Diego Ghersi
APM

El golpe de estado que depusiera en Honduras al presidente constitucional Manuel Zelaya disparó las alarmas regionales y en particular las de aquellos países cuyos gobiernos se inscriben con más firmeza en el denominado "Socialismo del Siglo XXI".

De cara al avance neoliberal, el gobierno bolivariano de Venezuela cuenta con un considerable apoyo popular, las rentas petroleras y un marcado sostén de sus Fuerzas Armadas.

El apoyo popular puede medirse por un dato cercano: el 15 de febrero de 2009, en el plebiscito impulsado por el presidente Hugo Chávez para dirimir la posibilidad de una Enmienda Constitucional, el gobierno obtuvo una aprobación del 54,36 por ciento frente a un 45,63 por ciento opositor.

Tal respaldo en las urnas significó la posibilidad de que tanto el presidente como los gobernadores y alcaldes puedan acceder a la reelección indefinida o continua. Además, el hecho de que dicho triunfo se haya conseguido a 10 años de ejercicio continuado del poder habla a las claras de que el tiempo no ha desgastado la confianza de los electores.

Frente al triunfo, el presidente Hugo Chávez declaró en su oportunidad que "comienza el tercer ciclo histórico de la Revolución Bolivariana, del 2009 al 2019", que se diferenciaría de los dos ciclos anteriores, el primero de 1999 al fallido golpe de estado de 2002, y el segundo desde entonces hasta febrero de 2009.

En esta nueva etapa, el gobierno bolivariano deberá enfrentar un escenario donde la caída del precio de barril de petróleo anclado en los 60 dólares es el límite para el equilibrio del presupuesto del país.

Resulta evidente que la caída del precio del petróleo provocará una disminución de la capacidad de maniobra del poder presidencial.

Por su parte, la oposición política, que trata infructuosamente de recuperarse de las derrotas electorales, anunció el 6 de junio pasado la creación de la Mesa de la Unidad Democrática, con representación en todas las ciudades del país, y cuyo único objetivo es el de enfrentar la gestión del actual mandatario.

El líder democristiano Ignacio Planas, del partido opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) reconoció que la unidad surgió de un esfuerzo muy grande de consenso, diálogo y discusión, en la búsqueda de una instancia permanente que enfrente la gestión del actual mandatario.

La alianza opositora intentará profundizar sus críticas sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos y destrucción del sistema productivo, política carcelaria, corrupción gubernamental, inflación creciente, "conflictividad que impide el diálogo político", dependencia del Poder Judicial y aspectos de fondo en cuanto a política exterior.

Por su parte, el gobierno enfrenta la lucha dialéctica por el poder exhibiendo los resultados positivos en relación con alfabetización, reducción de la pobreza, salud, seguridad social, desarrollo económico, soberanía alimentaria, disminución de la deuda pública, inversión en ciencia y tecnología y cuadruplicación de las reservas monetarias.

El arco opositor, que incluye también a la Iglesia Católica de Venezuela, cuenta con el aporte de los medios de comunicación privados, denunciados por el gobierno como medios de desinformación y contra los cuales, en esta tercera etapa, el presidente Hugo Chávez continuará la política de anulación de licencias de emisión, cuyo antecedente más resonante fue el de la televisora privada RCTV, muy crítica con el gobierno de Hugo Chávez, que en 2007 salió del aire en señal abierta al expirar su licencia y negársele la renovación.

En ese sentido, el Parlamento de Venezuela aprobó un informe del responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, en el que se afirma que "27 familias poseen de manera privilegiada más del 32 por ciento del espectro radioeléctrico, lo cual demuestra la existencia de un latifundio mediático."

La importancia de la resolución parlamentaria implica un respaldo categórico a las medidas implementadas por el Ejecutivo nacional para "garantizar la democratización del espectro radioeléctrico, la paz, la tranquilidad y la salud mental del pueblo venezolano".

En Ecuador, el panorama parece más claro a favor del presidente constitucional Rafael Correa, quién el 26 de abril obtuvo su reelección con el 51 por ciento de los votos y casi un 14 por ciento más que su inmediato perseguidor.

El triunfo abrumador del partido Alianza Patria Altiva y Soberana (País) posibilitó la desarticulación de la oposición política y significó el control de la Asamblea Legislativa compuesta por 124 escaños. Es evidente que semejante espaldarazo facilita la gobernabilidad futura de la gestión del actual mandatario.

La estabilidad alcanzada es un dato no menor en un país que desde hace un decenio se había convertido en la democracia más inestable de América Latina (desde 1996 hubo 8 presidentes) e implica la sustentabilidad a mediano plazo del proceso económico del país, cuyos desafíos futuros se desvían de la oposición interna a los avatares derivados de la caída del precio del petróleo, a la reducción de las remesas de dinero que envían los emigrados y a la ausencia del crédito externo.

La gran habilidad de Correa ha consistido en mantener la cohesión de las diferentes fracciones y movimientos que componen su gobierno, a pesar de las tensiones lógicas derivadas de diferentes criterios .

El proyecto político del mandatario reelecto -la "revolución ciudadana"- se apoya en la confrontación permanente con los poderes fácticos de Ecuador: la banca, los medios de comunicación, la elite económica de Guayaquil, los partidos políticos tradicionales y la lucha contra la corrupción estatal; pero fundamentalmente representa un quiebre con el neoliberalismo económico.

El apoyo popular garantiza que Rafael Correa inicie su mandato hasta 2013 con relativa tranquilidad respecto de la acción política opositora, sin embargo se han insinuado algunas señales de descontento en los mandos militares, disconformes por la eliminación del servicio militar obligatorio y por la iniciativa gubernamental de involucrar a la Armada y al Ejército en tareas administrativas en Petro Ecuador y en la reconstrucción vial.

Por su parte, el conflicto entre el gobierno y la Iglesia Católica se mantiene latente luego de que en 2008 la institución declarara abortista el proyecto constitucional sometido a referéndum en setiembre de ese año, y que resultara también abrumadoramente favorable al primer mandatario.

Cabe señalar que la Iglesia ya se había manifestado contraria a la primera candidatura de Rafael Correa, argumentando su condición de candidato "comunista y abortista".

En cuanto al papel de los medios de comunicación, la batalla está abierta. En el discurso de la victoria, el presidente reelecto manifestó que en esta nueva etapa lucharía contra el poder corrupto de la prensa, a la que también calificó de mafiosa.

En ese sentido, el 30 de mayo el mandatario anunció demandas contra el diario El Universo y el canal Teleamazonas: "Ya no estamos dispuestos a ser víctimas de una prensa corrupta. Vamos a cumplir la ley y vamos a iniciar los procesos legales correspondientes".

El ministro de Coordinación Política de Ecuador, Ricardo Patiño Aroca, sostiene que ante el desprestigio y la pérdida de credibilidad de los dirigentes tradicionales, la "gran prensa", en manos de los banqueros y grupos dominantes, privilegia las políticas neoliberales y se consolidó como el principal partido de oposición al presidente Rafael Correa.

En Bolivia, y pese a su seguidilla de triunfos en las urnas, la batalla de Evo Morales contra las fuerzas opositoras es diaria y constante.

"Si me pasa algo será culpa de la derecha", había declarado Morales durante su huelga de hambre en por de la Ley Transitoria de Régimen Electoral que le impidiera asistir a la Cumbre de la Américas en Trinidad y Tobago.

Los esfuerzos de la oposición se concentran en la búsqueda de un líder que pueda aglutinar votos en los comicios presidenciales del 6 de diciembre entrante.

La "refundación de Bolivia" impulsada por Morales logró ganar las últimas cuatro elecciones con una solvencia que según los analistas será difícil de igualar en los meses que restan hasta el llamado de las urnas.

Sin embargo, el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas es uno de los principales impulsores de un proyecto que aúne las expectativas opositoras.

"Debemos hacer todo el esfuerzo para consolidar una sola candidatura", manifestó Cárdenas, quién se encuentra abocado a la creación para ese rol de un Nuevo Proyecto Político Ciudadano.

Como en el caso venezolano, la oposición apunta a la corrupción, la negación de la propiedad privada y la violación a los Derechos Humanos.

En otro orden, el gobierno de Morales recibió su fuerza de los sectores indígenas más empobrecidos, quienes no vacilaron en apoyarlo cada vez que fue necesario, con grandes manifestaciones públicas. Esas manifestaciones populares contribuyeron en gran medida al sofocamiento de la sublevación de la "Media Luna", intento secesionista de las regiones más ricas de Bolivia, en setiembre de 2008.

Morales goza hasta ahora de un medido apoyo militar, cuya manifestación más importante fue colocarse a las órdenes del presidente durante el conflicto autonómico. En aquel momento, el jefe del Ejército, General Luis Trigo, había manifestado que las Fuerzas Armadas "apoyan el firme empeño de su capitán general (Evo Morales) en la búsqueda de soluciones definitivas a todos los conflictos políticos sociales, económicos, naturales y sectoriales que hoy imperan en el país, a fin de imponer la paz la unidad y concordia entre todos los bolivianos".

Lo cierto es, que desde la llegada al poder de Evo Morales, las Fuerzas Armadas han mantenido un comportamiento de ejemplar subordinación al poder político.

Como en los casos de Venezuela y Ecuador, el ejecutivo boliviano mantiene una tensa relación con la prensa local. Hastiado de la crítica fuera de tono y de la parcialidad manifiesta en contra de su gestión, el mandatario boliviano ha llegado al punto de sólo recibir en el Palacio Quemado a la prensa extranjera, excluyendo a la local.

Por último, Evo Morales también debe lidiar con la oposición eclesiástica a la que llegó a calificar de "sindicato opositor al gobierno". Y es que la Iglesia Católica en los países andinos parece haber olvidado aquello de "dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios" y se ha convertido en un actor recurrentemente alejado de los más necesitados.

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