El aborto inseguro
 
Sally Burch
IPS y Montevideo.com
 
El aborto inseguro es una de las principales causas de la mortalidad materna en la región, donde se estima que se realizan 4.140.000 abortos por año, de los cuales el 95% son clandestinos e inseguros. De las 78,000 mujeres que mueren cada año por causa de aborto en el mundo, el 13% vive en América Latina y El Caribe; o sea, más de 10.000 mueren cada año, o 28 cada día, principalmente mujeres de bajos recursos.

El debate sobre la despenalización del aborto no se puede reducir a posturas "por" o "contra". Implica reconocer que el aborto clandestino es fundamentalmente un tema de salud pública e injusticia social.

En efecto, el aborto inseguro se ha convertido en un grave problema de salud pública en la región. Además de muertes, es causa de incontables complicaciones que dejan serias secuelas en la salud de las mujeres, incluyendo hasta la infertilidad. La falta de responsabilidad de las autoridades estatales en promover medidas de prevención y abortos seguros obliga a los servicios de salud pública a destinar considerables recursos para tratar estas complicaciones. Y ello, sin contar el impacto en las mujeres afectadas y las familias de las víctimas mortales.

Es también un problema de justicia social, porque implica discriminación a las mujeres pobres, que no tienen posibilidades de pagar por una atención segura, la cual sí está al alcance y disposición de las mujeres con mayores recursos. Las legislaciones restrictivas nunca han impedido que las mujeres aborten; solamente obligan a que lo hagan clandestinamente, a costos exorbitantes o en pésimas condiciones. Es más, las actitudes culturales cargan la culpa del embarazo no deseado a las mujeres y dejan a los hombres libres de responsabilidad.

La despenalización del aborto tiene también implicaciones de derechos y de democracia, según señala el Llamado a la Acción 2007, de la Coordinación Regional de la Campaña: "El derecho al aborto es una cuestión de Derechos Humanos, en tanto los Derechos Humanos son universales, indivisibles e interdependientes a todos los seres humanos, independiente de la nacionalidad, la raza, el sexo, las creencias, las preferencias sexuales o el status social. Las mujeres tienen derecho a decidir libre y voluntariamente sobre la maternidad". En tal sentido, la IV Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU (Beijing, 1995) formuló la recomendación a todos los países a revisar las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales.

En cuanto a la democracia, el mismo documento enfatiza que "las mujeres deben ser consultadas y ser parte de las decisiones, cuestión que permanentemente ha sido ignorada en la región. La sociedad no puede continuar negando la competencia de las mujeres para definir sobre su integridad, su reproducción o su sexualidad. Enajenar en terceros su soberanía política, ha sido la práctica cotidiana de políticos, funcionarios públicos, jerarcas religiosos, legisladores y otros, que detentando autoridad, han usurpado a las mujeres su capacidad de tomar decisiones".

Reformas en agenda

La Campaña del 28 de septiembre se viene realizando cada año desde 1990, por resolución del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (San Bernardo, Argentina, 1990). En esa oportunidad se creó también la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe para la movilización por el derecho al aborto , con el propósito de "lograr el apoyo de las mujeres de los países que ya cuentan con ese derecho en la práctica y a su vez apoyarlas en sus luchas por mantenerlo en vigencia, y hacer campañas en cada país y conjuntamente en nuestro continente, para lograr ejercitar este derecho en forma legal, no clandestina, segura y digna para cada una de nosotras .

La Campaña 28 de septiembre pugna por la construcción "de una sociedad democrática donde las mujeres decidan sobre sus cuerpos y proyectos de vida, donde sus decisiones sean respetadas y los Estados generen las condiciones para garantizar el ejercicio de estos derechos", según el Llamado.

Sus objetivos incluyen el derecho a la vida, a la integridad personal y a la privacidad personal; la dignidad humana, libertad y justicia; igualdad y no-discriminación. Defiendo el Estado laico, la democracia y una vida plena y saludable para todas las mujeres, en armonía con sus más íntimas convicciones y su entorno.

En varios países de América Latina y el Caribe, se vienen discutiendo reformas a los códigos y leyes que, actualmente, en su mayoría, prohíben o criminalizan la interrupción del embarazo. Algunos países lo admiten solamente en caso de violación, o de violación a mujeres discapacitadas mentales; cuando hubiera malformaciones graves en el feto, o si la vida de la madre corre peligro. Pero se han denunciado varios casos, como uno recientemente en Argentina, donde, a pesar de existir tales causales, los hospitales o jueces han tratado de impedir su realización. Otros países ni siquiera lo autorizan en estos casos extremos.

El Distrito Federal de Ciudad de México despenalizó, en abril pasado, la práctica médica del aborto, hasta las doce semanas de gestación. La solicitante debe confirmar por escrito que acepta el procedimiento de manera voluntaria.

En Nicaragua, en cambio, -uno de los pocos países que permitía el aborto desde hace más de un siglo-, en plena campaña electoral el Congreso pasó una ley el año pasado que lo prohíbe.

En Brasil se estima que el 30% de las gestaciones terminan en aborto, con 1,4 millón abortos espontáneos o inseguros cada año. La Comisión de Seguridad Social y Familia de la Cámara de Diputados tiene un proyecto de ley en trámite, que pretende revisar la legislación punitiva para transformar al aborto en un derecho. El texto fue archivado en 2005, tras una serie de presiones, pero se lo desarchivó de nuevo a inicios de 2007, si bien todavía no ha sido sometido a votación.  

Fuente: lafogata.org