Edgardo Mocca
Debate

La posición central de los medios de comunicación en la formación de la agenda política no es un fenómeno exclusivamente argentino. En las últimas décadas, la cuestión ha sido ampliamente discutida en los ámbitos académicos y políticos de todo el mundo. La mediatización de la política es correlativa a los procesos de globalización, con sus consecuencias de descentramiento de los estados nacionales, y a las modificiaciones sociales y culturales que erosionaron las grandes identidades colectivas sustentadas en la pertenencia clasista.
Sin embargo, en los países de nuestra región, este proceso ha alcanzado una profundidad tal que merece ser atendido, no ya en términos de los intereses de tal o cual gobierno sino en los de la defensa de la democracia. Los medios de comunicación han pasado en la mayoría de nuestros países a ser parte de la constelación del poder económico y, desde esa perspectiva, han dejado de ser "escenario" del debate político para constituirse en actor central del mismo. La conducta de los medios de comunicación concentrados en el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Venezuela, en abril de 2002, es el caso más ilustrativo, aunque para nada el único de esa nueva posición de las empresas mediáticas en la política.
No son solamente las "noticias políticas" las que colocan a las empresas mediáticas en este privilegiado lugar político. Es la producción y reproducción sistemática y permanente de valores y modelos sociales, con un abrumador predominio del consumismo individualista y el éxito en la competencia social como horizonte excluyente en la vida de las personas. Como contracara de esos valores aparece el miedo existencial, claramente concentrado en la sensación de inseguridad ciudadana, que no es otra cosa que la ambición de éxito bajo la forma del terror a los que quedan fuera del circuito del consumo.
Hay otra especificidad del caso argentino. Es la profunda crisis de los partidos políticos y sus liderazgos a partir de la crisis de 2001 y 2002. De esa crisis han surgido dos fenómenos que interactúan entre sí: un modo de gobierno fuertemente personalizado y con una práctica decisoria más inclinada al secreto y la sorpresa que al funcionamiento colegiado, y a una oposición que se ha resignado a un tipo de alianza con las empresas mediáticas en la cual ha ido enajenando toda autonomía estratégica. A tal punto ha llegado el proceso en estos días, que el guión político con el que han de moverse las oposiciones es más fácil de encontrar en ciertos "análisis políticos" periodísticos que en los círculos orgánicos de las fuerzas de oposición. Hasta el vicepresidente Julio Cobos parece haber resuelto no disgustar a los medios con acciones como las que tomó a favor de la destitución de Martín Redrado. El duro tratamiento que recibió de muchos de sus promotores mediáticos después de esa acción parece haberlo convencido.
Esta situación ha abierto paso a un debate público inédito sobre el periodismo y los periodistas en nuestro país. Los medios concentrados lo sitúan como un debate sobre la libertad de expresión; se colocan en el lugar de víctimas, perseguidos y envueltos en un miedo que no parece corresponder al verdadero estado de cosas en el país. Un lamentable cartel pegado en oportunidad de una marcha multitudinaria en defensa de la ley de medios, devino un tema político central.
La verdad es que si se sigue con atención las líneas editoriales de algunos órganos periodísticos, puede formarse rápidamente la lista de políticos que forman parte del Gobierno, escrachados como autoritarios, corruptos o mentirosos. El escrache es malo, venga de donde venga. Y su peor perversidad es la de sustraer el debate de ideas y de proyectos de país, reemplazándolo por estereotipos y descalificaciones personales.
No parece fértil la estrategia de atribuir todas las opiniones periodísticas opuestas al gobierno a una estrategia centralizada que opera en las sombras. Dicho esto, habrá que reconocer que llama la atención la unanimidad monolítica que se aprecia en algunos medios y el formato francamente parcial de algunos programas televisivos supuestamente promotores del debate político. Tampoco esto es ilegal ni antidemocrático. Es legítimo que una empresa mediática sostenga determinada línea editorial. El problema es la posición monopólica que han adquirido algunas de ellas y la enorme capacidad extorsiva de la que hacen gala. No es un problema menor para la democracia: hasta las definiciones más minimalistas sostienen que la posibilidad de acceso equilibrado a fuentes de información distintas y alternativas es un prerrequisito de su plena vigencia.
Ha aparecido también en estos días una discusión sobre el programa televisivo 6,7,8, claramente orientado a favor del Gobierno en las cuestiones fundamentales. Algunos comentaristas de los medios principales no ahorran juicios descalificadores contra los periodistas que trabajan en ellos. La verdad es que hay que reconocer como una anomalía que un programa de esas características ocupe un lugar central en la programación del canal público: un modelo democrático de comunicación necesariamente debe separar de forma clara a los órganos públicos de los intereses coyunturales de un partido o grupo de gobierno. Ahora bien, es una anomalía claramente inscripta en un panorama anormal.
Gracias al archivo de este programa tenemos acceso a un registro de la programación de la televisión privada que francamente estremece. Por su carácter políticamente sesgado. Por el ambiente generalizadamente hostil al Gobierno que campea en los medios concentrados. Por los anuncios catastrofistas que no se cumplen, sin dar lugar a la mínima autocrítica, los diagnósticos de aislamiento internacional que preceden a una densa agenda presidencial de contactos con los principales líderes del mundo, los pronósticos de crisis económica sistemáticamente desmentidos por la realidad. Por la insólita agresividad verbal de algunos líderes opositores que no merecen la mínima observación de sus entrevistadores. Y, también, por el silenciamiento de casos como los hijos adoptivos de Ernestina de Noble, solamente interrumpido por la decisión del Grupo Clarín de que los propios implicados hablaran para vincular el tema con una supuesta persecución a la empresa.
Lo que debería ocurrir para sincerar la discusión sería la aplicación plena de la ley de servicios de comunicación audiovisual, insólitamente suspendida por algunos tribunales de justicia. El actual estado de cosas deja una inevitable sensación de que ciertos poderes económicos toman decisiones públicas por sobre los órganos de la democracia, en defensa exclusiva de sus intereses. La mejor forma de enfrentar la práctica de los escraches es la aplicación de la ley.
De toda la ley, incluida la que regula la propiedad de los medios de comunicación. En ese contexto, será más fácil discutir sobre ética periodística y empresaria.
Fuente original: http://www.revistadebate.com.ar//2010/04/29/2848.php