Latinoamérica
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por José Antonio Gutiérrez D.
En
las noticias ha quedado la última marcha de las FARC-EP, en que 6.500
guerrilleros marcharon hacia las 26 zonas veredales en que se concentrarán en la
transición hacia la vida civil. Desde las profundidades de Argelia, Cauca, y
seguidos de cerca por observadores de la ONU, salieron en dirección a la zona
veredal de Buenos Aires (Cauca) los miembros del Frente 60 de las FARC-EP,
“Jaime Pardo Leal”. El cariño de la comunidad, cuando salieron el 29 de Enero
del 2017 quedó plasmado en un video hecho por lugareños, en el cual sin miedo,
hablan y expresan su agradecimiento a una organización que sienten como una
parte importante de su mundo. En el video se ve a la comunidad saliendo a su
encuentro, a abrazarlos, despedirse, con globos, con llantos y con risas,
recibiéndolos con carteles en los que se leen cosas como la siguiente: “Guerrilleros
de las FARC-EP, Frente 60 Jaime Pardo Leal. Gracias por estos 52 años de lucha
armada en defensa del pueblo colombiano”[1], imágenes que recuerdan a las
del escándalo montado por los medio en el Conejo, La Guajira[2]… El sentimiento
no es ni exagerado, ni está ensayado: la sinceridad de las expresiones de afecto
y cariño, espontáneas, directamente del corazón, son sobrecogedoras, tanto en
Argelia como en el Conejo. Esa simbiosis de insurgencia y comunidades campesinas
que se dio en tantos años de convivencia desmiente, una vez más, el mito de una
insurgencia sin base social de apoyo. Las montañas de Colombia siempre fueron,
en realidad, una alegoría de estas comunidades dispersas en todo el país.
Uno de los dirigentes campesinos que habla primero en el video, dice que siente
nostalgia… nostalgia porque ya no estarán. Pero también hay mucha incertidumbre
en la comunidad y muchos campesinos temen que el Estado arremeta en contra de
las comunidades, militarice y practique una represión inclemente con los
campesinos. Esta tendencia se está ya empezando a ver desde hace poco más de un
año, en que el gobierno ha dirigido una agresiva política anti-narcóticos hacia
esta región, en la cual la comunidad ha dependido del cultivo de la coca desde
la crisis cafetera de comienzos de los 1990. Es por ello importante mantenerse
alerta para denunciar cualquier intento de reprimir a los campesinos y dar
solución militar a un problema que es eminentemente político. Que las FARC-EP
hayan renunciado a la política con armas, no significa que el Estado haya
renunciado a la política con armas: eso jamás hay que olvidarlo. Hoy, la única
defensa que tienen las comunidades es su propia organización y la defensa a
ultranza de su autonomía.
Las agresiones recientes en medio del cese al fuego de las FARC-EP
En Argelia, desde finales de Octubre del 2015, mientras la insurgencia de las
FARC-EP se encontraba en pleno cese al fuego unilateral, con la excusa de
operaciones antinarcóticos, se comenzó a vivir la militarización del territorio,
al que el ejército jamás su hubiera atrevido a ingresar con este movimiento
guerrillero activo. Esta situación ha causado gran ansiedad y zozobra en la
población. Valga aclarar que estas agresiones se están viviendo en todo el
territorio colombiano, no solamente en el Cauca –también en Putumayo, en el
Catatumbo, por nombrar algunos de los casos más sonados.
El miércoles 18 de Noviembre, militares del Batallón de Contraguerrillas Nº 37
Macheteros del Cauca y del Batallón de Infantería Nº 56 “Coronel Francisco
Javier González”, adscritas a la XXIX Brigada del Ejército, ocuparon
militarmente la vereda El Encanto, en Argelia, Cauca, para adelantar tareas de
erradicación forzada, acosando y violentando a la comunidad. Las acciones se
dirigieron de manera específica en contra de miembros de la Asociación Campesina
de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), adherida a Fensuagro. Entre otras cosas,
los pobladores mencionaron que los soldados amenazaron con volver a traer a los
paramilitares a la región, en donde aún se recuerda el dolor con el que
enlutaron a la comunidad en su paso por esa región durante la década del 2000,
gozando de todo el respaldo de la fuerza pública, hasta que fueron expulsados
por la resistencia de la comunidad y la confrontación con la insurgencia.
Al día siguiente, 600 erradicadores, apoyados por soldados del Batallón de Alta
Montaña Nº 3 “Rodrigo Lloreda Caicedo”, Batallón de Artillería Nº 3 Batalla de
Palacé, Fuerzas especiales y antiterrorista Nevada, llegaron aplicando una
fuerza descomunal, ocupando casas y el centro comunal de los corregimientos de
El Mango, Sinaí y La Belleza. Las protestas de la comunidad fueron respondidas a
fuego, gases, golpes y piedras. A raíz de estas acciones se desplazaron unas 80
personas, y hubo un muerto, asesinado por las balas del Ejército, el campesino
Miller Bermeo Acosta (20 años). Hubo también varios heridos de diversa
consideración: José Iván Mosquera Bambague, Eduard Arvey Jaramillo Sánchez y
Carlos Andrés Ordóñez Galíndez (de 15 años de edad) en la vereda de La Mina;
Jhonny Males Gómez (herido de bala), José Wilson Yonda (herido de bala) y
Humberto Cadena Morales en la vereda de La Mina. Estos son los casos de mayo
gravedad, pero se reporta que el total de heridos superó los 15. Todos estos
crímenes permanecen en la más absoluta impunidad.
La situación siguió tensa: el día 1º de diciembre del 2016, según denuncias de
la misma comunidad, tres soldados profesionales habrían intentado violar a dos
niñas en Bujío, corregimiento de El Mango. Un transeúnte, que pasaba justo
cuando se estaba produciendo este hecho, logró evitar que el grotesco crimen se
consumara. Cuando miembros de la comunidad fueron a protestar al campamento
militar, fueron repelidos a bala por los uniformados, según difundiera una
comunicación pública[3].
El 19 de Marzo del 2016, la situación siguió escalando: ese día aterrizan dos
helicópteros en el poblado de Sinaí, en Argelia, de los que descienden un grupo
de policías fuertemente armados, con material de guerra, que comienzan a agredir
a la comunidad y allanar casas. La comunidad salió a detenerlos y confrontarlos,
pues según denuncias de la comunidad, habían llegado a robar dinero a las casas.
La comunidad les logró arrebatar parte del dinero que se estaban llevando, así
como algún material de guerra. En este operativo, se distinguió un uniformado
encapuchado, al que la comunidad luego reconoció como un provocador infiltrado
que había estado en la protesta en que había muerto Miller Bermeo[4].
En base a este historial de agresiones de las autoridades, y gracias a la
respuesta firme y organizada de la comunidad, se logró establecer una mesa de
interlocución (MIA) con el gobierno, convirtiéndose así Argelia en el único
municipio que logró tener una MIA propia, lo que es testimonio de los niveles
organizativos de esta comunidad. Se realizaron algunas reuniones, pero hasta la
fecha no se ha avanzado en la negociación de las condiciones dignas para
adelantar programas de sustitución viables. Todavía están esperando que comience
el trabajo para ellos presentar su plan de vida y desarrollo alternativo.
La comunidad exige respuestas y tiene propuestas
Pero en esa espera, y en momentos en que se organizaba el movimiento nacional de
campesinos dedicados al cultivo de la coca, la amapola y la marihuana en el país
(la COCCAM), en el cual participaron activamente las comunidades de Argelia[5],
el gobierno apareció con un acuerdo entre éste y las FARC-EP para la
“sustitución voluntaria”, aunque de voluntaria tiene bien poco, pues el gobierno
se reserva el derecho a la erradicación forzada en caso de que los campesinos no
acepten. O sea que más bien es un poco de maquillaje a la vieja política de la
erradicación forzada, aunque en este caso el garrote largo viene de la mano con
una zanahoria chiquita. Esa zanahoria es el Programa Nacional Integral de
Sustitución de Cultivos (PNIS), un programa de intervención en más de 40
municipios, en un área de 50.000 hectáreas, en un año, con la participación de
las FARC-EP. El presupuesto de este programa es de $1.000.000.000.000
(U$340.000.000), el cual se divide en montos de $10.000.000 anuales para
proyectos productivos por familia. La capacidad real del gobierno de financiar
estos programas sigue en veremos.
El programa es visto con mucho recelo por las comunidades, que argumentan que
estaría en contradicción con el espíritu original de lo negociado en La Habana.
Ciertamente, este programa refleja el giro conservador que tuvo la renegociación
después de la derrota del acuerdo original en el plebiscito del 2 de Octubre,
renegociación que se desarrolló a espaldas de las comunidades[6]. En el enfoque
que queda reflejado en este nuevo acuerdo, se sigue entendiendo la cuestión de
los cultivos ilícitos como un asunto meramente individual de los cultivadores,
desconociendo que hay comunidades completas que dependen de la coca –aun quienes
no la cultivan ni la procesan… en regiones enteras el comercio, los transportes,
hasta la provisión de servicios y la infraestructura dependen de la coca. Para
estos campesinos, la coca no significa el mismo flagelo del que se habla en los
centros urbanos del mundo; para ellos la coca significa la diferencia entre una
pobreza digna, o una miseria absoluta. La coca ha sido la única garantía para
hacerse de los servicios elementales que el Estado no es capaz, ni tiene la
voluntad, de garantizar a los ciudadanos. Los tiempos tampoco reflejan una
comprensión real de la problemática a tratar: el tema de los cultivos ilícitos
lleva décadas y cualquier estrategia de intervención constructiva requiere de
estrategias de largo plazo en el cual se vayan dando pasos graduales. Pero no,
el gobierno espera que en un año los campesinos sustituyan los ilícitos, cuando
en esos plazos el gobierno es incapaz de ofrecer una estrategia de sustitución
viable. Cuesta creer que piensen que esto es una estrategia viable. Este acuerdo
sigue convirtiendo en el centro del “problema” al campesino, sigue
criminalizando a la mata y al cultivador, e ignora los múltiples niveles del
problema, así como el hecho de que una solución a largo plazo requiere un
diálogo no sólo con los campesinos, sino con la comunidad internacional, que
debe replantearse una vía fracasada como es la criminalización.
Así las cosas, el gobierno sigue empeñado en diseñar políticas antidrogas
destinadas al fracaso. O mejor dicho, a un fracaso relativo, pues la represión
golpea al campesino y a los sectores más vulnerables de la cadena productiva,
pero beneficia a los eslabones más fuertes en esa cadena, los tentáculos
financieros y las mafias, que son los grandes ganadores de la política
prohibicionista. Con el estrepitoso fracaso que se vaticina para esta política,
se terminarán de caer dos mitos: aquel, repetido hasta la saciedad por la prensa
amarillista y que pasa por verdad ante los desprevenidos, pese a no tener
ninguna base objetiva, de que las FARC-EP eran el “más grande cartel del mundo”;
el otro mito, igualmente sin fundamento, es aquel de que los cultivos ilícitos
se debían al conflicto y a la presión de la insurgencia sobre los campesinos y
que sin FARC-EP, no habrá problema de drogas.
Lo curioso de todo esto, es que el mismo gobierno que criminalizaba cualquier
tipo de simpatía de los campesinos con la insurgencia, hoy les exige obediencia
ciega a ella. Se equivocan en pensar que el movimiento campesino son marionetas.
Como hemos visto, los vínculos afectivos en muchas regiones, así como lazos
políticos sólidos entre las comunidades y la insurgencia son innegables: sin
embargo, el movimiento campesino es autónomo, lo es ahora y lo ha sido siempre.
Cualquier decisión que afecte a los campesinos debe ser consultado directamente
con ellos, y los acuerdos que hayan alcanzado gobiernos e insurgencia, pueden
servir como un referente, pero jamás serán la última palabra. La negociación
para terminar el conflicto armado con la insurgencia de las FARC-EP no significa
que el gobierno pueda pasar por encima de los campesinos, quienes se harán
respetar a cómo sea de lugar. Tampoco esto significa que en determinadas
regiones, por causas históricas o de otra índole, no pueda haber mesas que
dialoguen sobre los aspectos particulares de determinadas políticas. Así, tanto
la COCCAM como las MIAs siguen siendo herramientas válidas de interlocución y
deliberación para las comunidades campesinas que el gobierno no debería seguir
ignorando o enfrentando por la vía represiva. Esta actitud y la determinación de
las comunidades de no dejarse avasallar, señalan por donde vendrán los primeros
conflictos del supuesto “post-conflicto”.
El reguero de sangre y lo que se viene