Miles de mujeres recurren cada año a abortos clandestinos e inseguros. En la Argentina, se habla de cifras que van entre 460 mil y 600 mil casos. La ilegalidad de esta práctica se choca con una realidad que sucede día a día, es decir que la penalización no impide de manera alguna su práctica. Esta hipocresía social la pagan las mujeres con su cuerpo. Reproducimos la nota de escrita por Melanie Timpanaro y Paula Calgaro, con ilustración de Giya Zabalza, publicada en la Revista Otro Viento de mayo.

Miles de mujeres recurren cada año a abortos clandestinos e inseguros. En la Argentina, se habla de cifras que van entre 460 mil y 600 mil casos. Más aún, según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, es la primera causa de muerte materna dejando un saldo de mucho más de 100 víctimas al año.

La ilegalidad de esta práctica se choca con una realidad que sucede día a día, es decir que la penalización no impide de manera alguna su práctica. Esta hipocresía social la pagan las mujeres con su cuerpo.

El aborto es una práctica frecuente que no tiene distinción de clase social, pero por el contrario, sí existen diferencias en el modo de realizarlo. Las mujeres en situaciones económicas favorables tienen acceso a abortos en mejores condiciones, realizados en clínicas aptas y, primordialmente, llevados a cabo por profesionales capacitados, entre otras cosas. Pero, para acceder, deben contar con un monto que circula entre los 6 mil y 10 mil pesos.

Estas cifras altísimas no solo dejan afuera de la posibilidad de acceder a una intervención segura a las mujeres de bajos recursos, sino que tampoco se lo permite a mujeres de clase media cuyos sueldos, en promedio, no cubren el importe de dicha intervención.

Aquí hay una doble discriminación: hacia la mujer al no dejarla decidir sobre su cuerpo y hacia aquellas que carecen de recursos y se someten a métodos con alto grado de peligrosidad, teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar, según su Constitución, la salud para todas las personas.

El hecho de no poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, no hace que las mujeres desistan de su decisión sino que las obliga a buscar nuevas alternativas. En la actualidad una de las formas de aborto seguro, de mayor acceso y más barato, es el "aborto con medicamentos". Esta práctica tampoco es conocida por el total de las mujeres, ya que no siempre es fácil llegar a la información completa y correcta.

El libro Todo lo que querés saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas compilado por la asociación Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto, informa sobre cómo realizarse un aborto con el uso del misoprostol, hasta la semana doce de embarazo. Brinda además, información sobre qué hacer luego de realizada la interrupción del embarazo con este método: dirigirse a la guardia clínica para ser atendidas. Aclara también, que los médicos no pueden negarse a atenderlas. No es necesario informar (informar, no confesar) que se han realizado un aborto con medicamentos ya que no hay forma de reconocerlo o diferenciarlo de un aborto espontáneo.

Existe en la mujer el mandato de "maternidad obligatoria" que responde también a la concepción heterosexual del mundo, donde lo "ideal" es que una mujer se case y tenga hijos/as excluyendo todo tipo de posibilidades como tener una pareja del mismo sexo, decidir no ser madre, entre otras. Toda esta concepción influye a la hora de hablar de que la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo pase a la legalidad porque va en contra de lo que se considera como ‘natural’ en la sociedad.

El hecho de haber nacido mujer y de tener la posibilidad de gestar no es motivo obligatorio para ser madre, ello debe ser una decisión.

Ahora, ¿qué sucede con el hombre y el aborto? La figura masculina es indispensable para que un embarazo suceda pero a éste no se le da responsabilidad alguna ni desde lo social ni desde lo legal. El Código Penal de la Nación, por ejemplo, toma como delito las prácticas de aborto, salvo tres excepciones, y penaliza tanto a la mujer que se lo realiza como al médico/a que lo practica y en ningún momento siquiera, se habla del hombre responsable de ese embarazo. Ésta criminalización de la mujer responde a una construcción social de tipo patriarcal, cosa que no sucede con los hombres, ya que no existe ninguna ley que les impida tener derecho y decisión por sobre su cuerpo.

Además, este asunto viene atravesado por el incumplimiento de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y la deficiencia de los centros médicos en la distribución tanto de información como de métodos anticonceptivos para hombres y mujeres. Retomando el slogan de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que plantea, como primera opción, la educación sexual para decidir, luego anticonceptivos para no abortar, y como última instancia el aborto legal para no morir, se puede observar la ineficiencia del problema desde la raíz: la desinformación sobre la sexualidad. No sólo respecto a los métodos de anticoncepción sino también sobre el tema del aborto mismo ya que brindar información no es un delito y los/as profesionales de la salud tienen el deber de hacerlo.

Varios proyectos de ley han sido presentados al correr de los años en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Las razones por las cuales han sido cajoneados y aún hoy se sigue hablando del aborto "homicidio", radican en varios ejes pero uno de los principales es la posición y el poder que tiene la Iglesia católica al respecto. Esta institución funda su posición en la creencia de que el embrión es ser humano a partir de la concepción, en contradicción con la teoría de que un feto es un potencial ser humano, el cual carece de viabilidad, no puede sobrevivir fuera del útero de la madre.

Con la reciente figura del "Papa argentino" se complica aún más la legalización del aborto porque, que Francisco I este al frente del Vaticano, teniendo en cuenta su postura ultraconservadora, es una cuestión principalmente política que incide en el gobierno y más luego de que la Presidente haya salido públicamente a felicitarlo.

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires, se ha avanzado en una resolución donde, en los casos de aborto no punible, a las mujeres no se les exigirá acreditar insania ni riesgo de vida para llevarlo a cabo. Otras medidas que se han tomado incluyen que no se necesita el consentimiento del padre o madre, en caso de tratarse de una menor de edad, y que no hay una limitación temporal para realizarlo en caso de tratarse de una violación.

Todos estos ejes se aplican a la realización de abortos que no son penados por la ley, es decir, que sigue negando una realidad que existe y por ende miles de mujeres seguirán muriendo por abortos clandestinos e inseguros hasta que, de una vez por todas, se sancione una ley que despenalice y legalice el aborto en la Argentina.

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