Argentina, la
lucha continua....
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Una Ley que favorece la extranjerización de la tierra
Por Mario Hernandez
En marzo anticipamos que el Gobierno estaba trabajando en un borrador para
realizar cambios en la Ley de tierras, sancionada en 2011, que introdujo
restricciones para la venta de campos a extranjeros.
Finalmente, mediante el decreto 820/2016 el gobierno de Mauricio Macri modificó
las restricciones para la venta de campos a extranjeros. La idea de atraer
inversiones extranjeras, esta vez, no eximió de impuestos o quitó retenciones,
sino que modificó la Ley 26.737 de Tierras Rurales aprobada durante el 2011 que
establecía que los extranjeros, "no podrán superar las mil hectáreas o
superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo
Interministerial de Tierras Rurales" y limitaba a un 15% de toda titularidad de
dominio de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal
para los foráneos.
La mayoría de los votos en contra que había tenido la resolución kirchnerista
provinieron de la UCR, mientras que el PRO estuvo ausente. En ese entonces al
actual Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en justificación de su voto
negativo dijo: "Entiendo que se trata de un proyecto de ley absolutamente
xenófobo. Lo es porque a priori supone que cualquier argentino es mejor que
cualquier extranjero. Cada uno de nosotros provenimos de algún lugar del mundo,
porque la Argentina es un crisol de razas. Lo que yo no quiero es juzgar o crear
categorías sospechosas".
El gobierno inauguró el "segundo semestre" con las modificaciones que ahora
conciben como titular extranjero a quien posea "más del 51% del capital social
de una persona jurídica" (anteriormente era a partir del 25%) y desde ahora ya
no estará el límite de las 1.000 hectáreas por titular o su equivalente en la
zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense,
el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe, modificando la norma anterior que
definía como extranjero a quien era titular de "un porcentaje superior al
veinticinco por ciento (25%)"."La nueva reglamentación busca facilitar la
llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país",
declaró Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de
Justicia.
El decreto presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan
esas "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden
adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno
advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las
equivalencias".
Este Consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria,
Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada
por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.
Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para
aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o
"Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a
los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.
Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio
nacional, provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni
estarán afectados por el artículo que sostiene que "en ningún caso" personas
físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el
treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la
titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".
Además la nueva reglamentación supone que todos los "hombres de negocios" que
actúen en una transacción comercial que implique compra venta de tierras, no son
plausibles de ser sancionados.
Por otro lado, los dueños de los campos deberán sólo comunicar cualquier
modificación de la titularidad al Registro Nacional de Tierras.
Eliminan los controles de la AFIP y la UIF
De todos modos, hay un punto que es aún más complejo respecto a las
modificaciones en la parte en que la norma prohibía que se venda a extranjeros
tierras que comprendieran dentro de su extensión recursos naturales vitales para
el país, como lagos, ríos, lagunas, etc.
En este sentido el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) debe confeccionar un mapa
identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada provincia. Si ese mapa no
está realizado, la solicitud de los certificados ante el Registro de Tierras
será acompañada de una Certificación emitida por un profesional idóneo.
Sin embargo, el Registro girará a la autoridad provincial del agua
correspondiente que integra el COHIFE, una nota formal con copia de la carátula
del expediente, la certificación referida y un mapa con la georeferenciación".
Por su parte, la autoridad provincial tiene 10 días hábiles para resolver la
habilitación, si pasó ese período sin ninguna respuesta la certificación es
válida. Entonces, "en vez de establecer una denegación tácita transcurrido dicho
plazo, una funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, Cristina Bruneti, tendrá la
potestad de autorizar una compraventa que incluya un río, por ejemplo, si pasan
nada más que diez días sin que el registro provincial se expida".
Principales puntos
1) Se considera titular extranjero a quien sea titular de "más del 51 % del
capital social de una persona jurídica". Esto cambia la norma kirchnerista ya
que establecía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al
25 %".
2) Presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan los
límites de las hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito, mientras que
la anterior ley establecía reparos respecto a que los titulares extranjeros no
pueden adquirir más de 1.000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona
núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el
sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
3) No habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona
Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial".
4) Las zonas industriales no tendrán límite del 15 % del territorio nacional,
provincial o municipal; ni las 1.000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán
afectados por el artículo que sostiene que "en ningún caso" personas físicas o
jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el 30 %.
Cuestionamientos
La medida es cuestionada por diferentes sectores que ven la amenaza de un
período de extranjerización de la tierra. Los ejemplos concretos son los casos
de los empresarios como Benetton que posee casi un millón de hectáreas en la
Patagonia y que mantiene una abierta disputa con las comunidades agrícolas
Mapuche que también padecen la concentración de tierras de empresarios
nacionales.
Otro de los más notables ejemplo, es el empresario estadounidense Joseph Lewis,
uno de los hombres más ricos del mundo que tiene entre su fortuna al club
Tottenham y a Edenor y que también se ha adueñado del Lago Escondido en el sur.
Mauricio Macri se alojó en casa de Lewis cuando Obama estuvo en Bariloche.
Actualmente, un 16,8% de la tierra adquirida fueron tierras fiscales, es decir
tierra pública, que en algunos casos constituían parques nacionales, bosques y
tierras baldías, pero en muchos otros se trataba de tierras pobladas y
trabajadas por campesinos y pueblos originarios, en muchos casos bajo formas
comunales de tenencia y producción. La instalación de las nuevas inversiones
sobre estas tierras generó multiformes conflictos con las poblaciones asentadas
o vecinas: desplazamientos violentos y forzosos, cercamientos de accesos
públicos a lagos o ríos incluidos en las tierras compradas, cesión irregular de
tierras por parte de algunos provincias, denuncias por contaminación y
desmontes, etc.
La sanción del Decreto 820/2016 también agitó a funcionarios de otras
provincias. El Ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani,
manifestó: "No es una buena señal, definitivamente", y continuó, "la tierra es
un recurso estratégico para el país, y debería regularse la extranjerización de
su propiedad".
Para la abogada Florencia Gómez, ex directora del Registro Nacional de Tierras
Rurales y directora del Grupo de Apoyo de Acceso Jurídico por el Derecho a la
Tierra (GAJAT), el decreto se presenta como "una excusa" para atraer
inversiones. Gómez expresó que lo "grave" de este nuevo decreto es que permite
la "extranjerización a través de la compra de acciones societarias sin un
control claro". Los extranjeros "podrían comprar acciones de empresas y de
pronto adueñarse de una provincia, están levantando la vara y quitando
limitaciones. El decreto avanza sobre el artículo 124 de la Constitución
Nacional que dice que los recursos naturales son de las provincias".
Para la abogada, el decreto va más allá de la mera adquisición de tierras: "Hay
más de un millón de hectáreas en manos de sociedades en paraísos fiscales, el
objetivo es seguir extranjerizando. Es el caso típico para poder esconder el
capital a través de la compra de acciones en distintos inmuebles". Actualmente,
el 6% de las tierras de nuestro país están extranjerizadas y la idea del
gobierno nacional es la de llegar hasta un 15% para recién observar si la ley
puede modificarse o no en forma más detallada. Para Gómez será difícil, "si
abandonan los controles nunca se va a saber si se llega o no al 15%. Ese famoso
6% que parece poco, significan 16 millones de hectáreas, más que la superficie
de Santiago del Estero".
Llegar al 15% de tierras extranjerizadas implica otorgar 41 millones de
hectáreas al capital financiero externo, lo que equivale a tres provincias.
Gómez remarca lo irregular del decreto y afirma "estamos analizando iniciar
acciones por recursos de inconstitucionalidad, con recursos de amparo para
suspender esta medida porque entendemos que hay afectación colectiva que afecta
a todos los argentinos".
Otra de las voces disidentes sobre la medida fue la Federación Agraria que
expresó a través de un comunicado de prensa: "Una semana antes del Bicentenario
de la Independencia, el peor homenaje a nuestros próceres es el de entregar los
recursos naturales y favorecer la concentración".
Continúa la expulsión de familias campesinas
Cumpliendo con la orden del Juez Penal de Esquel Ricardo Rolón y del Fiscal
General Oscar Oro, la Guardia de Infantería de la policía de Chubut y de la
Unidad de Abigeato reprimió el martes 29 de junio a la comunidad del Lof Mapuche
en resistencia del Departamento de Cushamen, territorio ubicado en Vuelta del
Río, entre las ciudades de Esquel y El Maitén de la provincia de Chubut. Las
tierras mencionadas fueron recuperadas de las garras del magnate Luciano
Benetton.
La represión se inició al amanecer, cuando la claridad empezaba a mostrarse en
la estepa patagónica. No hubo distinción alguna, disparaban tanto a hombres,
mujeres y niños. La excusa para ejecutar los disparos fue un supuesto robo de
ganado en terreno de la familia Benetton. Las fuerzas de seguridad provinciales
emprendieron con balas de goma y gases lacrimógenos contra las familias
mapuches, hubo varios heridos producto del alcance de los proyectiles en las
piernas, el pecho y los brazos. Integrantes de la comunidad llegaron a encontrar
242 cartuchos de color verde calibre 12/70 con la inscripción anti-tumulto.
Julio Saquero Lois, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.
– Chubut), relató lo sucedido en la madrugada del 29 de junio: "Grande fue la
sorpresa y el miedo de los pequeños al despertar con la gritería policial y
grande fue la reacción de la comunidad que eludiendo balas de plomo, perdigones
de goma y gases lacrimógenos, logró con sus armas ancestrales, hondas y piedras,
resistir y luego perseguir entre matas y lomadas a los oscuros hasta hacerlos
abandonar el predio". La feroz represión continuó durante dos horas.
El 27 de mayo pasado la policía de la provincia de Chubut junto a la gendarmería
y el grupo GEOP desalojaron los territorios ancestrales que el Lof en
Resistencia del departamento de Cushamen se propuso recuperar. Hubo siete
detenidos, entre ellos, Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba una orden de
captura internacional. En declaraciones a la Agencia de Noticias La Vaca,
Martiniano Jones Huala, vocero de la Red de Apoyo, describió el momento: "Era
impresionante la cantidad de armas que había. Fue muy violento, hacía mucho
tiempo que no veía tanta violencia. Nos pegaron y nos tiraron gas lacrimógeno".
Esta cronología de sucesos represivos desembocó en la amenaza por parte del
Defensor Oficial de Esquel, Fernando Radziwilowski, de realizar una presentación
ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) como última
instancia para frenar la escalada de violencia financiada por la familia
Benetton y ejecutada por las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut.
En Neuquén, dos integrantes de la comunidad mapuche Felipin serán enjuiciados
por usurpación, por ingresar en un campo privado que la comunidad reclama como
propiedad ancestral. La causa, impulsada por la fiscalía de Zapala, se originó a
partir de la ocupación de parte de una estancia privada en la zona del paraje
Espinazo del Zorro, aproximadamente a mitad de camino entre Zapala y Aluminé.
Silavayn Boez Louis George compró mil hectáreas de tierra desde París. Nunca
pisó, ni conoce las tierras que compró. Sólo sabe que debe desterrar a las
personas que allí habitan hace, por lo menos, 100 años. El poder estatal,
judicial y las fuerzas de seguridad operan sincronizados para acompañar la
voluntad de los intereses extranjeros.
Hasta 2015, en Neuquén había 80 causas contra mapuches por usurpación y en Río
Negro 60. Ambos distritos suman 347 acusados por este delito, según el
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la Patagonia.
También en el norte
El pasado sábado 2 de julio, después del mediodía, 6 camionetas con gente armada
y encapuchada, comandadas por Orlando Canido ( Dueño de Gaseosa Manaos) y sus
matones Lachi Letonay y Adrián Corico, ingresaron a la Comunidad del Bajo Hondo,
que resiste desde hace más de 3 años a los intentos de desalojo.
Después de amenazar de muerte a las familias y mientras un grupo tenía apuntando
a los niños y mujeres de la comunidad, otro grupo prendió fuego a dos viviendas,
a los corrales, destruyó bebederos y largaron veneno y escombros al único pozo
de agua potable de la comunidad.
Los hechos muestran la actitud violenta, paramilitar y propia de otras épocas
del empresario Orlando Canido, en sus intentos por apoderarse de las tierras
campesinas indígenas de toda la zona, con la complicidad del poder judicial de
Santiago del Estero.
Una nueva ola de violencia por parte de los empresarios, con la complicidad de
jueces como Tarchini, Moreno, LLanos, Mansilla y Torrellio, se está extendiendo
por la provincia. Hace menos de un mes fue apuñalado un campesino por defender
sus tierras.