Jorge Hirschbrand
MDZOL

Funcionarios de Cancillería están Mendoza para exigir resultados en la investigación. Aseguran que el Estado argentino está muy cerca de recibir una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta causa.

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron secuestrados en 1990 por la Policía de Mendoza. Nunca más aparecieron.

Como un fantasma del pasado, el caso Garrido-Baigorria aparece cada tanto en la agenda del gobierno provincia y nacional. Es un mensaje que sirve para recordar que en Mendoza hubo desapariciones forzadas de personas en democracia. Fueron secuestros llevados a cabo por efectivos de la policía local, quienes, veinte años después y a pesar de la cantidad de testimonios que existen en el expediente, no pudieron ser identificados.

Esa falta de eficacia judicial le puede costar muy caro al Estado argentino. Se trata de un caso que se convirtió en ejemplo claro sobre la violación de los Derechos Humanos en esta parte del mundo, sin la presencia de gobiernos dictatoriales.

Por eso ayer llegó a la provincia una comisión de Cancillería, para ponerse al tanto de una investigación que actualmente está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos. Hubo reuniones varias: con el ministro de Gobierno, Mario Adaro; con el subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, y con la directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini.

Precisamente, para Ubaldini no se trata de un caso más. Lo conoció de cerca cuando trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde, desde un primer momento, supo que Mendoza era tristemente célebre en el mundo por estas desapariciones.

Para Cancillería, el avance, retroceso o estancamiento de la investigación es una preocupación. Si no surgen novedades importantes –y eso sólo sería la imputación de los sospechosos-, Argentina quedará al borde de una nueva sanción internacional en materia de Derechos Humanos.

"No acepto lo que está haciendo la fiscal Ríos y me preocupa que no impute a nadie. Que veinte años después vuelva a citar a testigos no es más que una medida dilatoria. Me voy a juntar con el presidente de la Corte de Mendoza y se lo voy a plantear. Con una sola declaración de los testigos que aparecen en el expediente, alcanza para imputar", aseguró Jorge Cardozo, el hombre fuerte de la Cancillería en relación la con la Corte Interamericana.

El discurso de Cardozo fue claro: "Esto le costó el cargo al fiscal (Enrique) Knoll –echado en jury de enjuiciamiento-. Y le puede costar el cargo a alguien más. Argentina no va a recibir una sanción por culpa de una fiscal o de un juez que no quieran investigar, no sepan o encubran a la policía".

Un poco de historia

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria fueron detenidos sin causa alguna el 28 de abril de 1990. Estaban en el Parque San Martín cuando fueron levantados por efectivos de Motorizada. Y esa fue la última vez que los vieron con vida.

A lo largo de este tiempo, la causa pasó por diferentes manos. El año pasado, el expediente quedó a cargo de la fiscal Claudia Ríos, quien, entre otras cosas, conformó una comisión policial especial para trabajar exclusivamente en esta causa.

Según Ríos, si volvió a citar a algunos testigos, "no fue para que me digan lo mismo que ya declararon. Lo que pasa es que hay muchos datos y muchas preguntas que no fueron hechas. Y me parece muy importante poder contar con esos testimonios".

La fiscal aclaró que durante el último mes se llevaron a cabo un montón de medidas que, a lo largo de veinte años, nunca se habían hecho. "No puedo decir si voy a imputar a alguien o cuándo lo voy a hacer. Tomaré las medidas que crea necesario y a partir de los resultados, tomaré decisiones".