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Correa culpó a la corrupción por el dictamen favorable a la petrolera Chevron
por Lucho Granados Ceja
TeleSur
La petrolera estadounidense Chevron- Texaco operó en Ecuador desde 1964 hasta
1990, en más de 20 años, explotó el petróleo del país sin utilizar los
mecanismos recomendados para proteger la naturaleza y ocasionó graves daños
ambientales que se han negado a reconocer.
La propuesta de Correa es crear un juzgado en el que países con bajos ingresos,
por ejemplo Ecuador, puedan ser compensados por daños al ambiente, tal como han
hecho la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009.
El presidente Rafael Correa culpó a "la corrupción" por el dictamen de la Corte
del Distrito de la Haya que favoreció a la gigante petrolera Chevron. La
compañía fue exonerada de cualquier responsabilidad en relación con la
contaminación en el Amazonas.
En 2013, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador afirmó que un dictamen anterior
había declarado culpable a Chevron por el caso de contaminación ambiental en el
Amazonas ecuatoriano y se había fijado una compensación de 9.5 millardos de
dólares.
La respuesta de Chevron fue que no se plegaría a la decisión de la Corte Suprema
y se embarcó en una campaña para deslegitimar la sentencia y buscó apoyo en
organismos internacionales de arbitraje.
Un tribunal de arbitraje, bajo la autoridad del tratado bilateral de inversiones
entre Ecuador y EE.UU., emitió varios laudos parciales que favorecían a la
compañía petrolera Chevron.
El tribunal ordenó a Ecuador suspender la ejecución de la sentencia de 9.5
millardos de dólares que se había impuesto a Chevron y además castigó al Estado
ecuatoriano por intentar que se cumpliera la sentencia en otras jurisdicciones,
por ejemplo, Canadá y Brasil. Chevron se ha negado a pagar y ya no posee ningún
activo en Ecuador, es por ello que Ecuador se ha visto en la necesidad de buscar
la justicia en otros países.
El argumento de Ecuador es que el tribunal no tiene jurisdicción en el caso y,
por tanto, ha violado la soberanía del país.
"Este fallo arbitral es ilegitimo e ilegal porque Chevron está utilizando un
tratado de inversiones que firmaron Ecuador y EE.UU. en 1995, tres años después
que la petrolera había finalizado sus operaciones en Ecuador; ellos quieren
aplicar este tratado de manera retroactiva y eso va en contra de los principios
legales", declaró a teleSUR, Santiago Escobar, director de la Campaña Anti-Chevron.
Un jurado de la Corte de Distrito de la Haya rechazó la tesis de Ecuador bajo el
argumento que el país estaba atado a los términos del tratado bilateral de
inversión.
Dicho jurado también afirmó que no puede responsabilizarse a Chevron por los
casos de contaminación ya que el gobierno ecuatoriano certificó el trabajo de
limpieza que llevó a cabo la compañía petrolera.
El presidente Correa ha cuestionado la legitimidad de la decisión del gobierno
ecuatoriano de ese entonces liderado por Jamil Mahuad.
"Todo esto es fruto de la corrupción: haber firmado en 1998 que Chevron había
limpiado ‘todo’", expresó Correa a través de su cuenta oficial de Facebook.
Mahuad fue un presidente muy impopular que favoreció las políticas neoliberales
y las compañías transnacionales. Sus políticas eventualmente llevaron a un
completo colapso de la economía ecuatoriana, él fue depuesto en un
levantamiento.
El clima de justicia en la arena internacional
En la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático (COP 21) en París, el
presidente Correa llamó a la creación de una corte internacional de justicia
climática para, precisamente, manejar casos como el de Chevron, que, de otra
manera, se dirimen en los tribunales que responden a los tratados de
inversiones.
"La decisión del tribunal del tratado bilateral de inversiones entre Ecuador y
EE.UU. es reprochable, pero no es una sorpresa; ese es un tribunal privado,
parte del Banco Mundial que como sabemos trabaja en conjunto con las compañías
transnacionales y banqueros y defiende sus intereses en lugar de los
ciudadanos", expresó Escobar.
La propuesta de Correa es crear un juzgado en el que países con bajos ingresos,
por ejemplo Ecuador, puedan ser compensados por daños al ambiente, tal como han
hecho la Constitución de Ecuador de 2008 y la Constitución de Bolivia de 2009.
Chevron alaba la decisión
Chevron respondió de manera positiva a la decisión de la Corte de Distrito de la
Haya.
"La decisión de hoy refuerza la integridad de los procedimientos arbitrales y
asegura que Ecuador tendrá que rendir cuentas por las violaciones a sus
compromisos internacionales", expresó la compañía en una declaración difundida
el viernes.
"Esperamos el fallo final del tribunal del caso que debería responsabilizar a
Ecuador por los múltiples fraudes que se cometieron contra Chevron durante el
caso Lago Agrio".
Chevron alega que la decisión en su contra de cancelar 9.5 millardos de dólares
se logró de forma fraudulenta.
El Tribunal de Distrito de la Haya estuvo de acuerdo con la compañía petrolera y
afirmó la decisión parcial del tribunal del tratado de inversiones cuando opinó
que "las medidas parciales que tomó el tribunal no pueden explicarse de otra
manera que por el hecho de que cuando se tomaron las medidas, el tribunal
aparentemente tenía evidencia clara que el pronunciamiento del juez en primera
instancia en el procedimiento del caso Lago Agrio… fueron fraudulentos".
Del mismo modo, la corte también rechazó el reclamo de Ecuador sobre las
decisiones del tribunal de tratado de inversiones que violaban los derechos de
los ecuatorianos de vivir en un ambiente libre de contaminación, derecho que
está contemplado en la constitución ecuatoriana.
En marzo de 2014, el juez estadounidense, Lewis Kaplan, determinó que la
compensación se había logrado de manera fraudulenta. Su decisión se apoyaba, en
gran parte, en el testimonio de un hombre llamado Alberto Guerra, que afirmaba
que el juez ecuatoriano había ofrecido fallar de manera favorable a los
demandantes a cambio de un soborno.
Sin embargo, la confiabilidad del testimonio está siendo cuestionado porque él
admitió que fue motivado por intereses financieros personales. También admitió
bajo juramento que había mentido para ubicarse en una mejor posición en las
negociaciones con Chevron.
Escobar advirtió que Ecuador podría perder el fallo final del tribunal de
inversiones; eso llevaría a que los ecuatorianos tengan que pagar el precio
porque el Estado, a raíz de las represalias internacionales y sin acceso a
créditos, no podrá continuar invirtiendo en los programas sociales.
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