"Se solicita se ordene la suspensi�n de la comercializaci�n, venta y aplicaci�n de glifosato y endosulfan �agrot�xicos b�sicos de la industria sojera� en todo el territorio nacional." El reclamo forma parte del recurso de amparo presentado ayer, ante la Corte Suprema de Justicia, por la Asociaci�n de Abogados Ambientalistas (Aadeaa). En un hecho sin precedentes y que apunta al emblema del modelo de agronegocios actual, la ONG tambi�n solicita que el Gobierno determine en 180 d�as el efecto sanitario de los qu�micos agrarios, carga responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, C�rdoba y Santa Fe, y tambi�n apunta a Monsanto, la compa��a l�der del sector, la mayor productora y comercializadora de glifosato. La presentaci�n judicial cita media docena de estudios cient�ficos que describen los males de los agrot�xicos y destaca la necesidad de priorizar la protecci�n del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad econ�mica.

Con 36 carillas, la presentaci�n describe el accionar del modelo agrario basado en el monocultivo de soja, precisa los efectos negativos de los agrot�xicos, informa cuadros m�dicos agudos de campesinos y solicita la urgente necesidad de frenar el uso de los dos agroqu�micos hasta tanto no se precise su grado de toxicidad. Tambi�n requiere que la Comisi�n Investigadora del Ministerio de Salud �creada en enero �ltimo para investigar los efectos de agroqu�micos� "se expida definitivamente" sobre los efectos de los herbicidas. "Hasta el momento, preocupantemente, no ha tenido avances concretos", afirma la ONG, fundada en el a�o 2004 por un grupo de abogados vinculados con el cuidado del ambiente.

"Los demandados son el Poder Ejecutivo nacional y las provincias de Buenos Aires, C�rdoba y Santa Fe (las tres provincias donde la Justicia de primera instancia ya se expidi� contra las fumigaciones sojeras). A la empresa Monsanto, principal comercializadora del herbicida, se la cita como tercera interesada (por ser la mayor productora del herbicida)", aclara el escrito.

La presentaci�n ante la Corte se origina luego de que este diario difundiera un estudio del Laboratorio de Embriolog�a Molecular del Conicet-UBA (Facultad de Medicina), en el que se comprob� que dosis muy inferiores a las utilizadas en agricultura provocan trastornos intestinales y card�acos, malformaciones y alteraciones neuronales. El amparo de la Asociaci�n de Abogados Ambientalistas es el primero en llegar al m�ximo tribunal y constituye un viejo anhelo de comunidades campesinas e ind�genas.

"Lo presentamos a las 7.45. Sabemos que Monsanto ya lo sab�a a las 9 y que el secretario de Ambiente (Homero Bibiloni) se enter� antes de las 10. Est� claro que existen enormes intereses en juego", reconoci� el director ejecutivo de la entidad, Mariano Aguilar.

La Corte no tiene tiempos estipulados para expedirse. El m�ximo tribunal puede fallar en pocos d�as (como con el freno a los desmontes en Salta) o dejar dormir la presentaci�n. "La Corte ha demostrado su conocimiento de derecho ambiental en el caso del Riachuelo y con los bosques de Salta, confiamos que siga en el mismo camino", arriesg� el abogado, aunque tambi�n reconoci� que esta causa tiene implicancias muy por encima de las dos anteriores: apunta a un modelo agrario presente en medio pa�s.

El amparo se fundamenta en la figura del "da�o ambiental colectivo" (perjuicio que se ocasiona a grupos de personas y que ocasiona la presentaci�n judicial de un ciudadano o entidad del tercer sector) y en el art�culo 41 de la Constituci�n nacional: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo. El da�o ambiental generar� prioritariamente la obligaci�n de recomponer seg�n establezca la ley". Y recuerda que el derecho ambiental, en el que se basa el amparo, "tiene car�cter preventivo y precautorio, que lleva fundamentalmente como columna vertebral de su existencia evitar, ante la duda, que se produzcan mayores da�os en la vida o en la salud de las personas, ello a pesar de las m�ltiples comprobaciones que se acreditan (de la toxicidad de los herbicidas)".

En reiterados apartados, la presentaci�n judicial apunta contra los organismos oficiales. "A los efectos de entender la verosimilitud del derecho cabe destacar la inexistencia de contralor por parte del Estado sobre los efectos que causan las sustancias invocadas sobre los seres humanos y sobre el ambiente todo." La causa, que lleva el n�mero 262/09, reclama la realizaci�n de un relevamiento de las zonas afectadas por los agrot�xicos, que se identifiquen los damnificados y se brinde contenci�n y tratamiento m�dicos adecuados. Tambi�n solicita declaraci�n testimonial del profesor de embriolog�a y director del Laboratorio de Embriolog�a, Andr�s Carrasco, y del secretario de Ambiente.