Bolivia
"La nacionalización nos permitirá tener una política energética autónoma"
Natalia Aruguete y Walter Isaia Página 12
"Tenemos que ser conscientes de que no tenemos tregua." La frase de
Carlos Villegas sintetiza la percepción que el nuevo gobierno de Bolivia tiene
de las expectativas de la población de revertir la situación de pobreza en la
que se encuentra más del 60 por ciento de los bolivianos. Villegas podría ser el
futuro ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo Morales. Cargo que será
clave para Argentina teniendo en cuenta la matriz energética que ha definido el
gobierno de Kirchner, en la cual el gas boliviano juega un papel relevante. En
diálogo exclusivo con Cash, Villegas adelantó que desde ese ministerio se
propone impulsar una política energética autónoma a partir de la nacionalización
de los hidrocarburos; modificar la matriz energética al interior del país que
favorezca el acceso de sus ciudadanos al gas natural; revisar el precio del gas
que le vende a la Argentina; acordar modelos de integración con los países del
Cono Sur y renegociar los contratos de riesgo compartido con las empresas
petroleras transnacionales que genere mayores beneficios para el Estado. "Si
(las empresas) no aceptan, serán expropiadas y seguramente se irán del país",
sentenció quien también fue el responsable de elaborar el programa económico del
MAS.
¿Qué opina del proyecto del anillo energético?
–Nació por la crisis energética que vive el Cono Sur. Un acuerdo entre Chile,
Argentina y Perú, con algunas relativas esperanzas de que las reservas de
Camisea (en Perú) fueran a servir para el consumo interno del Perú, para la
exportación y para el anillo energético. Tiene un respaldo de todos los
presidentes, incluso participa el Banco Interamericano de Desarrollo, pero en
muy poco tiempo se desplomará el anillo energético. En primer lugar, porque las
reservas de gas de Camisea no son suficientes. En segundo lugar, ya existe un
anillo energético y lo que faltaba eran muy pocos kilómetros de conexión de
Camisea a Chile. Y en tercer lugar, fracasa porque no está Bolivia.
¿Y cree que Bolivia debería integrar el anillo energético?
–El anillo energético, tal cual está diseñado, no motiva ni beneficia a Bolivia.
Porque tiene por objetivo fundamental el de nivelar los precios y eso tiene un
efecto adverso para los países productores. Se benefician los países
consumidores en detrimento de los productores. Nosotros no apostamos al anillo
energético, queremos tener una conversación de otra naturaleza con los países
para que se beneficien los productores y consumidores. Eso no significa que no
tengamos una actitud amplia de negociar con los diferentes gobiernos.
¿Habrá alguna reconsideración del precio del gas que Bolivia vende a la
Argentina y Brasil?
–Este es un tema extremadamente sensible, más si se trata de países vecinos y
quisiera ser muy cuidadoso al respecto. No quiero decir que el precio va a
aumentar, disminuir o mantenerse. El precio del gas que se vende a la Argentina
y Brasil está más o menos en dos dólares el millón de metros cúbicos. Ese precio
debe ser comparado con el de California –punto de referencia mundial– donde se
vende el mismo millón de metros cúbicos entre 12 y 15 dólares.
¿Cómo será el proceso de nacionalización de los hidrocarburos anunciado por el
gobierno de Evo Morales?
–En el marco de un proceso de elevado conflicto social y un referéndum que
promovió una nueva ley de hidrocarburos, el presidente Rodríguez tenía un plazo
de 180 días para suscribir nuevos contratos y cancelar los contratos de riesgo
compartido. Pasaron los 180 días y el gobierno no logró un acuerdo con las
empresas. Actualmente los contratos señalan que las empresas extranjeras son
propietarias de los hidrocarburos y es urgente el cambio de esos contratos. Este
es un marco fundamental para la estrategia que tiene el MAS, ahora respaldado
por la legalidad y legitimidad de las elecciones. Con firmeza, pero con alta
vocación de negociación, el MAS va a plantear a las empresas ingresar a un
proceso inmediato de cambio, cancelar definitivamente los contratos de riesgo
compartido y que se aplique la ley que fue aprobada en julio.
Varias organizaciones sociales y sindicales reclaman la inmediata
nacionalización de los hidrocarburos. ¿Qué influencia tendrá esa postura en la
decisión del gobierno?
–Eso lo sabemos, pero hay que relativizar. Tenemos un apoyo significativo de
algunas organizaciones sociales que seguramente van a dar plazos. Pero creo que
tenemos que ser cautos, tener decisiones muy claras, para mostrar resultados.
Estamos trabajando para lograrlo, tenemos sólo tres semanas hasta la asunción
del gobierno (22 de enero), pero el programa que hemos diseñado antes de la
campaña nos ha permitido tener bastante solidez en la explicación a la
población. Tenemos que ser conscientes de que no tenemos tregua.
¿Qué modificaciones va a tener la ley de hidrocarburos?
–La ley señala que el Estado boliviano es propietario de los hidrocarburos y
establece un pago de regalías del 18 por ciento y un impuesto directo del 32. Lo
que vamos a hacer, teniendo mayoría parlamentaria, es aplicar el 50 por ciento
de regalías y que eso quede clarísimo para el presente y el futuro. Además, la
nacionalización nos permitirá tener una política energética autónoma.
¿Cuál cree que será la reacción de las empresas?
–Si las empresas rechazan la suscripción de nuevos contratos, el gobierno se
apoyará en la normativa internacional, plasmada en los Contratos de Protección
Recíproca de Inversiones, que señala que si el Estado nacional declara los
hidrocarburos de "utilidad pública", los puede nacionalizar pagando una
indemnización. Y nosotros lo vamos a aplicar. Por otro lado, las petroleras
tienen que tener una lectura política de que el gobierno de Evo Morales ha
tenido un respaldo inédito en la historia de la democracia boliviana. Si no
aceptan, serán expropiadas y seguramente se irán del país. Y no vamos a
transigir en esta decisión. De lo contrario, frustraríamos las esperanzas del
pueblo boliviano en materia de hidrocarburos.
¿Cómo evalúa que el mayor producto de exportación de Bolivia sea el gas cuando
una gran parte de su población carece de ese recurso?
–Nacionalizar los hidrocarburos supone definir qué proporción del gas vendemos
como materia prima, qué proporción destinamos a la industrialización y que
proporción al mercado interno, justamente para subsanar el gran déficit que
existe. Si no nacionalizamos, no logramos hacer un montón de cosas porque las
empresas, desde 1993, tienen una total discrecionalidad en el manejo de la
política energética.
¿Cómo intervendrá el Estado en el sector hidrocarburífero?
–El Estado será propietario en el subsuelo y en la superficie. Tendrá el control
absoluto, que le permitirá comprobar el circuito de comercialización, definir
precios, negociar con gobiernos los proyectos de exportación, decidir volúmenes
caloríficos y tener una incidencia importante en la política de
industrialización. Si no recuperamos la propiedad, la política energética
seguirá en manos de las empresas extranjeras.
¿Cómo será ese proceso de industrialización?
–Hemos planificado realizar varios proyectos como las plantas de separación de
gas, porque en este momento estamos vendiendo un gas rico a un precio muy bajo;
una planta de fertilizantes; un polo químico en la frontera Bolivia-Brasil; la
transformación de gas en diésel ecológico; la producción de cien mil barriles
por día para la exportación; la instalación de plantas termoeléctricas para el
consumo y la exportación de energía eléctrica. Además, cambiaremos la matriz
energética al interior de la sociedad boliviana, para que se beneficie del uso
del gas natural: se realizará la instalación domiciliaria de gas y el cambio de
fuente energética del parque automotor.
¿Los proyectos de industrialización se darán a través de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos?
–Queremos potenciar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que sea una
empresa estatal descentralizada y autónoma respecto del Poder Ejecutivo. También
pretendemos que YPFB sea portadora de proyectos de industrialización conformando
sociedades anónimas donde el Estado boliviano participe, en el mejor de los
casos, con el 51 por ciento de las acciones y, en el peor, con el 50, de tal
manera que las empresas extranjeras también participen en el proceso de
industrialización.
¿Cuál sería el aporte del sector privado en esas sociedades?
–Somos conscientes de que en los proyectos de industrialización se requiere
tecnología y capital de inversión y Bolivia no está en condiciones de enfrentar
sola proyectos de esta envergadura.
¿Qué política se va a dar el gobierno en cuanto a las cooperativas mineras?
–Durante los últimos veinte años de neoliberalismo, la minería ha sido tratada
de la misma forma que los hidrocarburos, pero con resultados muy sombríos.
Siendo un país minero históricamente, seguimos explotando los yacimientos que
fueron descubiertos en la colonia. No hubo un esfuerzo de exploración de nuevos
yacimientos y, en ese marco, emergieron las cooperativas mineras, que tienen
condiciones de producción tremendamente precarias, van en búsqueda de vetas
antiguas con instrumentos de trabajo rudimentarios de inicio del siglo XX.
Y entonces...
–Queremos modernizar la minería. Vamos a ofrecer condiciones a los diferentes
actores: cooperativas, mineras pequeñas y grandes, para que hagan cambios en la
minería. Para eso, hay que cambiar toda la normativa jurídica existente como el
Código de Minería y los contratos de riesgo compartido, que fueron diseñados
para regalar a la empresa extranjera como ocurrió con los hidrocarburos. Pero
iremos gradualmente, primero tenemos que solucionar el tema de los hidrocarburos
que será un hueso duro de roer. No vamos a abrir más frentes.
¿Cómo negociarán con el gobierno de Chile, teniendo en cuenta las diferencias
que hay entre ambos países por la salida al mar y los perjuicios que les trae
eso a las exportaciones bolivianas?
–Evo dio una conferencia de prensa y respecto de Chile fue claro: toda relación
con Chile se va a dar fundamentalmente alrededor de la recuperación del mar.
Bolivia necesita mar, Chile necesita energía. Hay que negociar para que Bolivia
pueda acceder al Océano Pacífico.
¿Cuánto cree que incidieron las luchas sociales en la llegada de Evo al gobierno
y en la política hidrocarburífera que se lleve a cabo?
–Creo que fueron determinantes los conflictos que se dieron en el país en los
últimos años para que Evo llegue al poder. No es casual que tenga un apoyo tan
significativo. Para la población significa reorientar el curso que ha tomado la
sociedad, el Estado y la economía boliviana. En ese sentido, la población apostó
por Evo para que sea el portador del cambio. Ese es el reto principal, es la
esperanza de la población.