Le�nidas Ceruti
INDYMEDIA)

En la Argentina, las clases dominantes han tenido desde siempre una vocaci�n de utilizar la violencia y asesinar para resolver los conflictos sociales, econ�micos y pol�ticos.

"Patriotas" por las tierras

Primero, fue el genocidio de los pueblos originarios, que comenzaron con Rosas, se extendieron con Alsina, y culminaron con el General Julio Argentino Roca, a fines del siglo XIX, en la denominada "conquista del desierto" y del Chaco.

Los que sobrevivieron, fueron condenados a la marginalidad, expulsados de sus tierras y borrados de la historia.

Por su parte la poblaci�n negra disminuy� desde comienzos del siglo XIX hasta pr�cticamente desaparecer. Entre las causas se destacan las numerosas bajas causadas al formar parte del ej�rcito en la cruenta y larga Guerra del Paraguay (1865-1870), donde el reclutamiento fue intencional y masivo. Luego vinieron las epidemias, en especial la de fiebre amarilla de 1871, que diezmaron a esa comunidad.

Otros sectores sociales, afectados fueron por una parte, los gauchos, y por otra, los caudillos regionales, que sufrieron la llamada "masacre patri�tica".

Orden, explotaci�n y represi�n

Desde la segunda mitad del siglo XIX, se inici� el proceso de expansi�n acelerado encaminado a transformar la estructura econ�mica-social, en camino a la conformaci�n de una sociedad capitalista, bas�ndose en el modelo agroexportador. Todo se hizo en base a explotaci�n y represi�n. Cuando Julio Argentino Roca en 1880 lleg� al poder, las minor�as dominantes dejaron de lado sus conflictos aceptando su proyecto de "Paz y Administraci�n". Se transitaron a�os en los que rein� la prosperidad de la oligarqu�a. Entonces, el general genocida se dedic� a extender su poder en todas las provincias, no mezquinando en ello m�todo ni medio alguno, incluido el uso de la violencia, el fraude, las intervenciones nacionales y la presi�n del Ej�rcito. Coincidiendo con la oleada de prosperidad de los sectores de poder, la clase obrera inici� una etapa de luchas, aumentando sus reclamos contra la miseria, la desocupaci�n, por el reconocimiento de sus organizaciones sindicales, y la sanci�n de leyes protegiendo al trabajo. Los sectores dominantes reaccionaron con represi�n permanente. El gobierno declaraba el estado de sitio, clausuraba los locales sindicales y deten�a a los dirigentes obreros. El Congreso aprob� la primera ley especial para reprimir al movimiento obrero: la Ley de Residencia (ley 4144), que autorizaba a expulsar del pa�s "a cualquier extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden p�blico". Fue sancionada en 1902 y fue necesario que pasaran m�s de cincuenta a�os, para que fuera derogada en el a�o 1958.

Las luchas del movimiento obrero, a pesar de las pol�ticas represivas, se extendieron por distintas ciudades, se paralizaban los talleres, las f�bricas, y en varias ocasiones se declar� la huelga general. La respuesta fue que entre 1902 y 1910 se decret� cinco veces el estado de sitio, con una duraci�n total de 18 meses. La despreocupaci�n de los primeros tiempos, fue torn�ndose en intranquilidad y represi�n, cuando se afectaba el normal funcionamiento de las actividades agroexportadoras, y todo culmin� con la sanci�n de una nueva ley represiva, la Ley de Defensa Social (ley 7029) en 1910. Durante esos a�os, el conflicto m�s importante se desarroll� en 1901, cuando en Rosario, los obreros de la Refiner�a Argentina del Az�car, se declararon en huelga. En las jornadas siguientes, durante una manifestaci�n frente a la f�brica, se produjo una salvaje represi�n y fue asesinado el obrero yugoslavo Cosme Budislavich, de 34 a�os, por parte de la polic�a comandada por el comisario Grandoli. Ese fue el primer obrero asesinado en el pa�s. En 1904, durante una manifestaci�n por el 1� de mayo en Buenos Aires la represi�n provoc� varias muertes y numerosos heridos. La coacci�n de los conservadores fue en aumento, y la conmemoraci�n en el a�o 1909 fue particularmente violenta, con varios obreros asesinados en Buenos Aires, y varios detenidos en Rosario. Durante este periodo son muchos los obreros asesinados en distintos conflictos laborales.

�poca de masacres obreras

Desde 1916, Yrigoyen y el radicalismo intentaron establecer una nueva relaci�n entre el estado y la clase obrera, incluyendo en su proyecto la integraci�n pol�tica de la clase obrera urbana, cambiando apoyo obrero por votos. Las posiciones del gobierno radical oscilaron entre el arbitraje, las negociaciones y una fuerte represi�n en varios conflictos.

La represi�n apareci� abiertamente en los conflictos en los frigor�ficos en 1917-18, en los Talleres Vasena, en enero de 1919, con la masacre de cientos de obreros. Los sucesos continuaron, con los asesinatos de innumerables vidas proletarias durante 1921 en la Patagonia y en el norte santafesino en territorios de La Forestal.

A las fuerzas del estado, polic�a y ej�rcito, se sumo en esos a�os la Liga Patri�tica, agrupamiento paramilitar, integrado por miembros de la Asociaci�n de la Juventud, Asociaci�n del Trabajo, Jockey Club, C�rculo de Armas, Asociaci�n Damas Patricias y la Iglesia.

Fusilamientos, tortura y corrupci�n

El golpe militar de 1930 inici� una era de ilegalidad, fraude, represi�n y entrega de la econom�a del pa�s al capital extranjero. La c�rcel, la tortura, el destierro, el exilio y los fusilamientos fue el destino de muchos militantes gremiales y pol�ticos. Primeramente fue fusilado en Rosario el obrero Joaqu�n Penina, posteriormente en Buenos Aires Severino Di Giovani y Paulino Scarf�, todos ellos anarquistas.

Mientras tanto, los nacionalistas se organizaron en cuerpos armados, como la Legi�n C�vica Argentina, inspirados en el ejemplo de la Italia Fascista de Mussolini, a la cual se le concedi� por decreto car�cter oficial. Durante esa "D�cada Infame", tanto anarquistas, como comunistas, socialistas y radicales, fueron perseguidos, encarcelados, torturados, deportados y fusilados. Fue en esos a�os que Leopoldo Lugones hijo, comisario y torturador, invent� uno de los instrumentos de tortura m�s usado desde entonces: la "picana el�ctrica", que aplic� a los adversarios de los golpistas del 30. Y adem�s, se cre� la "Secci�n Especial de Represi�n del Comunismo", que fue perfeccionada durante el gobierno de Justo, que trajo al pa�s consejeros de la OVRA italiana y de la Gestapo hitleriana, especialistas en represi�n.

De bombas y bombardeos

Durante los dos primeros gobiernos del General Per�n, hubo a�os en los que los discursos y el clima reinante, para los primeros de mayo, no fue el mejor. En 1953, el Secretario General de la CGT, Eduardo Vuletich, pidi� "Limpieza mi general", como reacci�n frente a los sucesos del 13 de abril, cuando dos bombas estallaron en Plaza de Mayo, mientras hablaba Per�n en un acto organizado por la CGT, donde hubo seis muertos y muchos heridos.

Luego, el 16 de junio de 1955, al mediod�a, una formaci�n de la aviaci�n naval bombarde� Plaza de Mayo y la Casa Rosada. El intento de matar a Per�n fracas�; el saldo fue de cientos de muertos y heridos. A partir de esos momentos llegaron de diferentes zonas oleadas de ciudadanos dispuestos a exteriorizar su apoyo al presidente. La Plaza de Mayo soport� otro criminal bombardeo.

El Dr. Ingallinella, apoderado del Partido Comunista en Rosario, redact� e hizo circular de inmediato un volante de condena a lo ocurrido. La polic�a lo detuvo y lo condujo a la Divisi�n Investigaciones, junto a otros detenidos. Luego uno a uno fueron recuperando la libertad, pero Ingalinella nunca apareci�, ni se encontr� su cuerpo.

La revoluci�n fusiladora

Tras el Golpe de 1955, se produjo la ocupaci�n de los locales sindicales por los comandos civiles, represi�n y c�rcel para numerosos delegados fabriles y activistas sindicales. Luego, del desplazamiento de Lonardi y al asumir a mediados de noviembre de 1955, Aramburu, lo hizo impulsando una pol�tica antiobrera. La ofensiva de los empresarios sobre la legislaci�n social, hizo que las bases se organizaran fuera y dentro de los lugares de trabajo. Los objetivos era lograr el sometimiento de la fuerza de trabajo. La represi�n y hostigamiento hac�a los trabajadores se dio con el objetivo de exigir aumento en la productividad, disciplina y racionalizaci�n.

Militares y civiles justicialistas intentaron llevar adelante un alzamiento insurreccional. Tras el fracaso se despleg� una fuerte represi�n con la aplicaci�n de la pena de muerte a varios militares, entre otros al General Juan Jos� Valle y se produjo el fusilamiento de varios civiles, en lo que se conoci� como "los fusilamientos de los basurales de Le�n Su�rez".

Ruptura y Pan CONINTES

Asumido como presidente el Dr. Arturo Frondizi, la relaci�n con los sindicatos comenz� con el cumplimiento de lo pactado antes de las elecciones, con la sanci�n de la Ley de Asociaciones Profesionales. La situaci�n econ�mica se agrav�, la represi�n y la ocupaci�n militar del Frigor�fico Nacional Lisandro de la Torre, la denuncia de Per�n del pacto con Frigerio, y la resistencia de amplios sectores obreros, hicieron que Frondizi se decidiera a reprimir a obreros y opositores. Los ferroviarios fueron movilizados militarmente, en 1958 y 1961. La conflictividad social hizo que el ejecutivo nacional sancionara la Ley de Organizaci�n de la Naci�n para Tiempos de Guerra, el Plan CONINTES (Conmoci�n Interna del Estado), y a partir de esa fecha los actos de "terrorismo" y similares ser�an sometidos a la jurisdicci�n de los tribunales militares, y el Articulo 15, preve�a la aplicaci�n de la ley marcial, que implicaba previo juicio sumar�simo el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de ministros, y nombraba como autoridades de ejecuci�n a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinaci�n a las polic�as provinciales. Hubo m�s de 2000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo adem�s una purga de activistas de base y depuraci�n de delegados de las f�bricas, y comenzaron a circular las listas negras.

El 23 de agosto de 1962, durante el gobierno de facto de Jos� Mar�a Guido, fue secuestrado y luego desaparecido Felipe Vallese, un obrero metal�rgico y dirigente de la Juventud Peronista.

Durante la cuarta etapa del Plan de Lucha de la CGT, durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, la situaci�n se agrav� por las ocupaciones de f�bricas y lugares de trabajo. El 27 de octubre, durante las manifestaciones que acompa�aron a un paro general, la represi�n dej� como saldo tres muertos.

De Pampill�n a la masacre de Trelew

El 28 de junio de 1966, un movimiento integrado por empresarios, sindicalistas y la prensa, encabezado por el General Juan Carlos Ongan�a destituy� al presidente Arturo Ill�a. Le sucedieron los dictadores General Roberto Levingston y General Alejandro Agust�n Lanusse, hasta el 25 de mayo de 1973, cuando asumi� el gobierno popular del Doctor H�ctor Jos� C�mpora.

Durante esos a�os fueron asesinados entre otros/as Santiago Pampill�n, Hilda Guerrero de Molinas, Juan J. Cabral, Adolfo Bello, Lu�s Norberto Blanco, M�ximo Menna.

Las c�rceles se llenaron de detenidos gremiales, pol�ticos y estudiantiles. La Marina, en 1972, fusilo� en Trelew a Ana Mar�a Villareal de Santucho, Clarisa Rosa Lea Place, Susana G. Lesgart de Yofre, Mario Emilio Delfino,Carlos Alberto Astudillo, Eduardo Adolfo Capello, Carlos Alberto del Rey, Jos� Ricardo Mena, Mariano Pujadas, Humberto Segundo Su�rez, Humberto Adri�n Tosch, Jorge Alejandro Ulla, Miguel �ngel Polpi, Rub�n Pedro Bonet, Alfredo El�as Kohon, Mar�a Ang�lica Sabelli. Mientras que quedaron heridos Alberto Miguel Camps, Ricardo Rene Haidar, Mar�a Antonia Berger, que integran la lista de los desaparecidos.

La Triple A de cacer�a

Luego del 25 de mayo de 1973 toda la legislaci�n represiva sancionada por el r�gimen militar fue derogada y disuelto el fuero antisubversivo. Pero esa primavera dur� poco, y dio comienzo una escalada represiva, inici�ndose con el envi� del Poder Ejecutivo a las C�maras del proyecto para reformar el C�digo Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislaci�n promulgada por el r�gimen militar que gobern� el pa�s entre 1966-73.

Per�n advirti� que si la ley no era aprobada, se apelar�a a las mismas armas que se buscaba combatir y el 23 de enero de 1974 declar� al diario La Naci�n "Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, tambi�n lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda".

El Ministro de Bienestar Social, L�pez Rega, aument� su influencia, y actuaba como el gran inquisidor. La represi�n cay� sobre los sectores llamados de "izquierda y rebeldes del movimiento peronista", m�s otros activistas de la clase obrera y la izquierda marxista.

Fallecido el General Juan Domingo Per�n, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprob� una ley que penaba "la obstrucci�n al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal". De acuerdo a esa legislaci�n, el Ministerio de Trabajo prohibi� las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas. Se comenz� a intimidar, amenazar y suspender personer�as gremiales con mayor frecuencia. En el mes de noviembre se implemento el estado de sitio en todo el pa�s, y se encarcel� a cientos de activistas gremiales, pol�ticos, abogados laboralista, y estudiantes.

Hasta ese momento la participaci�n de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares "ejecutores del trabajo sucio", a trav�s de la Alianza Anticomunista Argentina, la "Triple A". Pero al poco tiempo, el Ejecutivo Nacional, sancion� el Decreto N� 261, en el que anunci� oficialmente que hab�a ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervenci�n en la "lucha antisubversiva", firmado por la presidenta Mar�a Estela de Per�n, y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, L�pez Rega, G�mez Morales, Otero. En el Articulo N� 1 se dec�a que "El Comando General del Ej�rcito proceder� a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos�". Luego, se sancion� el decreto 2770 por el cual se cre� el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo.

El hostigamiento y represi�n al movimiento obrero combativo ven�a intensific�ndose. En agosto de 1974 el Gobierno le retir� la personer�a gremial a la Federaci�n Gr�fica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.

Tambi�n en ese mes, el sindicato SMATA C�rdoba, fue intervenido por la direcci�n nacional del gremio. La mayor�a de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura del 76, entre ellos su Secretario General, Ren� Salamanca.

En octubre de 1974 la polic�a allan� el Sindicato de Luz y Fuerza de C�rdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agust�n Tosco, consigui� eludir la detenci�n y pas� a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el secretario general adjunto del mismo sindicato, Tom�s Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en C�rdoba el 28 de febrero de 1977 en una "ceremonia militar" presidida por el general Luciano Benjam�n Men�ndez. Atilio L�pez, secretario general de la CGT de C�rdoba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974.

S�lo en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales.

El ataque en las grandes f�bricas como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, Acindar, antes de la dictadura y durante ella se llev� a cabo en varios casos con la colaboraci�n de las empresas y de algunos dirigentes sindicales.

La represi�n a la clase obrera apareci� con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975, en Villa Constituci�n, por parte de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que inclu�an a la Polic�a Federal, Provincial, Ejercito, Gendarmer�a, y grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias pagados por las acer�as de Mart�nez de Hoz, sumados a muchos miembros de la Triple A. Todos obedecieron las �rdenes firmadas por Rocamora, Savino y L�pez Rega, que eran claras: "ahogar en sangre a los obreros y activistas del Cord�n Industrial que se extend�a desde San Nicol�s a Puerto San Mart�n, centr�ndose principalmente en Villa Constituci�n". El saldo de la represi�n fue la detenci�n de toda la Comisi�n Directiva de la UOM-Villa Constituci�n, y de militantes gremiales y pol�ticos.

Pero, todo se hab�a iniciado varios a�os antes. Valga como ejemplo lo acontecido en la Zona Norte del Gran Rosario, en esos a�os. En el primer semestre de 1973 fallecieron en circunstancias y accidentes muy sospechosas y poco "claras" dos Secretarios Generales de los gremios hegem�nicos, el Sindicato Qu�mico de San Lorenzo y el SOEPU, el "negro" Acevedo y N�stor Moglia y su esposa Betty. Ambos eran dirigentes combativos y fundadores de la "Intersindical de San Lorenzo". Posteriormente, a fines de 1974, fue detenido por el Poder Ejecutivo Nacional, el Dr. Horacio Zamboni, asesor letrado de varios gremios de la zona.

En la madrugada del 21 de septiembre de 1975, al pasar frente a la F�brica Militar de Fray Luis Beltr�n, fuerzas del ej�rcito balearon el autom�vil en que viajaba el petroqu�mico Jos� Alberto Polenta, terminando con su vida.

Despu�s del 76, desapareci� el miembro de la Comisi�n Interna de Sulfacid, Jos� Dalmacio "la Chancha" L�pez. Adem�s, H�ctor Muller, militante de la misma f�brica, fue secuestrado, torturado salvajemente y asesinado.

Parte de la CD del SOEPU, fue detenida y encarcelada durante un tiempo. Entre ellos su Secretario General, Ernesto Sosa, y los dirigentes V�ctor Orellano, Juan Vennanzi, Juan Echenique, y Oscar Bianchi.

En estos d�as, el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a familiares y amigos de detenidos y desaparecidos del Cord�n Industrial presentaron ante la justicia federal la causa por delitos de lesa humanidad del que fueran v�ctimas trabajadores de esa regi�n. Las v�ctimas denunciadas son Hugo Parente, Roberto "Potongo" Camuglia, Rafael Carroza, Ram�n Di Fiori, Carlos Kruppa, Lina Funes, Juan Jos� Funes, Oscar Riquelme y Luis Lapissonde, quien es el �nico sobreviviente del grupo y cuyo testimonio es fundamental para probar la existencia del centro clandestino de detenci�n en el Batall�n de Arsenales de Fray Luis Beltr�n.

Esto podemos multiplicarlo a lo largo y ancho del pa�s.

Genocidas

El golpe militar del 24 de marzo de 1976, constituy� el momento culminante de un largo proceso hist�rico, en que militarismo y golpismo se conjugaron peri�dicamente, para negar todo tipo de democracia. Nunca como en el per�odo 1976-83, se alcanz� lo que ahora conocemos como Terrorismo de Estado, nunca como entonces se lleg� al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y ni�os.

La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar, que llev� al paroxismo la persecuci�n pol�tica, la c�rcel, la tortura y la desaparici�n de personas.

Las consecuencias fueron 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de ni�os y todo el tipo de aberraciones.

En democracia tambi�n se mata

Recuperada la democracia en 1983, muchos han sido los asesinatos de militantes del campo popular. Desde V�ctor Choque en 1995 a Juan Carlos Erazo en 2008, y Teresa Rodr�guez, los muertos de Jujuy y Corrientes. El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo en el pa�s el m�s tr�gico cap�tulo de represi�n estatal, violencia y muerte desde la restauraci�n democr�tica. Treinta y cinco fueron los ciudadanos asesinados en todo el pa�s. En la provincia de Santa Fe, el que dio "carta blanca" para la represi�n fue el gobernador Carlos Reutemann, y fueron siete las victimas: Graciela Machado, Graciela Acosta, Yanina Garc�a, Rub�n Pereyra, Juan Delgado, Marcelo Pacini, Ricardo Villalba, Walter Campos y Pocho Lepratti.

Con los a�os, se sumaron a esa larga lista Maximiliano Kosteki, Dar�o Santill�n, Luis Cu�llar y Carlos Fuentealba. Debemos incorporar la desaparici�n de Julio L�pez, y el asesinato de Silvia Suppo.

Hace pocas semanas la burocracia de Pedraza, la patronal de Ugofe y la Polic�a Federal asesinaron al compa�ero del PO, Mariano Ferreyra. Poco despu�s tuvo lugar la represi�n al pueblo originario qom en La Primavera, provincia de Formosa. Luego las ejecuciones en Soldati por la Polic�a Federal del Gobierno Nacional y la Metropolitana de Mauricio Macri.

Un informe reciente de la Coordinadora Contra la Represi�n Policial e Institucional (CORREPI), indica que "la marcada desproporci�n (52 muertes en actos de protesta, sobre un total de 2826) pone en evidencia la prevalencia de la represi�n de tipo "preventivo", que tiene por objeto controlar y disciplinar a los sectores pobres no organizados, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase. Los n�meros confirman que, en la Argentina "democr�tica", una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la �ltima dictadura, la represi�n cambi� de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema pol�tico. A partir de 1983, ya no se reprimir�a tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusi�n p�blica. Reemplazados los gobiernos militares por los gobiernos "democr�ticos", cobr� central importancia esta "represi�n preventiva", cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontaci�n. As�, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que "Nunca M�s" el sistema de explotaci�n capitalista sea cuestionado seriamente en el pa�s".

Adem�s, debemos sumar las muertes de cientos de obreros en los accidentes de trabajo, por enfermedades laborales, y los ni�os y ancianos que mueren por d�a, por la pobreza, producto de las pol�ticas econ�micas que se han venido aplicando.

En este breve recuento faltan muchas victimas de la represi�n a la clase obrera y al pueblo, y de todos aquellos que han luchado y siguen luchando por cambios que nos lleven a una sociedad que merezca ser vivida, una sociedad sin explotadores ni explotados.

Por todo esto es que aseguramos que la clase dominante de nuestro pa�s tiene desde hace m�s de cien a�os sus manos manchadas de sangre.