Irina Santesteban
LA ARENA

El pasado 5 de mayo, en Tacuarendí, una pequeña localidad del norte santafesino, cercana a Villa Ocampo, una trabajadora social sufrió un salvaje ataque a manos de un comerciante que había sido denunciado por maltrato y violencia doméstica. Marianela Tours concurrió al domicilio de Alfredo Brac, acompañada por una médica, María Liz Santín, para intervenir en el caso denunciado por la esposa de Brac, quien había abandonado su hogar por las terribles palizas que le propinaba su esposo. Haciendo gala de la peligrosidad que subyace en todo hombre golpeador, Brac tomó un cilindro metálico de 1,5 metros de longitud y comenzó a golpear salvajemente a la profesional, quien se protegió con su maletín. No obstante, terminó con un corte en la cabeza y con una de sus manos prácticamente destrozada.

No terminó allí la tragedia de Marianela, pues al concurrir a la comisaría de Tacuarendí, no quisieron tomarle la denuncia hasta que no la viera el médico policial de Villa Ocampo. Este profesional no quiso concurrir a la comisaría y le exigió que fuera a su consultorio. Finalmente, la trabajadora social fue llevada al hospital de Reconquista, donde fue atendida y debió quedar internada por un corte profundo en el cuero cabelludo. Los golpes fueron de tal magnitud que debió ser operada, pues tenía los tendones extensores de la mano izquierda "totalmente destrozados". Marianela forma parte del programa Médicos Comunitarios de la Nación, tiene un contrato de 2.000 pesos mensuales y no tiene obra social.

Violencia congénita

Por la repercusión pública de este lamentable hecho, se conoció que la situación de violencia en el hogar de la familia Brac tenía más de 10 años, y que la señora había realizado por lo menos cinco denuncias en la policía y la justicia, sin ningún resultado. Así, la señora Brac dejó su casa y se fue a vivir a Rosario, llevándose a la menor de sus hijas, de 3 años. Las otras dos hijas, de 10 y 11 años, quedaron con su padre, y cuando una de ellas llamó a su madre para que la busque, la mujer volvió a Tacuarendí, pero antes de concurrir a su antiguo hogar, solicitó la intervención del Centro de Salud de la localidad, adonde trabaja Marianela Tourn.

A pesar de las denuncias, nunca la policía ni la Justicia citaron siquiera a Alfredo Brac, quien volvió a hacer gala de su violencia machista, atacando a una profesional por el solo hecho de haber concurrido a su casa para hacer una entrevista y comprobar el maltrato denunciado por la esposa.

El caso conmovió a la provincia de Santa Fe y originó la intervención de la Cámara de Diputados provincial, a iniciativa de legisladoras que promovieron un proyecto de ley, repudiando el hecho y exigiendo al gobierno santafesino un mayor presupuesto en la implementación de los programas de erradicación de la violencia familiar.

El proyecto lleva la firma de las diputadas Alicia Perna, Mónica Peralta, Analía Schpeir, Lucrecia Aranda, Nidia Goncebat, Alicia Gutiérrez y Estela Méndez de De Micheli y pone de manifiesto el desamparo de las víctimas en el ámbito del Poder Judicial, que frente a cinco denuncias penales contra la persona del agresor, no tomó medida de prevención alguna, ni con la familia ni con la trabajadora social que intervenía para definir la tenencia de las hijas, dejando en evidencia, una vez más, la impunidad judicial en hechos de violencia contra las mujeres.

"No te metas"

Según reconocen todos quienes trabajan en esta temática, en muchas localidades del interior, la policía directamente no toma denuncias de violencia familiar, con la vieja y patriarcal concepción que dice "no hay que meterse" y que estos problemas deben arreglarse en el seno del hogar. Justamente, la legislación sancionada en los últimos años, tanto a nivel nacional como en las provincias, combate esos prejuicios que durante décadas contribuyeron a que la violencia hacia las mujeres no fuera visible. Si a eso se le suma la indiferencia o complicidad de la policía (los agentes policiales son uno de los grupos que más denuncias tienen por violencia familiar), y la inacción o lentitud de la justicia, hechos como el de Tacuarendí no constituyen casos aislados.

La llamada violencia de genero, no sólo abarca la violencia doméstica, esto es los malos tratos o actos violentos perpetrados en el seno de la familia, por otros miembros de la familia, mayoritariamente varones (padres, abuelos, tíos, hermanos, etc.). Se considera también violencia de género la perpetrada en la comunidad en general, que puede ir desde los actos más graves como el abuso sexual, la trata de mujeres o la prostitución forzada, hasta el acoso y las intimidaciones en el trabajo o en instituciones educacionales. Y es también violencia de género la que se realiza desde los poderes del Estado, o es tolerada por éste, por ejemplo, las mujeres presas, o dentro del Poder Judicial, cuando se refleja un contenido discriminador en las sentencias judiciales.

Control patriarcal

La modalidad de la violencia de género es el factor de riesgo o vulnerabilidad que tienen las mujeres, por el solo hecho de pertenecer al género femenino, vulnerabilidad que se agrava si a esa circunstancia se le agregan otros factores, como la etnia, clase social o discapacidad. En su gran mayoría, los agresores son varones, aún cuando la víctima puede ser una mujer o un varón. La motivación de la violencia de género son consideraciones tales como el fortalecimiento del poder masculino, los privilegios o ideas de superioridad propias de ese sexo, etc.

Aún con los avances de los últimos años, respecto a la visibilidad de la violencia contra las mujeres y su previsión en leyes que pretenden erradicarla, esta violencia es sistémica y estructural. Constituye un mecanismo de control patriarcal sobre las mujeres, que ha sido construido sobre la base de una ideología centrada en la superioridad masculina y la inferioridad femenina, y que intenta perpetuar roles sexuales y estereotipos estructurados socialmente, a partir del predominio económico y político de los varones, y la consecuente dependencia de las mujeres.

Según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Pará" de 1994, la violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y por ellos entre sus disposiciones reconoce, entre otros, como derechos de las mujeres: a una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como privado; al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos; a que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y seguridad personales; a no ser sometida a torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; a la igualdad de protección ante la ley; a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos. Los Estados partes de esa Convención reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

Hay leyes, pero...

Históricamente se pensó que la violencia familiar, una de las manifestaciones de la violencia de género, era un problema privado, íntimo, y que debía ser resuelto al interior de cada familia. Por ello es que, durante muchos años, nuestra sociedad no tuvo una legislación acorde a esa problemática y que, en consecuencia, la violencia familiar no fuera entendida como lo que efectivamente es, un fenómeno social creciente y complejo.

Actualmente, aunque casi todas las provincias cuentan con instrumentos legales que tienen por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y a nivel nacional existe una amplia y avanzada legislación en esta temática, casos como el de Marianela Tourn no son una excepción, sino que constituyen manifestaciones de una violencia que parece no cesar. Y es que además de contar con presupuestos adecuados para los programas que intentan erradicar y prevenir la violencia de género, es necesario también una acción más profunda por parte del Estado, en materia de educación y comunicación, que elimine los estereotipos en programas de televisión o publicidades, así como dotar a los contenidos de la enseñanza, desde el mismo jardín de infantes, que den a nuestros niños, niñas y adolescentes una educación con contenidos de género, donde se enseñe que todos y todas tenemos los mismos derechos y que ninguna persona, sea varón o mujer, tiene derecho a ejercer violencia sobre otro/a.

Es una tarea difícil, pero si el Estado y en particular la Justicia y las fuerzas policiales, siguen mirando hacia otro lado, la violencia contra las mujeres seguirá su curso ascendente.