino en las garant�as que los estados deben ofrecer para darles concreci�n y vigencia (Bobbio, Norberto).

Por �ltimo, y sin querer ahondar en el tema, pero fieles a la lucha que llevamos hace a�os, dejamos dicho que los casos que est�n pendientes de prosecuci�n judicial, se encuentran en territorios de pueblos ind�genas (en su mayor�a Kollas) y que reflejan la situaci�n de los mismos respecto al Estado y los poderes econ�micos: las pol�ticas p�blicas siguen beneficiando al capital extranjero, excluyendo a los pueblos ind�gena del acceso a derechos humanos b�sicos.

No habi�ndose avanzado en las investigaciones penales rese�adas y considerando que los delitos que all� se investigan contin�an generando los efectos contaminantes y sus responsables siguen impunes, es que solicitamos al Sr. Procurador General de la Naci�n que, como jefe m�ximo de los fiscales y responsable del dise�o de la Pol�tica Criminal del Pa�s, ordene a los Fiscales a cargo de la Fiscal�a Federal N�1 y N�2 de la Provincia de Jujuy a realizar las diligencias pertinentes para continuar las investigaciones penales y as� arribar a la verdad real de los hechos que se han denunciado.

A la espera de una pronta respuesta, nos despedimos de Ud. salud�ndolo atentamente.