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HACIA EL 2006:
LAS ENCRUCIJADAS DE PAZ Y GUERRA

continuación (3/4)
Costos de la guerra
Muchos estudios muestran que la situación de violencia y de guerra interna amenaza con marcar a Colombia a lo largo de toda la década. El impacto económico se calcula entre 10% y 15% del PIB anual si no hay negociación y en 4.0% anual si se inicia en la próxima administración y se llega a un pacto de paz antes de 2005. Detrás de esas cifras se esconde el costo en vidas y en potencialidad creativa de la sociedad. Al ritmo actual, para ese periodo se incrementarían en 100.000 las muertes de civiles, a más de 4'000.000 los desplazados internos y más de 2'000.000 los externos; los nuevos secuestrados pasarían de 10.000 y en forma similar, aumentarían los desaparecidos. La mal llamada "guerra económica", que justifica fumigaciones y desplazamiento en una parte y destrucción de infraestructura en la otra, significaría un retroceso de 15 o más años en ese tipo de inversión.
El costo de intentar ganar la guerra con el escalamiento nacional e internacional de la confrontación, implica que Colombia podría aspirar a recuperar los actuales niveles de riqueza, infraestructura y capacidad humana sólo después del año 2015. Y esto en el supuesto de que el Estado derrota a los grupos irregulares en el transcurso de esta década y reconstruye el país en el siguiente periodo.
La idea de una guerra de corta duración para derrotar a la guerrilla y someter a los paramilitares, en cuatro o cinco años, no parece tener sustento en la realidad, e incluso los militares más aguerridos advierten que sólo después de ocho años se llegaría a una derrota de la guerrilla o a obligarla a pactar la dejación de armas en los términos definidos por el Estado. Y esta hipótesis supone que se triplica el pie de fuerza, se eleva el gasto en fuerza pública de 3% a 7% del PIB, se escala la presencia externa con la Iniciativa Regional Andina, IRA, o el Plan Colombia, y que se vincula a la población civil al apoyo a la guerra tanto con el respaldo político y tributario como con soportes logísticos o de inteligencia. Y aun en las hipótesis sobre la derrota de la guerrilla en el curso de siete u ocho años, hay muchas variables indeterminadas que podrían alterar las cuentas y prolongar la situación de guerra.
Desde el ángulo de la guerrilla se mantuvo, por lo menos hasta la primera fase de los diálogos, la estrategia central de buscar el poder por la vía armada; líderes importantes de las FARC y del ELN continuaron pensando que las conversaciones e incluso un pacto de paz tenían sentido como parte de un proceso más largo hacia la derrota militar del Estado y la instauración de un "régimen revolucionario". Es probable que la experiencia de los últimos cuatro años haya mostrado a integrantes de la cúpula de esas organizaciones que la mejor opción, aun en sus pretensiones programáticas, es la negociación y por lo tanto la transacción para dejar la perspectiva armada. La idea de un triunfo militar de la guerrilla es una ilusión muy costosa para la sociedad y en especial para los más pobres. Además, cualquier consideración aterrizada del contexto internacional y nacional lleva a la conclusión de la imposibilidad de un triunfo militar de la guerrilla colombiana en las próximas décadas. La consecuencia práctica de un camino de guerra prolongada es el sacrificio de varias generaciones que verían frustradas sus mínimas aspiraciones.
Un interrogante que ha quedado flotando después de la ruptura de las negociaciones de paz en la administración Pastrana, se refiere a los factores que pueden llegar a revertir la actual tendencia de escalamiento de la guerra que plantea la solución negociada tan sólo como un albur. Las partes armadas del conflicto interno y sus estrategas civiles o militares se disponen a un ciclo de medición de fuerzas para presionar posturas más débiles en una eventual negociación. Pero la visión sobre lo negociable o lo aceptable para cada parte, les lleva a proyectar derrotas estratégicas al contrario. Unos quieren guerra hasta una negociación sin muchos cambios en las relaciones de poder o en la distribución de la riqueza; y otros la quieren hasta que se institucionalice una suerte de poder dual entre el Estado y el paraestado insurgente. Y si las pretensiones de las partes que se ubican en los extremos no chocan con una tercera fuerza que emerja desde la civilidad pacifista, se impondrá un futuro catastrófico de varias décadas.
El orden del caos
Para algunos analistas y voceros políticos el ciclo de diálogo y negociación realizado durante la administración Pastrana se resume en la palabra frustración. Hay sin embargo otras miradas de lo ocurrido que muestran la posibilidad de aprovechar las lecciones para retomar las conversaciones y volver a intentar un pacto de paz en el curso del próximo gobierno.
El unilateralismo de Álvaro Uribe
Algunos sectores ven como una fortuna el hecho de que hubiera fracasado el esquema de diálogo y negociación acordado por Pastrana y las FARC. Y concluyen que otra tentativa de solución política debe vislumbrarse sólo como corolario de la prueba de fuerza y en su momento, si llega, tomar otro camino. Éste presentaría, entre otras, las siguientes señales:
No ir al dialogo sin condiciones previas.
Exigir concesiones unilaterales a la guerrilla sobre secuestro, financiación con economía ilegal y extorsión, ataque a infraestructura y uso de armas de efectos indiscriminados.
Establecer una agenda de negociación centrada en el régimen político y en la cuestión del tránsito al monopolio estatal de las armas.
Realizar las conversaciones en el exterior y sin zona de distensión.
Brindar tratamiento político a las autodefensas y paramilitares.
Superar el "modelo de negociación en medio de la guerra", para pasar a "negociación en tregua o cese del fuego y de hostilidades".
Durante la campaña electoral, el hoy presidente electo, Álvaro Uribe Vélez, acogió algunos de esos enunciados y propuso una política sustentada en una combinación de autoridad, fortalecimiento del Estado y de la fuerza pública; el fortalecimiento de la colaboración de Estados Unidos en la lucha contrainsurgente (antiterrorista) y en particular del Plan Colombia en sus componentes militares y cívico-militares; fuerzas armadas especiales, certificadas en derechos humanos por las Naciones Unidades, para la protección de comunidades que asuman programas regionales de desarrollo y paz y la resistencia a los grupos armados irregulares; efectividad en la contención y reducción de la guerrilla; colaboración activa de los civiles con las fuerzas armadas en actividades de inteligencia, información o seguridad local o de vecindario (un millón de informantes activos). Y en el discurso del día del triunfo electoral hizo énfasis en la ya conocida idea de pedir la mediación de Naciones Unidas para hacer posible un cese de hostilidades por parte de la guerrilla y abrir por esa vía contactos para pasos más avanzados.
Se ha dicho que los programas de campaña no coinciden con los programas de gobierno y que esta circunstancia deja margen de modificación en detalles o prioridades. Pero esa salvedad no le resta validez al análisis de la política que se bosqueja y a las advertencias que se vienen haciendo desde las organizaciones pacifistas sobre las posibles consecuencias de una política que sustituye una estrategia dirigida a retomar lo más pronto el proceso de solución política por otra cuyo eje es la imposición de una nueva correlación de fuerzas por la vía militar antes de pensar en cualquier diálogo.
El unilateralismo parece ser un sello de la nueva política de guerra y paz. Los enunciados iniciales sobre la "mediación" de Naciones Unidas se quedaron en la solicitud de buenos oficios para darle trámite a la exigencia de cese de hostilidades como condición para retomar los diálogos. Con todo y su indefinición, esa propuesta tiene de positivo que permite a Naciones Unidas y a los países amigos de la solución negociada en Colombia, clarificar con el nuevo gobierno los términos exactos de su "mediación", "acompañamiento", "facilitación" o posterior verificación.
Si se mantiene la idea de mediación como colaboración para presionar al lado del Gobierno una determinada exigencia, por razonable que ella sea, el resultado será el enfriamiento de la cooperación para la paz, en tanto Naciones Unidas no podría asumir esa función si no mantiene los hilos de confiabilidad que dejó la gestión de Lemoine, como delegado del secretario general de la ONU. (8) Al enfriamiento del papel de Naciones Unidas seguiría el endurecimiento del emplazamiento al cese unilateral de hostilidades y rápidamente se pasaría a una remozada justificación de la guerra. Así se disolvería también la idea de involucrar a las Naciones Unidas en la certificación de fuerzas militares, enunciada por Uribe en reemplazo de su propuesta original de Cascos Azules. (9)
La exigencia de Uribe, dirigida simultáneamente a la guerrilla y a los paramilitares, puede abrir un ciclo de mensajes públicos que muestren acercamientos y lenguaje conciliador de las AUC, de una parte; y de otra, una mayor distancia entre el gobierno que pide suspensión de secuestros y de actos terroristas y la guerrilla delirante que demanda -para comenzar- que el establecimiento repudie al neoliberalismo, combata a los paras y le ceda dos departamentos desmilitarizados por el Estado. El tratamiento aparentemente simétrico a las FARC y a las AUC, desde el gobierno, en la práctica significaría bloquear los intentos de solución política. Es preciso, por tanto, mantener la diferenciación de tratamiento en cuanto la guerrilla es un potencial sujeto de negociación de un pacto de paz, mientras que los diálogos con paramilitares deben limitarse a cuestiones humanitarias y a condiciones de sometimiento a la justicia.
La idea de "un diálogo útil" para la salida política, en los términos de la carta de Álvaro Uribe al Congreso de Paz y País, parece postergar las conversaciones y negociaciones hasta que se muestre la contención militar a la guerrilla y a las Autodefensas. Entre tanto, se acompañaría el esfuerzo de ejercicios de "autoridad" con respaldo a una resistencia civil que es vista como apoyo a la Fuerza Pública, con diplomacia para ampliar el respaldo a las estrategias de "contención", exigencias de respeto a la población civil y de gestos humanitarios. Se alejan las posibilidades de retomar el acumulado de los últimos cuatro años y asumir el diálogo como un instrumento para avanzar en limitación de la confrontación y el cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario.
La ruptura de las conversaciones entre el Gobierno de Pastrana y el ELN, muestra las dificultades de iniciativas que proponen compromisos o concesiones unilaterales de uno u otro lado como condición para hablar de las cuestiones de fondo. Reveló también la complejidad de una tregua pactada y de acuerdos sobre la ubicación de tropas o inmovilidad de la guerrilla en un cese de fuegos y de hostilidades. También señaló la dificultad de comenzar por la liberación de todos los secuestrados y por el compromiso de no secuestro durante los diálogos antes de pactar procedimientos o puntos sustantivos.
La frustración de las conversaciones con el ELN debe merecer una reflexión aún más cuidadosa pues para algunos analistas era el lado fácil de la búsqueda de acuerdos. Se puede decir que el ELN llegó a los diálogos de La Habana después de haber sido debilitado militarmente en razón de sus inconsistencias y errores y por los golpes que le infringieron los paramilitares en regiones estratégicas. Sus efectivos y territorio de operaciones se redujeron considerablemente en comparación con lo que tenían en 1998. Si se pensara en un proceso similar con las FARC, para llegar al punto en que se encuentra hoy el ELN tendría que pasar por lo menos una década de derrotas sucesivas. E incluso en ese momento no habría un desenlace definitivo en favor de la solución militar, ni se podrían imponer unilateralmente las condiciones.
Los vaivenes de las conversaciones para la paz en el cuatrienio que termina, dejaron experiencias que deben asimilarse hacia el próximo futuro y mostraron que una estrategia de negociación debe reconocer criterios como los que se anotan a continuación:
- Historicidad, que significa valorar los antecedentes y los productos del proceso pasado.
- Bilateralidad los pactos gobierno-guerrilla como metodología central, sin demeritar la pertinencia de gestos y obligaciones unilaterales.
- Simultaneidad de agendas y medidas, de la mano con la bilateralidad, reconociendo que cualquier avance en asuntos humanitarios o de hostilidades está interrelacionado con pactos o expectativas de pactos con implicaciones en otros temas de la agenda.
- Neutralidad del impacto militar de pactos procedimientales, lo que descarta la utilidad de hacer propuestas de acuerdos desequilibrados o ventajosos sobre itinerario, tregua, cese de fuegos o de hostilidades, zonas desmilitarizadas, compra o uso de armas, etc.
- Progresividad en el desmonte de la economía de guerra, que parte de reconocer la necesidad de esquemas y pactos en los aspectos de logística sin pretender del otro la concesión preliminar, unilateral o sin contraprestación en materia de presupuesto, finanzas y apoyos económicos, por perversos que sean.
- Amplia participación social, multilateralidad y diversidad de escenarios. Para un acuerdo de paz eficaz se requiere el compromiso de la sociedad y una construcción de los consensos fundamentales con procedimientos democráticos e incluyentes. Eso supone el diseño de escenarios múltiples de participación en cada etapa del proceso y diferenciar la mesa Gobierno-guerrilla para asuntos bilaterales de los escenarios preconstituyentes que incluyen a los representantes de toda la sociedad, desde lo político, lo social o lo corporativo. -
No hay camino a recorrer si no se prefiguran puntos de llegada. La solución política en Colombia ya ha dibujado trayectorias posibles y roles para cada sector de poder. Si no se hacen explícitos los escenarios de salida o de postconflicto, la metodología del regateo o del ensayo y error lleva a nuevas frustraciones.



Notas:
8. "La mediación ayuda a las partes en conflicto a lograr un arreglo mutuamente satisfactorio proporcionando un intermediario que, siendo imparcial, proporcione canales para la comunicación entre ellas, ayude a incrementar su entendimiento de la situación e identifique las dificultades, sugiera formas de avanzar y proporcione asesoría honesta o comentarios cuando se le solicite." INTERNATIONAL ALERT, Manual de recursos para la transformación de conflictos, ediciones Semilla, 1998, pagina 149.
9. El texto de la carta de Alvaro Uribe Vélez al Congreso Nacional de Paz y País, es ilustrativo sobre los derroteros del nuevo gobierno en materia de paz; algunos apartes a continuación:
"() Uno de los grandes errores del proceso iniciado por el actual gobierno con la guerrilla de las FARC radicó en que no respondió a los intereses de los ciudadanos. Mientras los colombianos pedían que cesara el terror y se diera cumplimiento a los puntos básicos del Mandato por la Paz que exigían el respeto a la vida y libertades de los ciudadanos, el proceso se enredaba sin ofrecer un gesto de reciprocidad a este clamor colectivo por la convivencia. Un nuevo proceso de paz debe aprender de esta experiencia. El cese de hostilidades debe ser el punto de partida, abriéndose un período de tiempo prudencial y generoso para la desmovilización y el desarme. De esta manera tanto los grupos guerrilleros como los ciudadanos y los gobernantes tendrán la posibilidad de ganar confianza y materializar acuerdos que permitan un fortalecimiento de la democracia. Pero mientras llega ese momento el Estado no puede desatender el clamor ciudadano que exige un gobierno capaz de asegurar el respeto a los Derechos Fundamentales de los colombianos, ni dejar de lado la agenda social y las reformas políticas que con tanta urgencia necesita la Nación.
"Sin lugar a duda todos queremos una salida política al conflicto armado que vive el país, pero no a costa de un mayor desangre, de un debilitamiento de la autoridad democrática o un fortalecimiento de los grupos armados ilegales. Queremos un diálogo útil, que fortalezca la democracia en vez de debilitarla. Este diálogo sólo será posible cuando la sociedad entera y las autoridades legítimas se muestren capaces de contener a los violentos, de hacerles saber que nada lograrán con sus acciones de terror, que la vía de las armas está cerrada. Es por eso que vemos como propuestas complementarias la resistencia civil y el fortalecimiento de la autoridad democrática. Los ciudadanos que se atreven a levantarse desarmados frente a las pretensiones de los violentos, necesitan a su vez de un Estado comprometido en la defensa de sus vidas y de una Fuerza Pública confiable, respetuosa de los derechos humanos y garante del pluralismo. Entre más decididos estén los ciudadanos a emprender una resistencia civil contra el autoritarismo armado de los grupos al margen de la ley, entre más sólida y legítima sea nuestra democracia, más cerca estaremos de una paz negociada. ()" (Bogotá, abril 22 de 2002).