La fama de Kenya como una de las democracias más estables de África ha quedado
hecha añicos. Tras el controvertido proceso electoral de diciembre de 2007, que
acabó con fuertes disturbios y más de 1000 muertes, la publicación del informe,
aún provisional, del Enviado Especial de la ONU sobre Ejecuciones sumarias y
extrajudiciales ha acabado por demoler lo que quedaba del mito.
Philip Alston, expresidente del Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, visitó Kenya entre el 16 y el 25 de febrero a
invitación del propio gobierno. Durante estos diez días se entrevistó con
autoridades federales y provinciales, fiscales, policías y militares, así como
miembros de ONG y víctimas, y sus familiares, de violaciones de derechos
humanos. Tras terminar su gira, Alston aseguraba que "los asesinatos por parte
de la policía en Kenya son sistemáticos, extendidos y planeados. Y su impunidad
está convenientemente asegurada". En su revelador informe denuncia la falta de
cooperación de las fuerzas de seguridad kenyanas -ni tan siquiera le supieron
decir el número de policías que hay en el país- y de la fiscalía, pues el Fiscal
General, Amos Wako, no quiso reunirse con él.
A pesar de este boicot, el Enviado especial asegura que se han documentado
"centenares de asesinatos anuales en manos de la policía", sumando los
perpetrados por agentes individuales y los de escuadrones de la muerte
"organizados por altos mandos". Estas muertes serían motivadas por la
persecución de presuntos delincuentes, pero también por casos de corrupción,
venganzas y extorsiones, así como la liquidación física de los seguidores de la
secta religiosa de los Mungiki, a la que se culpa de numerosos crímenes,
sobretodo en Nairobi.
Otro punto especialmente sensible es la actuación de la policía y el ejército en
la represión a la insurgencia en la región del Monte Elgon, que supuso "la
retención de numerosos residentes varones", "torturas sistemáticas" y decenas de
muertes extrajudiciales.
Sobre la violencia electoral del año pasado encuentra "probado" la organización
de actos violentos por miembros del gobierno y los disparos de la policía contra
manifestantes.
En el informe también se destaca la persistente negativa a creer en los informes
de las asociaciones de derechos humanos y la "constante descalificación" de las
mismas y de sus profesionales; así como el "archivo inmediato" de cualquier
denuncia y las amenazas a los denunciantes.
Amplio abanico de medidas
Alston propone una amplia serie de medidas para reducir la incidencia de las
ejecuciones arbitrarias. Las propuestas van desde reformar la misma constitución
kenyana -que en su artículo 71 permite el uso de fuerza letal para "la defensa
de la propiedad" o "suprimir un disturbio"- hasta la creación de una comisión de
asuntos internos independiente y "con los recursos y poderes necesarios" para
investigar las denuncias de abusos policiales. Pero sus recomendaciones más
inmediatas son el relevo del Comisario Superior de la policía y del Fiscal
General, a quien califica de "personificación de la impunidad". En el caso de la
violencia postelectoral pide el establecimiento de un Tribunal Especial
-paralelo a la actuación del Tribunal Penal Internacional- para evitar que "se
reproduzcan los mismos incidentes tras los comicios del 2012".
A pesar de la fuerte repercusión que el informe ha tenido en la prensa africana,
el gobierno de Kenya no ha emitido ninguna valoración.
Despiece
Algunos ejemplos del horror:
James Ng'ang'a Kariuki: Este joven de 29 años, profesor de derecho en Londres e
hijo de un exdiputado fue disparado por un policía el 24 de enero, quien
previamente le había hecho bajar del coche. Antes había tenido una discusión con
el dueño de un hotel. El informe redactado por el mismo agente aseguraba que
Ng'ang'a era atracador de bancos y miembro de la secta Mungiki. Este caso es
presentado en el informe como "un ejemplo" y reconoce que la existencia de
testigos y la posición social de la víctima facilitaron la denuncia.
El policía arrepentido: En el 2008 un agente ofrecía un informe detallado y
preciso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya sobre los
escuadrones de la muerte policiales. Él mismo había sido chofer de uno que
realizó 58 ejecuciones en 24 ocasiones. En su testimonio aseguraba que recibían
órdenes de altos oficiales, incluido el Comisario Superior de Policía. Nadie de
los acusados fue investigado, pero el testigo fue asesinado en octubre del mismo
año.
Monte Elgon: Desde 2006 existe en esta región del este del país una milicia
llamada Fuerza de Defensa de la Tierra Sabaot. Alston les atribuye la mayoría de
las violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, torturas, agresiones
sexuales y robos, aunque explicita que "durante casi dos años las autoridades se
inhibieron en la protección de la población". Cuando el ejército y la policía
iniciaron la Operación Okoa Maisha para erradicar la milicia la situación se
puso aún peor: "3.265 personas fueron retenidas y la mayoría denuncia haber
padecido torturas. Y a pesar de mis esfuerzos para obtener las grabaciones de
los interrogatorios, estos han sido, no sorprendentemente, sin éxito hasta hoy",
escribe Alston en su informe.
Elecciones en 24 meses
El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Andre Ndriarijaona, ha
afirmado que el líder de la oposición, Andry Rajoelina, debe ser el nuevo
presidente de la nación y no el almirante Hyppolite Ramaroson.
"Yo prefiero a Andry Rajoelina porque si apoyamos al vicealmirante nos meteremos
en otra crisis", ha declarado el general Ndriarijaona. Estas declaraciones se
han llevado a cabo después de que el portavoz presidencial, Andry Ralijaona,
anunciase que el almirante Hyppolite Ramaroson, en su calidad de "comandante más
antiguo de la cúpula militar", había asumido el poder después de que el hasta
hoy presidente, Marc Ravalomanana, hubiera entregado el cargo a los militares.
La oposición de Madagascar ha anunciado poco después de este anuncio del
portavoz, que su líder, Andry Rajoelina –ex alcalde de la capital–, será quien
se ponga al frente del equipo de transición que organizará elecciones en 24
meses y que redactará una nueva Constitución para crear la "Cuarta República".
