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NO A
LAS MINAS
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Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas sobre la
criminalización y judicialización de la protesta social
Contra el saqueo, la contaminación y la militarización de nuestros territorios
Unión de Asambleas Ciudadanas
Como colectivo asambleario creemos que, sin lugar a dudas, la judicialización y
criminalización a las asambleas, comunidades y movimientos sociales que
defienden sus territorios, es una de las estrategias desplegadas desde los
sectores del poder para acallar las voces de la resistencia frente al modelo
productivo, extractivo, exportador y opresor que nos imponen, producto de las
políticas de recolonización que asolan a nuestro continente en general y a
nuestro país en particular.
En nuestros países se vienen imponiendo estados que actúan bajo los designios de
la seguridad preventiva, considerando que es necesario "prevenir" toda
manifestación de oposición a la forma de vida que pretenden que sea nuestro
"destino manifiesto". Sin embargo, una vez "puestas de manifiesto" esas
oposiciones, ya no basta la prevención y se les hace necesario desplegar
mecanismos que frenen las rebeldías en defensa de los territorios, entendidos
por sus defensores/as no sólo como espacios geográficos que habitan, sino como
ámbitos en los que se construye el sentido de la vida.
La represión y criminalización
Son muchas las modalidades de represión que las empresas capitalistas,
transnacionales y nacionales, junto con los poderes políticos locales lanzan
sobre las voces de protesta. Algunas de las más concretas implican el uso de los
aparatos del estado para ejercer la represión directa, el despliegue de
estrategias de judicialización y criminalización de los movimientos populares y
la militarización de los territorios en conflicto. Sin embargo, no son sólo las
fuerzas públicas de seguridad las que operan en estos casos, sino también
fuerzas privadas contratadas por las empresas, cuya existencia responde a un
proceso de privatización de los aparatos de represión.
La violencia represiva
Esta violencia represiva directa ejercida sobre las asambleas,
comunidades y organizaciones sociales es acompañada a su vez por mecanismos de
control social, que permiten el ejercicio de la represión simbólica, anulando
así toda posibilidad de desarrollo de otras visiones del mundo y de diferentes
formas de vida.
Las víctimas
Las principales víctimas de la criminalización y de la violencia
ejercida desde el poder son los movimientos de jóvenes, mujeres, comunidades
indígenas y campesinas, trabajador/as desocupados/as y precarizados/as y
poblaciones afectadas por los nuevos emprendimientos del modelo de "desarrollo"
de esta fase del capitalismo neoliberal, muchas de las cuales se constituyen en
asambleas e integran la UAC.
Los medios informativos y la "invisibilización"
Sin embargo, nuestra condición de víctimas de la represión es totalmente
desvirtuada por los medios de comunicación masivos que se encargan de presentar
las batallas por los derechos sociales, culturales y ambientales como delitos y
por ende, a los/as sujetos sociales que las promueven como delincuentes,
tergiversando la legitimidad de las luchas sociales y generando, en la sociedad
en su conjunto, subjetividades basadas en el miedo al diferente, que desemboca
en la fragmentación de la sociedad en grupos irreconciliables entre sí.
Esta función de los medios de (in) comunicación masiva se hace posible dado que
ellos son parte del poder, constituyendo el aparato ideológico de la
globalización, jugando un papel para deformar la realidad en beneficio de sus
intereses y fabricar una opinión pública favorable al sistema.
Este poder mediático hoy está por delante del poder económico y financiero. Su
rol ideológico implica el desconocimiento de uno de los derechos fundamentales
del ser humano, como lo es el derecho ciudadano a la información y el
conocimiento, tergiversando la misma a través de sutiles formas de propaganda
del producto o la moda que se quiere imponer.
El "discurso único" y la "demonización" de las luchas sociales
De esta manera, pasan a demonizarse las luchas de quienes se oponen al
Saqueo y la Contaminación. En esta instancia también se suma la invisibilización
de los disensos, es decir que se desacreditan y esconden las investigaciones
científicas que demuestran los impactos negativos, dando visibilidad a todos
aquellos académicos funcionales al sistema de saqueo y contaminación. De la
misma manera se desacredita todo aquello que provenga de la acumulación de
saberes ancestrales, a través de una serie de falsedades como que quien se opone
a este modelo, se opone al "progreso" y al desarrollo. Son nuevamente estos
mismos medios masivos de in-comunicación los que no dicen que este modelo es
sólo de crecimiento económico, no dicen que el desarrollo y el progreso así no
son posibles.
La aprobación de la ley antiterrorista a nivel nacional y las reformas de los
códigos contravencionales que se vienen implementando en varias ciudades del
país, son consecuencia de este contexto represivo y criminalizador de las luchas
sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de
saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida,
y favorecido por la impunidad del accionar de las fuerzas de seguridad, de la
justicia y de los poderes políticos en general.
Estos mecanismos legales justifican la vigilancia, la persecución y el control
sobre las poblaciones y comunidades, en especial las que se oponen a la
devastación de los territorios por parte de los grandes capitales, las que
desarrollan estrategias de supervivencia frente a un modelo que los lanza hacia
la exclusión y la pobreza y las que se empeñan, desde hace más de 500 años, en
ser reconocidas y respetadas en su diversidad étnica, cultural y espiritual.
¿Quiénes son los terroristas?
Teniendo en cuenta el marco legal de la criminalización de la protesta y la
pobreza, es importante destacar que el artículo 213 de la ley
antiterrorista aprobada en la Argentina en 2007 considera que una asociación
ilícita terrorista es aquella que reúne las siguientes características; -tener
un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o
político; -estar organizada en redes operativas internacionales; y –disponer de
armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro
medio idóneo para poner en peligro la vida y la integridad de un número
indeterminado de personas. Frente al contenido de este posicionamiento podemos
vislumbrar quienes son los verdaderos terroristas. Tanto la propagación
de distintos odios, como la existencia de redes operativas
internacionales, como la puesta en peligro de la vida e integridad de un
número indeterminado de personas son características completamente
aplicables a las formas de operar de las empresas transnacionales y sus socios
políticos locales, en la implementación del modelo extractivo y productivo de
esta etapa del capitalismo global, que responden con criminalización, represión,
militarización y muerte a quienes se oponen a entregar los territorios y las
formas tradicionales de habitarlos a la mercantilización de la naturaleza y de
toda expresión de vida.
Por todo esto la UAC se pronuncia en repudio absoluto de:
- La persecución, criminalización y judicialización que vienen sufriendo las
compañeras de las Asambleas Riojanas de Chilecito, Famatina y Sanagasta
de La Rioja por defender su territorio ante la inminente explotación minera. Así
como también, las distintas agresiones y atropellos que las mismas vienen
padeciendo por parte de la Empresa minera Yamana Gold y las fuerzas represivas
del estado. Esta empresa es la responsable de atacar a dos compañeras que
integran estas asambleas con la complicidad y el visto bueno del gobierno local,
además de abrirles causas penales a distintos vecinos y vecinas, también
asambleístas, por no permitir que la empresa ingrese al sector donde pretende
explotar y llevar adelante el emprendimiento megaminero a cielo abierto.
- Los diversos atentados que viene sufriendo el pueblo de Loncopué y de
Campana Mahuida en Neuquén por parte de la empresa minera Emprendimientos
Mineros S.A., de origen chino, que pretende instalarse en dicha localidad.
Creemos que los incendios intencionales de las casas de vecinos que integran las
asambleas, la destrucción de la Radio FM Arco Iris que difunde la lucha, los
apagones vividos en el pueblo y la persecución a los compañeros y compañeras que
vienen resistiendo son parte de la criminalización a quienes venimos defendiendo
el territorio del que somos o nos sentimos parte. En este sentido repudiamos de
manera tajante la actitud de la empresa por su accionar y del gobierno de turno
por permitir y ser cómplice de los hechos sucedidos.
- Los hechos gravísimos que vienen viviendo los compañeros y compañeras del
colectivo Semillas del Sur que, en defensa del territorio, resisten a las
fumigaciones de Agrotóxicos junto a los vecinos y vecinas del Departamento de
Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba. Esta defensa territorial recibe como
respuesta del poder la persecución y represión directa por parte de las fuerzas
represivas del estado que actúan sin medir las consecuencias poniendo en riesgo
la vida de los compañeros y compañeras que vienen resistiendo al modelo sojero
impuesto en la provincia. Estos actos por parte del poder local y sus aliados
son de nuestro absoluto rechazo, así como también, las represalias que llevaron
adelante con el intento de desalojo del centro cultural "El Semillero",
perteneciente al colectivo Semillas del Sur, y la destrucción de dos casas de
compañeros del mismo colectivo con la excusa de "no respetar el código de
edificación". Esto demuestra que, no sólo nos imponen el modelo de saqueo y
contaminación, sino también la forma en que quieren que vivamos.
- El desalojo violento de la comunidad Paisil Antreao de Villa La Angostura,
Neuquén, y la militarización del territorio ancestral al que pertenece.
La comunidad viene siendo amenazada y con intentos de desalojos desde hace
varios años, al mismo tiempo que los alambrados de los privados le fueron
reduciendo su territorio, tal como viene sucediendo a muchas comunidades,
producto de la concentración de tierras y el avance de los privados, como
consecuencia de la especulación y negocios inmobiliarios. De esta manera,
creemos que es importante destacar el no reconocimiento de la preexistencia de
los pueblos originarios por parte del estado y sus instituciones, que actúan
como cómplices y garantes de estos hechos sin respetar el articulo 75 de la
Constitución Nacional , el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU y la ley 26.160 de emergencia en materia de
posesión y propiedad de las tierras de comunidades indígenas. Por esto, creemos
que los hechos sucedidos a la comunidad Paisil Antreao es una manera de
criminalizar la cultura, la espiritualidad y formas distintas de concebir la
vida y su desarrollo, tal como lo demuestra la destrucción del rewe, que
es el espacio territorial y sagrado históricamente heredado de sus ancestros y
en el que se comunican con los mismos en relación armónica con la naturaleza. La
destrucción del rewe es la destrucción misma de la comunidad y por eso
rechazamos, sin reparo alguno, estas formas de operar de las fuerzas de
seguridad que implican la reproducción de la negación histórica de los derechos
ancestrales de los pueblos originarios.
- Las intimidaciones y amenazas de que fueron objeto los compañeros y compañeras
Raúl Martínez, Diola de Martínez, Ruth Vega, Carmen Chaile y Teresita Nieto,
integrantes de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, quienes,
en el momento en que fueron citado/as a comparecer a la comisaría de Andalgalá,
fueron "advertido/as" por el nuevo jefe de la policía y otros funcionarios
policiales con estas palabras: "en realidad nosotros no queremos golpearlos,
pero si no deponen su actitud con respecto al corte, la semana que viene vendrá
la Guardia de Infantería y los vamos a desalojar por la fuerza y les vamos a
pegar…" . A estas amenazas policiales se suman las del
intendente de Andalgalá, José Perea, quien en la FM "Z" -favorable a las
empresas mineras- expresó que si es necesario matará a las personas que están
manteniendo el corte contra Agua Rica.
- El avance de los desmontes y la frontera agro sojera en zonas históricamente
ocupadas por Campesinos dedicados a la ganadería, las hortalizas y los citrus en
la localidad de Palma Sola, Departamento Santa Bárbara, al este de la
Provincia de Jujuy. Este avance está avalado por un irregular
Ordenamiento Territorial aprobado por decreto. Acentúa la situación de
atropello, el desalojo compulsivo y la criminalización en la defensa de la
posesión que vienen sufriendo sus históricos habitantes con el apoyo explícito
de la policía local. Acusamos a CRAM S.A., cuyo presidente es René Macedo y
cuyos apoderados son Horacio Macedo padre, Embajador argentino en Bolivia y
Horacio Macedo Hijo, Secretario de Gobierno de la Provincia. En los campos donde
estos empresarios avanzaron con la soja, los vecinos del "Barrio Nueva
Esperanza" están padeciendo desde hace 2 años la fumigación de sus viviendas. La
situación de conflicto mantiene en alerta a los pobladores y a organizaciones en
apoyo que están presentes en el Territorio.
- Los hechos de Criminalización y Judicialización que sufren las/os
compañeras/os de Autoconvocados del Valle Calchaquí en Cafayate, así como
también vecinas y vecinos de la misma Localidad, Pcia. de Salta, por defender el
territorio, la vigencia de Ordenanzas Municipales y el Derecho a Vivir en un
Ambiente Sano. Estos hechos se traducen en el requerimiento de Juicio oral y
público por parte de la justicia salteña, a 11 compañeras/os bajo condena por
Art. 194 del Código Penal, en base a una denuncia falsa presentada por el
representante de una de las empresas transportistas contratada por Minera
Alumbrera Ltda., por una acción colectiva iniciada en Cafayate en agosto de 2008
y continuada durante 60 días en territorio de la Comunidad India Quilmes,
Tucumán, a través de la cual se bloqueó el paso de camiones que transportaban
insumos, sustancias tóxicas y maquinarias para Minera La Alumbrera Ltda. También
son reiterados y se han vuelto costumbre los intentos de usurpación de
territorios, desalojos, persecuciones, asesinatos, pedidos de captura,
intimidaciones, privaciones de la libertad, por parte de privados y fuerzas de
seguridad, a comunidades originarias que defienden sus territorios ancestrales
ante el avance del monocultivo, la deforestación, los negocios inmobiliarios, la
minería, etc., violentando y negando así, una vez más, la preexistencia de los
pueblos, sus tierras, culturas e identidades.
Estos son sólo algunos de los casos de criminalización, persecución y represión
que vienen acechando, de manera sistemática y continua, a lo/as protagonistas de
las luchas contra las políticas de recolonización.
Frente a este contexto represivo y criminalizador, damos nuestra solidaridad a
los compañeros y compañeras de Uspallata, Mendoza, que se encuentran en
plena movilización ante la inminencia de la puesta en marcha del
megaemprendimiento minero San Jorge y nos solidarizamos con cada uno de los
compañeros y compañeras que vienen dando batalla en defensa del territorio al
que pertenecen, territorio del que nos sentimos parte todos y todas.
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