El presente material pretende aportar un conjunto de reflexiones sobre la coyuntura que en t�rminos econ�micos estamos transitando. Se trata de un conjunto de aportes que no buscan otra cosa que compartir una determinada mirada sobre la coyuntura a efectos de someterlo al debate con todos aquellos compa�eros deseosos de poner en cuesti�n el "relato dominante" y compartir una estrategia en pos de asumir los profundos desaf�os que la coyuntura nos demanda. A tal fin, nos ha parecido propicio presentar nuestras reflexiones en base a una serie de puntos que consideramos relevantes. Sin embargo, estos puntos est�n puestos para hacer m�s esquem�tica la lectura y no son independientes los unos de los otros.

Por �ltimo, estas reflexiones fueron realizadas con anterioridad a la masacre ferroviaria del 22 de febrero, as� como del discurso presidencial de la apertura de sesiones legislativas del 1ero de marzo. Se trata de dos eventos sobre el que o bien ya realizamos alg�n material (en el caso de la masacre ferroviaria) o que estamos en proceso de elaboraci�n (discurso presidencial). No obstante, ambos eventos no solo no contradicen las reflexiones que nutren este material sino que en varios aspectos los refuerzan (lamentablemente en el caso ferroviario), y en la medida en que se ha podido, se ha incorporado referencias a los mismos en el texto que ponemos a su disposici�n.

La etapa en la que estamos puede caracterizarse en t�rminos econ�micos como la permanencia del agotamiento de las condiciones internas que permitieron realizar el crecimiento acelerado (o crecimiento f�cil) vivido en los a�os que van de mediados del 2002 hasta finales del 2006. Desde el a�o 2007, una a una, las condiciones internas que permitieron aquel crecimiento muestran una clara modificaci�n respecto al que exhib�an en los a�os previos. As�, la brutal regresi�n del ingreso del a�o 2002, las elevada capacidad ociosa en las firmas, la disponibilidad de infraestructura econ�mica que hicieron posible el r�pido crecimiento econ�mico, han mutado en una recomposici�n relativa de la distribuci�n del ingreso (que permiti� salir del infierno del 2002 pero sin llegar a los valores de 1998), en una utilizaci�n casi plena de la capacidad instalada, y en la constataci�n de significativos niveles de obsolencia y d�ficit en importantes segmentos de la infraestructura econ�mica (transporte en primer lugar como fatalmente ocurriera en estos d�as, pero tambi�n en el sector energ�tico en un lugar central). Hemos ya se�alado en otros materiales que esto ha sido as� porque el crecimiento "f�cil" del per�odo anterior se realiz� sobre la base de aprovechar las condiciones expuestas antes que a plantear nuevas bases que supusieran un cambio estructural en el modo de funcionamiento de la econom�a argentina. Dicho de otro modo, frente a la decisi�n de no modificar las condiciones estructurales que definen la organizaci�n econ�mica de la sociedad, el crecimiento facilitado por las condiciones internas mencionadas, fue paulatinamente agotando dichas condiciones. Es entonces el agotamiento de las condiciones internas las que ponen fin a la etapa de crecimiento f�cil, y es esta nueva etapa, donde el crecimiento econ�mico exhibe problemas significativos los que, con diversas intensidades, han recorrido la coyuntura econ�mica desde el 2007 hasta nuestros d�as.

Entre las m�ltiples modificaciones econ�micas que presenta la nueva etapa, una de ellas sobresale por su importancia y significaci�n: nos referimos a la emergencia de un persistente, estable y no menor proceso inflacionario que, negado por el gobierno, ha cumplido la funci�n de congelar la tibia recomposici�n social vivida en el per�odo anterior, a trav�s de un mecanismo que tiende a diluir –y en algunos pocos casos a mejorar en el margen - los aumentos nominales obtenidos por los diversos componentes de los ingresos populares (salarios, jubilaciones, asignaciones familiares y en menor medida los planes sociales). Vale aclarar que este cuadro general es v�lido como situaci�n media social, pero que en su interior esconde realidades tan dispares como la creciente mejora por encima de la inflaci�n de los segmentos medio-altos y altos de la sociedad, as� como el empobrecimiento material de los sectores m�s vulnerables cuyos ingresos no se actualizan (en el caso de los planes sociales) y si lo hacen est�n muy por debajo del aumento del precio de los alimentos (a los que este sector destinan una porci�n significativa de sus ingresos).

Algunos datos de la etapa

El cuadro expuesto puede sintetizarse constatando que mientras el PBI (es decir la generaci�n de riquezas) creci� entre el 2006 y el 2011 en un 40% (estimaci�n oficial) y un 25% (estimaci�n propia), la pobreza se mantuvo pr�cticamente en el mismo nivel que en el 2006 (en torno al 30%) la indigencia (es decir las personas que pasan hambre) pas� del 11% al 15% (es decir un crecimiento del 40% en la tasa), la tasa de empleo pr�cticamente se estanc� (en rigor creci� apenas un 3% al pasar del 42,1% al 43,4%), y los salarios han tenido una evoluci�n real del 10% (como consecuencia de un aumento nominal de salarios del per�odo de 185% y un aumento de los precios del 170% y no del 60% como miente el gobierno a trav�s de la intervenci�n del INDEC). Resulta claro entonces, que en materia de desempe�o econ�mico, esta nueva etapa combina un menor crecimiento, con mayor volatilidad (esto es con a�os de ca�da del PBI como el 2009 y de menores tasas de expansi�n del nivel de actividad como el 2008), que ha congelado el cuadro social al tiempo que ha expandido los m�rgenes de desigualdad vigentes (por v�a de la ampliaci�n del excedente empresario y la mayor brecha entre las distintas franjas sociales).

Lo expuesto corresponde con una primera mirada, que si bien es cr�tica sobre la etapa que transitamos, no deja de navegar en la superficialidad de los fen�menos econ�micos. Agregar mayor profundidad supone considerar que el fen�meno inflacionario, que congela el cuadro social, no es un acontecimiento ni natural (que no se puede modificar) ni extra-terrenal (que no se puede explicar). La emergencia del proceso inflacionario est� �ntimamente vinculada con el modo en que la estructura econ�mica vigente responde frente al agotamiento de las condiciones que facilitaron el crecimiento acelerado de la etapa anterior. Dicho en criollo, es la particular conformaci�n del poder econ�mico vigente en nuestra sociedad la que utiliza el proceso inflacionario para resolver los dilemas que la nueva etapa le plantea al proceso de acumulaci�n de capitales de la Argentina. La inflaci�n es as� el mecanismo que le permite al poder econ�mico frenar la mejora en la recomposici�n social, al tiempo que impacta positivamente en las cuentas p�blicas para intentar resolver, v�a subsidios y obras p�blicas, los d�ficits que en materia de inversiones e infraestructura se evidencian. Ahora bien, la inflaci�n es el mecanismo que permite corregir en parte los problemas que presenta la acumulaci�n del capital por parte de los segmentos m�s concentrados del mismo, por la sencilla raz�n de que todo el per�odo vivido del 2003-2006 lejos de revertir los grados de concentraci�n y centralizaci�n del capital los mantuvo y los profundiz�. Este dato es el resultado obvio al que se llega luego de que transitada la etapa de crecimiento acelerado no se tomaron las definiciones que permitieran a la Argentina afrontar un cambio estructural que modificara la distribuci�n del poder econ�mico. En este marco el resultado obvio luego de un quinquenio de crecimiento a tasas chinas es que el poder de mercado de las principales firmas, en lugar de menguarse se acrecentara, permitiendo con ello sentar las bases para definir el movimiento de los precios por parte de estos actores.

La inflaci�n es un mecanismo de correcci�n para la acumulaci�n del capital a todas luces insuficiente y portadora de conflictos a la vez. Esta doble cualidad indisolublemente ligadas del proceso inflacionario, o si se prefiere esta contradicci�n inherente al proceso en s�, opera porque en una econom�a que se orienta al abastecimiento de materias primas al mercado mundial y de productos importados para el consumo medio-alto y alto, la punci�n sobre los ingresos de los sectores populares que requiere el capital para mantener su proceso de acumulaci�n no puede generarse sin al mismo tiempo producir un fuerte malestar social, latente o expresado en conflictos crecientes, que tienden a debilitar el consenso sobre el rumbo econ�mico. Por ende la inflaci�n no resuelve los problemas que presenta la etapa, sino que simplemente agrega recursos fiscales y tambi�n conflictos sociales a la nueva etapa. Es por esta doble cualidad, de mecanismo corrector pero insuficiente y conflictivo a la vez, que el fen�meno inflacionario se ha sostenido por largo tiempo a tasas que si bien son elevadas (en torno al 25% anual) no se han desbordado en un proceso inorg�nico, sino que cumple principalmente la funci�n de mantener a raya la recuperaci�n de los ingresos populares.

Frente a esta insuficiencia de la inflaci�n para realizar la punci�n sobre los ingresos de los sectores populares en la magnitud que requiere la reproducci�n del conjunto social (y en primer lugar del proceso de acumulaci�n de los principales agentes econ�micos que definen al poder econ�mico de la Argentina) es que la etapa que transitamos es pr�diga de una serie de "innovaciones de pol�tica econ�mica de fuerte tinte progresista". Nos referimos con ello a las medidas que impulsadas y definidas por la administraci�n estatal remiten a las hist�ricas banderas del movimiento popular pero que tienen por objeto servir como fuente de financiamiento para darle aire y perspectiva a una organizaci�n social donde prima la desigualdad. As�, medidas como la fallida "resoluci�n 125", la estatizaci�n de las AFJPs, el uso de las reservas del Banco Central (y el reciente proyecto de modificaci�n de su carta org�nica), la reciente decisi�n de revisar los subsidios a las tarifas de los servicios p�blicos e incluso los planteos recientes que se enarbolan en torno de la discusi�n con las petroleras, todas ellas grosso modo necesarias pero no exentas de problemas por dem�s significativos (y no nos referimos solamente a la famosa "resoluci�n 125") han tenido m�s que ver con tratar de agregar recursos a la ecuaci�n fiscal del Estado (frente a la insuficiencia del financiamiento inflacionario) antes que conformarse como parte de una estrategia dirigida a replantear de manera estructural la matriz distributiva (es decir el conjunto de relaciones sociales b�sicas) en la que se asienta la sociedad argentina. Esta claro que estas medidas han supuesto en la pr�ctica una redefinici�n del pacto de gobernabilidad entre los sectores dominantes y el elenco gubernamental no exento de conflictos y tensiones entre los mismos. Sucede que en la nueva etapa ya no se puede articular crecientes grados de apropiaci�n del excedente por parte del conjunto de los sectores dominantes con las cuotas de legitimidad y consenso en el que se sostiene la gesti�n gubernamental. Por ende, todos los conflictos que se han derivado de la puesta en pr�ctica de las "medidas progresistas" de la etapa han combinado un cierto enfrentamiento con alg�n fracci�n de los sectores dominantes por parte de la gesti�n de gobierno y al mismo tiempo una cierta alianza o acuerdo con otra fracci�n del bloque de poder (as� la "resoluci�n 125" pon�a en pie de guerra a los productores agropecuarios sin distinci�n pero se articulaba con el acuerdo de las aceiteras; la estatizaci�n de las AFJPs eliminaba un ping�e negocio de corto plazo para algunos segmentos del sistema financiero pero a la vez supon�a evitar el costo de mediano plazo de afrontar la deuda previsional de este sistema al tiempo que se vinculaba con los intereses de los acreedores de deuda p�blica ya que la medida buscaba y consigui� resguardar la capacidad de pago estatal ; del mismo modo, el uso de reservas del banco central encontr� en el sistema financiero y en los acreedores sus principales defensores puesto que fue una medida destinada a garantizar los pagos de deuda). Cierto es que, aun con las imperfecciones e impurezas del caso, es mejor que las medidas tomadas se hayan realizado puesto que mejora la perspectiva para una estrategia que pretenda ampliar los m�rgenes emancipativos de la sociedad. Tan cierto lo dicho, como que la raz�n y la concreci�n de las medidas no tuvieron nada que ver con la puesta en marcha de un cambio estructural sino m�s bien con reproducir, en una coyuntura m�s estrecha, los factores de poder que, una y otra vez, rigen los destinos de nuestro pa�s. As� de compleja, ambigua y rica es la coyuntura que atravesamos.

Llegado a este punto corresponde situar lo que desde nuestra perspectiva constituye el punto nodal que organiza la coyuntura econ�mica que transitamos: nos referimos a la evidente ausencia, en calidad y magnitud, de la inversi�n necesaria para sostener el ritmo del crecimiento econ�mico. No otra cosa, sino la decisi�n por parte de las principales firmas de retacear, e inhibir un proceso de inversi�n es el que expresa el mantenimiento sostenido de una significativa tasa de inflaci�n. Son razones estructurales las que definen este comportamiento, am�n de la voluntad consciente de sus actores. Despejando la animosidad empresaria, siempre vigente y a todas luces complacidas con el crecimiento vivido (que le ha permitido ampliar en niveles in�ditos sus excedentes), es el particular modo en que se reproducen los capitales en la econom�a argentina y la particular composici�n de los mismos, los que explican el comportamiento adverso al proceso inversor que demuestran estos actores. Dicho en criollo, porque el proceso de acumulaci�n de capitales de nuestro pa�s se desarrolla por medio de la captura de ganancias extraordinarias a trav�s de la explotaci�n-depredaci�n de nuestro recursos naturales (agroindustria, miner�a, petr�leo e hidrocarburos, pesca, etc) ; de un abaratamiento general de la mano de obra y de la conformaci�n de mercados oligopolizados, es que la inversi�n, esto es, la decisi�n de los empresarios de destinar una porci�n significativa de sus excedentes a ampliar su proceso de acumulaci�n, brilla por su ausencia, ya que los capitales en la Argentina, o mejor, los capitales dominantes, se acumulan sin demandar inversi�n (rasgo evidentemente sist�mico del car�cter capitalista que presenta esta formaci�n econ�mica)

De este modo, a pesar del discurso "desarrollista" de la gesti�n, lo cierto es que este comportamiento ha tenido un resultado casi de espejo en materia de balanza comercial. En efecto, las pocas inversiones presentes (dominantemente destinadas a mantener las posiciones relativas y a evitar la obsolencia tecnol�gica de las principales firmas) han estado atadas a la evoluci�n de las importaciones industriales, dando por tierra las lecturas oficiales que hablan del "proceso de sustituci�n de importaciones"(1). Sin embargo, este rasgo que estuvo presente a lo largo de toda la etapa de crecimiento acelerado, cobra vital importancia a partir del recrudecimiento de la fuga de capitales, que como una marca adicional de la nueva etapa, emerge con virulencia en el 2008, se aten�a pero a niveles aun significativos durante el 2009 – 2010, y recrudece en niveles pr�cticamente similares en el 2011 al pico del 2008. As� la fuga de capitales acaecidas en esta etapa, y principalmente en el �ltimo a�o, pone en jaque la capacidad de las exportaciones y su obtenci�n de divisas, para hacer frente al conjunto de operaciones que se realizan en base a la moneda extranjera (compra de importaciones, pago de deuda en d�lares, remisi�n de utilidades de las firmas extranjeras y la fuga de capitales de los residentes locales, entre otros). Es este cuadro de situaci�n el que pone fin a una de las variables que en el discurso oficial se presenta como muestra de la "fortaleza" del modelo econ�mico: el super�vit externo, el cual ya no puede proveer los d�lares necesarios que demanda el funcionamiento econ�mico vigente, y amenaza por tanto en impactar modificando el valor de un precio clave en la econom�a argentina, como lo es el d�lar.

Frente al descalabro que supone en materia de organizaci�n econ�mica la modificaci�n de una variable clave como el d�lar, que tiene impacto inmediato en el sistema de precios, en el nivel de actividad, en la situaci�n social, entre otros m�ltiples aspectos que reflejan la composici�n extranjerizada de la estructura econ�mica vigente, el gobierno ha impuesto una serie de medidas (obligaci�n por parte de las petroleras y mineras de liquidar las divisas en el pa�s, control sobre la compra de billetes y a la transferencias al exterior) que constituyen una estrategia dirigida a administrar y contener el conflicto cambiario. Esta estrategia de administraci�n y contenci�n no ha estado exenta de significativos discursos oficiales, principalmente de la Presidenta, denostado el comportamiento especulativo en relaci�n con el d�lar por parte de los demandantes de los mismos y principalmente de la firmas. Se ha bautizado a esta estrategia, en palabras de la propia Presidenta como "la etapa de la sinton�a fina", reconociendo con ello, tard�amente, el cambio en la etapa econ�mica. Sin embargo, esta sinton�a fina, tambi�n nombrada por parte de la m�xima autoridad pol�tica del pa�s, como "el fin de la Avivada" (a lo que corresponde interrogarse sobre las razones de que reci�n ahora, luego de 8 a�os de gesti�n se reconozcan las supuestas "avivadas") tiene mucho m�s que ver con una estrategia donde a la par que se desacredita p�blicamente el comportamiento empresario, pretende cosechar comportamientos "virtuosos" por parte de los mismos sin alterar las condiciones estructurales que definen, m�s all� de la voluntad, la racionalidad de la toma de decisiones de estos actores. Dicho en criollo, esta estrategia, que tambi�n puede denominarse como "administraci�n del conflicto a los sopapos" tiene la doble virtud de se�alar, siquiera tangencialmente, las dificultades que en materia econ�mica atravesamos en esta etapa, al tiempo que permite visibilizar a parte de los agentes concretos que est�n por detr�s de los mismos; pero tiene el defecto de no modificar los contenidos que presenta la regulaci�n p�blica, manteniendo por esta v�a, la reproducci�n de las condiciones estructurales que definen el comportamiento de estos actores.

En el caso del d�lar, la estrategia de la "sinton�a fina" realiza una denostaci�n p�blica de la remisi�n de utilidades de las principales firmas extranjeras, as� como al elevado coeficiente importador de las mismas, a la que se acompa�an con medidas que si bien son importantes (como el control cambiario, la licencia por importaci�n) no son de la envergadura para hacer frente al desaf�o que plantea esta problem�tica (por ejemplo, la discusi�n sobre la extranjerizaci�n productiva, la falta de un proyecto de reindustrializaci�n, etc).

En el caso de la reciente discusi�n con las petroleras(2), la "administraci�n del sopapo" se expres� en la denostaci�n p�blica de los comportamientos anti-competitivos (caso de la denuncia a las petroleras por vender con un sobreprecio a las transportistas el combustible, la falta de inversi�n en las �reas de concesi�n, etc) que parece estar m�s atado al modo en que el sector encarar� el abastecimiento interno sin presionar excesivamente sobre el balance de divisas antes que a modificar la regulaci�n estatal sobre el sector (revisando los decretos menemistas que fijaron a los hidrocarburos como simples mercanc�as y no como bienes p�blicos de car�cter estrat�gico para el desarrollo y la libre disponibilidad del crudo por parte de las firmas) que permitir�an al Estado capturar una parte mayor de la renta petrolera (en tanto el precio del barril supera los U$S 70 y su costo est� en torno de los U$S 12) garantizando el abastecimiento energ�tico a precios acordes con el costo de producci�n local y concretando las impostergables inversiones en materia de exploraci�n, distribuci�n y transporte que demanda el cuadro energ�tico vigente.

Est� claro que asumir los desaf�os que plantean la nueva etapa supondr�a modificar la "sinton�a fina" o "la administraci�n a los sopapos", tanto da, por una estrategia dirigida a replantear las aspectos estructurales que est�n por detr�s de los problemas que atravesamos. En apretada s�ntesis, se trata de pasar de un econom�a motorizada por el mercado mundial y el consumo de altos ingresos por otra que haga depender el ciclo econ�mico de la evoluci�n del consumo popular como eje fundamental de la demanda, que permita a su vez construir una plataforma end�gena para hacer posible un proceso de REINDUSTRIALIZACION en base al control p�blico (Estado m�s Comunidad) del proceso de inversi�n. Resulta claro que la opci�n que le oponemos a la estrategia asumida por el gobierno requiere de un fuerte grado de cohesi�n pol�tica para hacer frente a la disputa con el Poder vigente. Estamos convencidos, que el respaldo popular con que cuenta la gesti�n, tanto en el reciente resultado electoral (54% de los votos) como en el consenso social que adquiere el discurso de denostaci�n a la c�pula empresaria (es decir, el aval social al "sopapo" a las firmas), son muestras elocuentes de que se puede transitar este camino. Tambi�n estamos convencidos que no hacerlo tampoco es gratis para la actual gesti�n, en tanto, la sola denostaci�n p�blica es ineficaz para producir el cambio en los comportamiento empresarios que los desaf�os econ�micos demandan (y en tanto no lo hagan transforman en vac�as o carentes de efectos, las palabras presidenciales). Pero tambi�n somos conscientes que, avanzar en el cambio estructural, supondr�a una modificaci�n abrupta de la base de sustentaci�n pol�tica de la actual gesti�n, que incluye en un lugar privilegiado pero silenciado, por m�s que no se la quiera escuchar o se los pretenda negar, a los poderes econ�micos instituidos. Claro est�, que aunque su base de sustentaci�n pol�tica se ancle en el poder econ�mico vigente, la actual gesti�n no es neutra, muy por el contrario, respecto al grado de consenso social que se muestra en cada coyuntura. Su condici�n de permanencia en la administraci�n del aparato estatal es, como para cualquier elenco gubernamental, los grados de legitimidad pol�tica que en cada momento detenten. Es por esta raz�n, que frente a los atisbos de deterioro en la legitimidad pol�tica fruto del cambio de etapa econ�mica, es que la actual administraci�n demostr� tener una capacidad de innovaci�n de pol�ticas econ�micas de elevado consenso para dar aire y perspectiva a la reproducci�n social (como ya lo se�al�ramos en el punto "sobre las medidas progresistas…") y en la actual coyuntura pretende cosechar una mejor performance empresaria en materia de inversi�n sobre la base de la "administraci�n del sopapo" pero sin modificar los aspectos estructurales que est�n por detr�s de los problemas que expresa la coyuntura.

Notas.

1) Con posterioridad a este material una medida ya mencionada en el texto ha cobrado centralidad, se trata del control de las importaciones (pr�cticamente no se puede importar sin los permisos gubernamentales) y los crecientes problemas que en materia productiva se han derivado de la misma. Este hecho refleja dos cuestiones: a) la ausencia del proceso previo de "sustituci�n de importaciones" y b) la envergadura que adquiere la crisis del super�vit externo, en tanto esta medida intenta dar respuesta a esta problem�tica y se desentiende de la cuesti�n productiva.

2) En el momento que se escrib�a este material reci�n estaba en sus inicios la discusi�n entre Repsol y el Gobierno Nacional. No obstante los acontecimientos posteriores no alteran lo hasta aqu� enunciado, puesto que por ahora solo se avanz� en la quita de �reas de concesi�n de Repsol marginales o ya sin producci�n y a�n no se han discutido la normativa sectorial que define los comportamientos estructurales de Repsol y del conjunto de firmas oligopolizadas y extranjerizadas del sector.