La negativa del Registro Civil de Argentina a inscribir este miércoles a una
pareja de lesbianas con fines de matrimonio dio pie a un recurso judicial para
reclamar que los homosexuales gocen de ese mismo derecho que los heterosexuales.
"Exigimos los mismos derechos que el Estado reconoce a cualquier pareja
heterosexual, de lo contrario estaremos siendo discriminadas", dijo a IPS una de
las solicitantes, María Rachid, quien junto a su pareja desde hace siete años,
Claudia Castro, son integrantes de la agrupación lésbica La Fulana.
Convencidas de que serían rechazadas, las dos mujeres asistieron acompañadas por
la presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), María
José Lubertino, y con abogados que ya redactaron un recurso de amparo "por
discriminación" para presentar ante la justicia civil.
"El Inadi acompaña este reclamo de equiparación de derechos de parejas del mismo
sexo, por eso vamos a pedir al juez intervenir en la causa como 'amicus curiae'
(amigo del tribunal) y en paralelo recordaremos al Congreso Nacional que es
necesario sancionar leyes que igualen estos derechos", precisó Lubertino. Esta
figura judicial se refiere a terceros, ajenos a un litigio, que ofrecen su
opinión para colaborar en la resolución de un caso.
La ciudad de Buenos Aires fue, en 2003, pionera en América Latina de una norma
que prevé la unión civil de dos personas independientemente de su preferencia
sexual rige desde 2003. No obstante, esa institución legal no regula el derecho
de herencia, ni la adopción o la pensión por viudez en caso de muerte de uno de
los cónyuges.
Estos últimos asuntos, que exigen cambios en códigos de jurisdicción nacional,
son materia de un nuevo proyecto de ley de alcance para todo el país que ya fue
presentado al Congreso Nacional legislativo por miembros de la Comunidad
Homosexual Argentina (CHA), pero que aún no recibió tratamiento.
En diálogo con IPS, César Cigliutti, de la CHA, apoyó el planteo de Rachid y
Castro ante la justicia. "Nosotros queremos instalar la idea de la unión civil a
nivel nacional, porque nos parece un instituto superador, más ágil y moderno que
el matrimonio, pero coincidimos en que todos tenemos los mismos derechos".
Es decir, para Cigliutti, las parejas homosexuales deberían poder elegir entre
unirse en matrimonio o hacerlo bajo las normas de una futura ley de unión civil
nacional. Esta opción por una u otra institución hoy sólo la tienen las parejas
heterosexuales, y siempre y cuando vivan en el distrito de la capital argentina.
El matrimonio en Argentina está regulado por unos 300 artículos que incluye
penalidades, como la figura del adulterio para casos de infidelidad, y los
derechos a la herencia forzosa o la pensión por viudez. En cambio, la unión
civil tiene la mitad de regulaciones y deja más libertad de acción a las
parejas.
Respecto de la adopción, no está prohibido adoptar fuera del matrimonio. De
hecho hay personas solas, parejas de convivientes e incluso del mismo sexo que
lograron hacerlo, pero en estos casos el menor se otorga en guarda a uno de los
miembros del dúo y en caso de fallecimiento la suerte del niño es así incierta.
Aún con estas limitaciones, numerosas parejas heterosexuales optaron por la
unión civil desde que existe esa norma, por considerarla más moderna, y menos
restrictiva de las libertades individuales que el matrimonio.
Según datos del Registro Civil, en 2006 en Buenos Aires se registraron 344
uniones civiles, 239 de las cuales fueron de parejas heterosexuales, 65 de
varones y 40 de parejas de mujeres.
"Es una figura más moderna, que se prefiere al matrimonio porque el Estado
interviene menos, la fidelidad no es obligatoria y hay menos trabas para
deshacer el compromiso", explicó Cigliutti.
Pero en la medida en que no regula en situaciones de adopción, fallecimiento o
herencia, no garantiza todos los derechos a los contrayentes. Eso es justamente
lo que argumentaron Rachid y Castro, quienes se acogieron a la unión civil en
2003, poco después de que se aprobara la norma.
"Nosotras no queremos ser ciudadanas de segunda, nos parece fantástico que haya
una ley de unión civil nacional por la que se pueda optar, pero mientras tanto
debemos tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, derecho a la
igualdad jurídica y derecho a la familia", subrayó Rachid a IPS.
Como ejemplo de la actual desigualdad, la mujer explicó que en caso de que ella
pudiera conseguir un embarazo mediante inseminación artificial para formar una
familia junto a Castro, su hijo o hija sería legalmente sólo de ella. Y si ella
muere, Castro debería iniciar un juicio de adopción para solicitar la tenencia.
Para ampliar sus derechos, Rachid y Castro se presentaron ante el Registro Civil
y pidieron fecha de matrimonio. La jueza que las recibió, Liliana Gurevich, fue
la misma que celebró su unión civil hace más de tres años, y les manifestó que,
aunque le hubiese gustado otorgarles una cita para casarse, la ley se lo
impedía.
"Si bien el Código Civil no especifica que en el matrimonio se unen un hombre y
una mujer, la doctrina indica que sólo es posible realizar la unión entre
personas del mismo sexo", interpretó la jueza.
Los abogados de la pareja declararon entonces que apelarán a la justicia civil
para exigir la "inconstitucionalidad" de la negativa argumentando que sus
clientas están siendo "discriminadas" al no permitírseles casarse.
Florencia Kravetz, una de las letradas que asesora a la pareja, señaló que el
recurso de amparo fue elaborado luego de estudiar las leyes de matrimonio entre
homosexuales que rigen con distintos matices en otros países, como España y
Bélgica, por ejemplo.
