Margarita Belén: culmina etapa preliminar

MOMARANDU

Mientras finaliza la etapa preliminar en el juicio que se sigue por la causa Margarita Belén el representante de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Mario Bosch habló sobre el plan de reorganización de la dictadura, del contenido simbólico de los juzgamientos y de la demora de sus aperturas.

Mientras la causa caballero lleva a juicio a un militar y diez policías retirados de la provincia de Chaco que fueron detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1974 y 1979 en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del nordeste argentino, Margarita Belén es la causa emblemática por la masacre de 22 presos políticos que fueron asesinados el 13 de diciembre de 1976.

Pero ninguno en ninguno de los casos hay rastros de diferencia sobre lo planificado y decidido de cometerlos de las órdenes en los más altos niveles de los dictadores militares. Según la querella, las pruebas que serán reveladas durante la evolución de los debates en la Justicia lo revelarán, entre ellas decenas de declaraciones de testigos citados para narrar -algunos por primera vez- su experiencia cuando gobernaba el régimen de facto.

En entrevista a uno de los miembros de esa bancada, representante en ambos casos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que decidió constituirse en nombre del Estado nacional en las megacausas que develan delitos de la última dictadura. Marcio Bosh, comienza remarcando la presencia en las fuerzas vivas que demuestra la necesidad de revisar bajo lupa crítica los hechos señalados de "terrorismo de Estado".

- ¿A tres sesiones, qué opina del inicio del caso Margarita Belén?

- Aún es pronto para dar un balance, pero también es cierto que las audiencias preliminares fueron muy ordenadas. En este momento continuamos en la etapa formal, no por ello menos necesaria o determinante para lograr que el caso sea trasladado al debate en buenos términos. Probablemente haya sugerencias en esta etapa, aunque no creo que marquen en mayor medida el camino de los expedientes.

- ¿Cómo valor el impacto social de esta causa?

- Verdaderamente es muy positivo. El contenido simbólico de este caso es muy importante. Juzgar la Masacre de Margarita Belén es iluminar la negación sobre un hecho paradigmático que define taxativamente cómo operaba el Estado de la represión durante el gobierno de facto. Salvo las intervenciones anacrónicas de Cecilia Pando, no hubo más inconveniente, a sabiendas que nadie responderá a declaraciones tan "payasescas".

- ¿Cuál es su posición sobre la dilación de la elevación a juicio?

- Bueno... esta causa debió haberse abierto hace mucho tiempo, de hecho, fue una de las primeras por las que se solicitó a la Justicia. Pero la burocracia resultó un obstáculo para alcanzar el juzgamiento, revelándose aquello que destacamos como una manifestación de la forma en que el terrorismo de Estado también había tramado su impunidad en el Juzgado Federal local. Su pedido se presentó en 2001 pero debimos esperar más de diez años porque la Cámara Federal la había trabado con un hábeas corpus.

- ¿Qué le sugiere que uno de los imputados haya sido condenado en Corrientes?

- Hablamos de Losito -Horacio, condenado a 25 años de prisión por la causa Ex Regimiento Nº 9-... su presencia en esta causa señala como verídico que en las operaciones de la dictadura intervenían oficiales de distintos destacamentos, algunos en Resistencia, otros en Corrientes. Y Losito es un ejemplo del militar que se había ganado su posición. Fue formado en inteligencia en la Escuela de las Américas, y era referente en aplicación de torturas, por ello formó parte del pacto de silencio de Margarita Belén.

- ¿Cree que ese pacto perdura en sectores de la sociedad civil?

- En ese momento necesariamente la dictadura debía actuar con la ayuda de civiles. Tenían desde colaboradores civiles a su mando, hasta funcionarios en la Justicia que de a poco fueron decantando. El habeas corpus que libera en 2003 a los genocidas, al que corre vista el fiscal Mazzoni del fuero Federal de Resistencia, es prueba de lo que digo. Todos ellos se ataron a las reglas de la dictadura y aún hoy mantienen ese pacto de silencio.

- También se pide que se investigue a médicos que habrían participado de sesiones de tortura...

- Justamente, la de aquellos que certificaban las defunciones de los presos políticos sometidos, y regulaban el "aguante" diciendo a los torturadores cuando parar y cuando seguir para no matar tan rápido a los apresados. Pero que quede claro que cuando hablamos de colaboradores civiles, no nos referimos a un almacenero de barrio que desconocía lo que sucedía, si no a aquellos en la esfera política y económica que impulsaban el plan de reorganización de distribución resguardados por el muro protector del terrorismo de Estado, y de todos los funcionarios judiciales que garantizaron el genocidio.

- ¿Qué impacto generó en Chaco el plan al que se refiere?

- Más de 100 desaparecidos, más de 500 detenidos ilegalmente, la promoción del miedo y la destrucción del ejido social. Oponiéndose a la militancia activa de las ligas agrarias, el plan de exterminio aseguró la formación de latifundios en Chaco.

En la tercera jornada del proceso judicial la defensa de los acusados solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento. La sala del Tribunal Oral Nº 3 de Resistencia se integra de los jueces Gladys Yunes, Eduardo Belforte y Luís González.