NO A
LAS MINAS
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Argentina: El gobierno empantanado luego de vetar la ley de Protección de Glaciares
Biodiversidadla
Este lunes debía dar comienzo el "foro" para consensuar una nueva ley de
glaciares en la secretaría de Medio Ambiente, luego del veto de Cristina
Fernández que argumentaba que no podía darse "preeminencia a los aspectos
ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse", como proyectos
mineros y petroleros. Con el repudio de gran parte de la opinión pública, de sus
propios legisladores y de las organizaciones sociales que se hicieron presentes
en las custodiadas puertas de las oficinas de Romina Picolotti, el primer
encuentro fracasó y el conflicto ya se cobró el puesto de la funcionaria.
La ley de Protección de Glaciares (26.418) establece preservar el ambiente
glaciar por considerarlo reserva estratégica de recursos hídricos y proveedores
de agua. También determina la creación de un inventario nacional de glaciares
con un señalamiento básico: la prohibición de "la exploración y explotación
minera o petrolífera" en áreas glaciares y en el ambiente que lo circunda. A
fines de octubre los senadores de la Nación votaban la ley, con sólo tres
abstenciones. Sin embargo el 10 de noviembre, mediante el decreto 1837/08, la
presidenta vetó la ley que sus propios diputados y senadores impulsaron y
votaron, argumentando los excesos en los que caía ya que "la prohibición de
actividades descripta en el referido artículo 6º del Proyecto de Ley, de regir,
podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas,
implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en
zonas cordilleranas". [1]
La versión más sólida sobre este veto es la que señala la directa presión del
gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que impulsa en su provincia los mayores
emprendimientos mineros, como Veladero-Pascua Lama (Barrick Gold) que se
desarrolla y extiende sobre varios glaciares. Gioja cuenta además con la
abnegada colaboración de un delfín dentro de la secretaría de Minería de la
Nación, Jorge Mayoral. De modo que en la informalidad ya se habla del "veto
Barrick" a la ley de glaciares.
"Las opciones del gobierno eran dos, dilatar, ganar tiempo y no hacer nada en el
futuro, o a partir de evaluar el año electoral sacar una norma que no tenga nada
que ver con este proyecto original", explica Luis Zamora en la protesta frente a
la secretaría de Medio Ambiente el pasado lunes. En efecto, para sacar la nueva
norma el gobierno impulsa este "foro de consensos", que intenta articular
intereses económicos con medio ambiente. "La nueva ley que pretenden redactar
implica una fachada de que siguen protegiendo los glaciares, pero en realidad
quitarían todas las disposiciones que pueden afectar las exportaciones de la
megaminería y de las petroleras. Eso le permitiría al gobierno sostener que
sigue en la defensa de los glaciares y al mismo tiempo no tener problemas con
las empresas", agrega Zamora.
El diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales de la
Cámara baja, rechazó participar en el encuentro junto a Picolotti y Filmus y
afirmó que el único "foro institucional por excelencia es el Congreso". También
estaban llamados a participar del foro la secretaría de Minería, los
gobernadores de las provincias cordilleranas, y los legisladores nacionales
interesados. El objetivo: una nueva ley, más "flexible". Mientras tanto, la ley
de glaciares volvió al Congreso, pero a la Comisión de Minería, dominada por los
esbirros de Barrick Gold. La ley vetada, al retornar al Congreso, puede ser
ratificada con el voto de las dos terceras partes de los legisladores. Como el
ejecutivo ya no podría vetarla, rápidamente instó a su bloque oficial para que
se retirara de la discusión en el parlamento y se abocara al debate en el Foro
Filmus-Picolotti.
Este lunes iba a realizarse el primer encuentro del supuesto "foro", y al
esparcirse la noticia la Regional Buenos Aires de la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC) decidió hacer manifiesto su repudio y exigir "la ratificación
de la ley de glaciares aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional". Las
diversas organizaciones sociales y ambientales que integran el espacio se
hicieron presentes con carteles y volantes repudiando el encuentro. El edificio
de San Martín 451 amaneció tapiado por gruesas cortinas metálicas, y así
permaneció hasta el fin de la protesta. "Participamos en este escrache porque es
terrible lo que pasó con el veto a la ley de glaciares. Nosotros venimos hace
mucho en el marco de la UAC luchando contra la megaminería en gran escala a
cielo abierto, contra los agronegocios y contra la contaminación industrial,
apoyando toda lucha emancipatoria", señala Nicolás, del Espacio Chico Mendes,
miembro de la UAC.
"El gobierno ha entrado en una trampa de la que no sabe cómo salir bien parado",
explica Cristina Martín de la ONG Conciencia Solidaria y miembro de la UAC. "La
cordillera es una fábrica del agua, los glaciares son la reserva natural de agua
potable que tenemos. Creemos que es imprescindible una ley de protección a los
glaciares. Nosotros no tenemos estadísticas de nuestros glaciares, y el gobierno
sólo está discutiendo cómo dejar la ley en jirones, lo que evidencia que sólo
busca la manera de no alterar los intereses mineros y petroleros", afirma.
A poco de iniciarse el escrache a este "foro" un funcionario de bajo rango
invitó a subir a los miembros de la UAC y tener una charla dentro de la
secretaría. Moro, miembro de la Agrupación Tupac Amarú (en la UAC) narró lo
sucedido: "Dentro de la secretaría nos recibió un hombre del del equipo de
Fernando Melillo, de apellido Moretto. Ellos plantean que efectivamente el foro
va a existir, porque insisten en que la ley habría incurrido en algunos errores
técnicos. Nosotros le dijimos claramente que consideramos que no es técnico,
sino que es una decisión política de no seguir manteniendo esta situación a
favor de las mineras. Que nosotros desconocíamos el foro y que ratificábamos en
todo el texto de la ley que fue votada por el Congreso. Pero ellos dicen que
'hay una posibilidad de mejorarla y lograr un consenso' y que llevemos nuestra
posición. Nosotros les dijimos que ya veíamos que este foro iba a estar
mayoritariamente formado por los interesados en que las mineras sigan
funcionando, que nuestra oposición ahí iba a ser marginal y que en todo caso
avalaba la entidad de este foro. Por lo tanto le informamos que no íbamos a
concurrir porque nosotros consideramos que ellos ya tienen una decisión tomada:
sacar una ley a medida de los intereses mineros". Las distintas versiones sobre
la reunión que se estaba gestando en el despacho de Picolotti dan cuenta de la
falta de acuerdo entre los propios miembros del oficialismo y de resonantes
ausencias, lo que desembocó en una reunión fracasada. El dato político que
acompañó ese fracaso fue el pedido de renuncia que desde la presidencia le
hicieron a Romina Picolotti, hoy ex funcionaria nacional.
A las puertas de la secretaría también se acercaron miembros del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que elaboraron una carta-informe
dirigida al senador Daniel Filmus y a Romina Picolotti, como responsables del
foro para la nueva ley de glaciares. En el escrito -que dejaron en manos de los
funcionarios de la secretaría de Medio Ambiente-, los científicos afirman que
"no existen antecedentes mundiales de operaciones mineras, petrolíferas,
industriales o arquitectónicas de gran dimensión, en o sobre formaciones
glaciarias o periglaciarias que hayan resultado de nulo o mínimo impacto sobre
las mismas". En otra parte de la carta el INTI es categórico: "no parece serio
ni creíble invocar principios de responsabilidad social empresaria, y menos aún,
de gobernanza democrática socialmente responsable, para sostener hipótesis a
todas luces sin antecedentes ni fundamentos". Respecto de la ley sancionada por
el Congreso, desde el INTI opinan que "difícilmente pueda encontrarse una norma
superadora ya que es clara, pertinente, eficiente y suficiente". Y a los
miembros del Poder Ejecutivo llama "a un asesoramiento profesional y responsable
para rectificar el veto (...) desoyendo las presiones de lobystas de intereses
subalternos". [2]
Con gran parte de su tropa sublevada, ante un año electoral, y con una directa
relación con los intereses de las empresas que forman parte del "modelo
extractivo" y de saqueo, el Ejecutivo Nacional medirá cuánto está dispuesto a
pagar por sostener esos privilegios.