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Todo análisis medianamente serio sobre la situación de la clase trabajadora en la Argentina en el contexto de la última década, se encuentra con un problema inicial de dificultosa solución. En efecto, los datos estadísticos con que se cuentan son o directamente descartables o de dudosa credibilidad. En el primer segmento, y lamentablemente, debemos ubicar a los datos que maneja el INDEC y que ya por exceso resultan absolutamente increíbles para todos los sectores sociales que de una manera u otra necesitan esa información tanto para sus actividades financieras, industriales y comerciales, como para aquellos que deben usar estas variables para discutir convenios colectivos, salarios, costo de vida, etc. Por otra parte, las encuestadoras privadas en su amplio marco, abarcan aquellas con intereses concretos y que por ende también sus encuestas resultan parciales y por tanto erróneas, o aquellas otras que no cuentan con todos los elementos técnicos o humanos para garantizar la justeza de sus conclusiones. Con esta salvedad, intentaré resumidamente, tratar un tema tan delicado y esencial como la situación de la clase obrera en la última década.

No debemos olvidar para comprender el período en cuestión, la situación previa que desembocó en la crisis del 2001, pues su grado de importancia es vital para analizar de donde venimos y donde nos encontramos. La década del 90 con el desarrollo a ultranza del modelo neoliberal, generó un cuadro de deterioro salarial y desocupación de una envergadura que solo se puede comparar con la crisis del 30. Es así que a fines de los 90, la desocupación rondaba el 20% y los salarios y la distribución de la riqueza marcaban records históricos en beneficio de los sectores dominantes de la economía.

Queda claro, más allá de las estadísticas, que en el período que se inicia con el gobierno de Néstor Kirchner, se produjo un cambio notorio de la situación de los trabajadores en relación a la crisis citada. En efecto, luego de ocho años de gobierno (Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández) la desocupación bajó al actual 7,6% y los salarios recuperaron los valores similares al período anterior a la crisis del 2001. La distribución de la riqueza mantiene un grado de inequidad notorio, pese a que se ha incluido a vastos sectores al consumo mediante la ocupación por una parte y los planes de asistencia social por otra.

Hemos tenido un período prolongado con un aumento del producto bruto interno realmente muy importante, donde una situación internacional inédita que ha favorecido marcadamente a toda la región más políticas de estado en el marco distributivo y asistencial indicado, lograron mejorar la situación de los trabajadores con relación a la etapa critica señalada. Esto ha venido acompañado de una acotada intervención en el campo de la legislación laboral, donde se modificaron algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo en temas que hacen a las relaciones individuales de trabajo, trabajo de inmigrantes, nueva ley del peón rural recientemente aprobada y fundamentalmente la estatización del sistema jubilatorio, aspecto que merecería un tratamiento especial, pues pese a su progresividad conceptual, deviene también de una situación de crisis de las AFJP que parecieron hasta regocijarse con la medida.

Luego de varios años de recuperación del empleo, pareciera que se hubiera ingresado en una meseta de la cual resulta complicado salir, pues todas las variables y la situación de crisis internacional empujan a una moderación sino a un ajuste en la economía. Es de resaltar que obviamente el 7,6% de desocupación arribado es un porcentaje muy importante con relación al 20% que indicaba el 2001, pero aún se encuentra por encima de 6,5% del principio de los 90 y mucho más del 5% que fue la media histórica del último medio siglo. O sea que debemos considerar, que aún los trabajadores no han recuperado el empleo del cual gozaban desde el 50 al 90 como promedio. Todo ello sin considerar a aquellos que ya no buscan trabajo y están fuera de todas las estadísticas y que algunos encuestadores ubican alrededor de un 20%.

Igual situación se da con los salarios, donde pese a la recuperación, se estaría arribando a valores similares a los del período 90/92, pero aún lejanos a los valores de los primeros años de la década del 70. Si esto lo contrastamos con que la tasa de ganancia de las empresas promedio es del 14,2% en el período 2002/2009, superando al 9% del lapso 1993/2001, vemos como la distribución de la riqueza se ha mantenido y acentuado en un único sentido.

Otro aspecto esencial se refiere a la precarización laboral que, aún con sus variables, se mantiene en porcentajes absolutamente altos y aparece como un dato estructural del funcionamiento de la economía. El 35% promedio de trabajadores sin registrar es un dato alarmante de la realidad social y una evidente variable de la economía. Pareciera que esta forma de relación laboral se ha "institucionalizado" y es una de las formas de mantener un techo salarial promedio. Obsérvese que el salario promedio en la Argentina ronda los $ 2.500.- y que obviamente no cubre la canasta familiar ni las reales necesidades elementales de los trabajadores. Si a ello agregamos que hay un número indeterminado, pero importante, de trabajadores parcialmente no registrados (falsa media jornada, parte del salario sin registrar, fecha de ingreso falsa, etc.) o con contratos fraudulentos (pasantías, locación de servicios, contratos supuestamente temporales), sin contar con los trabajadores contratados por el Estado nacional, provinciales o municipales mediante este tipo de contrataciones, vemos que el grado y alcance de la precarización es por demás gravoso.

La tercerización laboral es otro de los aspectos a considerar. Este sistema precarizador de contratación, permite a las empresas abonar menores salarios, liberar su responsabilidad como empleador y fragmentar el colectivo sindical. Este sistema se mantiene y acentúa, teniendo como centro a empresas transnacionales que manejan la subcontratación de trabajadores. Es de resaltar que este tipo de contratación cuenta con el paraguas legal de la Ley de contrato de Trabajo que modificara la dictadura militar. O sea que una norma de la dictadura militar después de 28 años de democracia sigue rigiendo un tema tan delicado como el expuesto. Más aún, la dictadura militar eliminó 25 artículos y modificó otros 93 de la "vieja" ley 20744 de contrato de trabajo, y a la fecha no supera la docena los artículos que se han cambiado. En definitiva, sigue vigente en lo esencial la Ley de Contrato de Trabajo de la dictadura genocida.

En el aspecto legislativo, no solo este gobierno sino la democracia toda está en deuda con los trabajadores. A lo indicado sobre la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde incorporar varias leyes esenciales que deben ser modificadas sustancialmente. La Ley de Riesgos del Trabajo, creación del tándem Menem-Cavallo, que tiene el dudoso mérito de ser la norma con mayor cantidad de inconstitucionalidades decretadas, sigue vigente pese a que se ha demostrado que se trata de un gran negocio financiero a costa de los trabajadores. Las ART hacen su negocio vendiendo una mercancía increíble: la vida y la salud de los trabajadores. Asimismo, la ley de asociaciones sindicales es otra de las normas cuestionadas y cuyo contenido ha sido declarado inconstitucional reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos fallos.

Todo ello sin entrar en un tema tan grave como el del impuesto a las ganancias, donde resulta conceptualmente inconcebible que se entienda por una parte que el salario es ganancia y por otra que los trabajadores paguen impuestos por aquello que le resulta esencial para su subsistencia.

En definitiva, si bien la situación de los trabajadores ha mejorado respecto de la crisis del 2001, es evidente que tiene todavía un largo recorrido para arribar a aquellos años, que sin ser superlativos, les permitían un mejor acceso a los bienes de consumo. La precarización, flexibilización y tercerización laboral siguen presentes y pareciera que se mantendrán en términos generales. La ocupación y la distribución de la riqueza también parecen haber llegado a un techo y con el riesgo de desequilibrarse en un sentido perjudicial a los trabajadores. En efecto, la quita de subsidios o "tarifazo" (como se lo quiera llamar), la mantención del privilegio empresarial respecto de los aportes jubilatorios, las invocaciones a "industriales del juicio" y "huelgas extorsivas", la pretensión de acotar los aumentos salariales, las amenazas a intervención a sindicatos, la ley "antiterrorista" son señales preocupantes en el sentido indicado. Deberán ser los trabajadores los que tomen nota de lo que sucede y actúen en consecuencia en defensa de sus intereses. En esa tarea son irreemplazables.