Barry Yeoman, Pratap Chatterjee y Jonathan Groner
Traducción de Ernesto Carmona

El gobierno de EEUU está contratando a firmas privadas para reclutar, alquilar y entrenar civiles que realizan tareas que normalmente ejecuta el personal militar. Estos empleados corporativos son enviados a desempeñarse como guardias de prisiones, policías militares e interrogadores en las instalaciones militares de EEUU de todo el mundo, incluyendo Irak, Afganistán y Cuba.
Debido a que estos empleados en rigor no pertenecen al personal militar de EEUU, ³técnicamente² carecen de responsabilidad ante la ley militar. Muchos de los reclutados son individuos con experiencia anterior como policías o soldados. Sin embargo, una gran cantidad de estos empleados tiene antecedentes como mercenarios y soldados que sirvieron a regímenes represivos a través del mundo, por ejemplo en Sudáfrica, Chile y Yugoslavia.
Recientemente, empleados de algunas de estas firmas fueron señalados en los abusos contra los detenidos de la prisión de Abu Ghraib en Irak.
El Pentágono arguye que no puede librar ninguna guerra prolongada contra el terrorismo sin la ayuda de alistados de contratistas privados. La razón de esta incapacidad radica en que el número de tropas activas de la fuerza militar de EEUU descendió desde 2,1 millones a 1,4 millones desde el término de la guerra fría. Esto aplica mucha presión sobre las compañías privadas para llenar las posiciones vacantes lo más rápidamente posible. Otra consecuencia negativa del sistema de empleo adoptado es la ausencia de una revisión seria de los antecedentes de los aspirantes. Muchos reclutados estuvieron implicados en anteriores violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinato y tortura.
Empleo para asesinos profesionales Uno de estos ex-soldados transformados en empleados de EEUU es Gary Branfield, quien fue muerto en un encuentro con soldados iraquíes en la primavera de 2004. En los años 80 sirvió al gobierno surafricano del apartheid como especialista en operaciones secretas. El ³trabajo² de Branfield consistió en vigilar y asesinar miembros del Congreso Nacional Africano que residían fuera de Sudáfrica. Misteriosamente, esta información no apareció durante la revisión del currículo realizada por los patrones de Branfield, el Hart Gropup (Grupo Ciervo).
El Hart Gropup fue contratado por EEUU para resguardar las instalaciones energéticas de Irak y proteger a los ingenieros que reconstruían la red de electricidad del país. El juez jubilado de la Corte Constitucional de Suráfrica Richard Goldstone comentó: ¹Los mercenarios de quienes estamos hablado trabajaron para fuerzas de seguridad que fueron sinónimos de asesinato y tortura².
La Titan Corporation, que proclama proveer ¹productos de información comprensible y comunicaciones, soluciones y servicios para Seguridad Nacional¹ (www.corpwatch.org), tiene un contrato con EEUU para proporcionar traductores a la prisión iraquí de Abu Ghraib. La investigación militar sobre los maltratos a los presos de Abu Ghraib estableció en 2004 que los ¹empleados de Titan Corporation participaron activamente en abusos contra detenidos, incluyendo ataques y posible violación¹ (Mother Jones, 2004).
Sin embargo, en la única demanda legal iniciada a la fecha contra Titán en la corte del Distrito Sur de California, los presos de Abu Ghraib entablaron un juicio de ¹acción de clase¹ (1) contra los empleados de Titán. También se descubrió que los empleados del Centro de Análisis Incorporado de California (CACI) habían participado en el abuso. Los demandantes en este juicio están exigiendo que se designe a un jurado, pero el proceso avanza muy lentamente.
Jeffrey Ellefante, vice presidente ejecutivo de CACI, dijo que esa empresa todavía no ha sido informada de las acusaciones específicas contra sus empleados. Extraña bastante que los soldados implicados en el abuso ya fueran llevados a una corte marcial bajo el código de conducta militar.
Inconsistencias jurídicas favorecen al crimen Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre el castigo a los soldados y la impunidad de los empleados autónomos por un mismo crimen? La respuesta tiene ramificaciones legales. El personal militar de EEUU está sometido al Código Uniforme de Justicia Militar, pero no los contratistas externos que trabajan para el Pentágono como civiles.
Debido a esto, el Congreso aprobó en 2000 la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial (MEJA, sigla en inglés) para permitir el procesamiento de civiles ¹empleados cerca o acompañando a las fuerzas armadas de EEUU² (www.law.com). Desafortunadamente, la MEJA se puede aplicar únicamente a los empleados civiles contratados por el ministerio de Defensa (DOD, en inglés) y los crímenes cometidos en el extranjero ameritan sentencias de escasos años según la ley federal. Actualmente, se investigan las muertes de prisioneros de Irak ocurridas después de ser ³entrevistados² por los interrogadores privados contratados por la CIA. Si son encontrados culpables, esos interrogadores pueden quedar impunes por un tecnicismo: trabajaban para la CIA, no para el Pentágono, como requiere la MEJA.
Esto lleva a preguntar, ¿bajo qué jurisdicción caen entonces estos crímenes? En una tentativa por dar una respuesta, el ministerio de Defensa propuso una nueva regulación a comienzos de este año ¹requiriendo de los contratistas del DOD la obligación de cerciorarse de que sus empleados cumplan con el Código Uniforme de Justicia Militar cuando éste sea aplicable¹ (www.law.com) La discusión sobre esta propuesta se abrió el 24 de mayo de 2005.
Daniel Guttman, profesor crítico de la Universidad John Hopkins preguntó: ¿¹dónde es aplicable¹ el mandato de esta frase ¹si dice que el Código Uniforme se aplica cuando es aplicable?... Pero ¿cuándo es aplicable?...
Parecen estar haciendo políticas a la carrera¹ (www.law.com). Como ahora el Pentágono alega que ¹no está en el negocio de depurar los métodos que emplean sus contratistas², por lo tanto pueden ocurrir muchos más casos como Abu Ghraib antes de que el gobierno de EEUU decida controlar el poder ilimitado que adquirieron estos contratistas privados.
Actualización de Barry Yeoman: Este fue el primer artículo importante que vinculó sistematizadamente las implicancias de la privatización militar en los abusos de derechos humanos. Explicamos cómo el crecimiento reciente de una industria de seguridad privada, acicateado por el combustible de la invasión de Irak, hizo necesario reclutar ex soldados y ex policías debidamente entrenados y experimentados en asesinato y tortura en países que fueron represivos.