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Colombia y la lucha no armada por el agua
Juan Diego Restrepo
Sur y sur
Sin armas, los movimientos sociales colombianos libran una batalla por el
significado mismo de la vida: el control del agua. Su principal objetivo es que
sea considerada un derecho fundamental. El movimiento para la Defensa del Agua
constituye uno de los frentes más importantes de las luchas pacíficas en el
país, y es a la vez uno de los fenómenos más interesantes de movilización social
y participación ciudadana de la historia reciente. El gobierno nacional y
sectores del Congreso amenazan acabar con él.
En Colombia, único país de América Latina en conflicto armado, los movimientos
sociales no cuentan con garantías para desenvolverse y ejercer sus actividades.
Históricamente, se han visto enfrentados a persecuciones, desapariciones
forzadas y amenazas de grupos armados. Es decir, del Estado, de los
paramilitares, de las guerrillas, y por supuesto del narcotráfico, vinculado a
todos los anteriores.
¿Qué tan fácil es llevar adelante una lucha social en Colombia? Cifras de la
Escuela Nacional Sindical revelan que, entre 1986 y 2007, se produjeron hacia
207 atentados contra líderes y activistas; 144 desapariciones forzadas, 1.399
desplazamientos, también forzados; 549 detenciones arbitrarias; 2.570
homicidios; 163 secuestros y 43 casos de tortura.
Más de 400 organizaciones sociales de todo el país impulsaron la campaña El
Agua: un bien público. Ese programa cambiaría el modelo de gestión de aguas en
un país considerado potencia hídrica.
La campaña consistió en navegar los ríos más importantes del país. Después de
una fase de investigación y de debate, hicieron foros y escribieron documentos,
estableciendo un diagnóstico de la situación actual del agua en cada región.
Con herramientas educativas y culturales, impulsaron la propuesta central: el
proyecto de Referendo por el Agua. Un proceso en el que 2.060.922 colombianos,
hecho sin antecedentes, dieron su firma para que el resto de la sociedad se
pronunciara en las urnas y decida si el agua es o no un derecho fundamental.
En diálogo con APM, Wilson Durán, funcionario de la empresa de aguas de EPM,
reconoció que hay más 220 conexiones ilegales y artesanales, de las que se
abastecen barrios enteros de la ciudad. Muchos de ellos son asentamientos de
familias desplazadas del campo por el conflicto armado, y están ubicados sobre
las laderas de las montañas.
El barrio Bello Oriente, con una vista privilegiada sobre el valle, desde donde
se ve el Metro, el río y las industrias, no cuenta con agua potable para el
consumo de sus habitantes. En Moravia, en Belén, en Altos de la Torre, mujeres y
niños cargan diariamente el agua en baldes para abastecer sus casas.
Contradictorio para la ciudad dueña del gigante de la prestación de servicios
públicos en América Latina, EPM (Empresas Públicas de Medellín). Paradójico,
para la capital de un departamento con numerosas presas y embalses, cuya región
produce 6.592,62 Megavatios, siendo el área hidroeléctrica más importante de
Colombia.
La campaña estuvo liderada a nivel nacional por la organización ambiental
Ecofondo, que coordinó a movimientos sociales, campesinos y comunitarios de todo
el país.
Colombia se caracteriza por ser abundante en aguas. Las tres cordilleras que la
atraviesan forman hoyas hidrográficas que se derraman en cuatro vertientes
principales. Tiene costas en dos mares y orillas en el Amazonas y en el Orinoco;
ríos, ciénagas y lagunas. El Chocó es uno de los lugares más lluviosos de la
tierra. En las alturas, los páramos y nevados forman los Centros Hídricos, como
el Macizo colombiano, el Páramo de Sumapáz o la Sierra Nevada de Santa Marta.
En este escenario se presentan fenómenos como la contaminación de ríos y
riachuelos. Los ecosistemas naturales y sus ciclos de agua están alterados. Se
produce la desecación de lagunas y ciénagas en todo el país. Según la Defensoría
del Pueblo, el 53 por ciento de habitantes de las áreas rurales no tienen
acueducto, y el 82,2 por ciento no cuenta con alcantarillado.
En la periferia de las ciudades, barrios enteros carecen de acceso al agua
potable. Hay municipios que simplemente no cuentan con el servicio, y cada vez
más se registran nuevos aumentos en las tarifas y en el número de personas
desconectadas por falta de pago.
Las empresas prestadoras del servicio fueron privatizadas: Acuacar en Cartagena,
Triple A en Barranquilla, Metroagua en Santa Marta y Proactiva en Montería (sólo
por mencionar la costa atlántica). También se privatizan proyectos hídricos
(presas) y e implantan proyectos de desarrollo agrointensivos.
En cada región, en cada río, la situación es la misma aunque los protagonistas
sean diferentes. En general, son dos modelos de Estado enfrentados con dos
miradas sobre el agua, ¿bien común o mercancía?
Ya son pocos los bocachicos que se pescan en el río Sinú. Son peces de color
vistoso, que se comen con yuca o con plátano, famosos en Colombia por su buen
sabor. Su carne suave era la principal fuente proteica de los indígenas Embera-Katio.
Aguas arriba, la controvertida represa Urra I.
La comunidad argumenta que la desaparición del pez se debe a los taponamientos
en los cauces naturales de los ríos. En declaraciones públicas afirmaron: "Se ha
agravado considerablemente los niveles de desnutrición y malnutrición de
nuestros niños".
Los Embera han vivido durante generaciones en las orillas del río Sinú.
"Nuestros referentes simbólicos, sitios sagrados, lugares rituales, espacios de
encuentro espiritual de Jaibanás, y reservas de plantas tradicionales, fueron
inundados, trastocando la relación espiritual que ancestralmente manteníamos con
nuestros dioses y espíritus", dicen.
Urra I es un megaproyecto hidroeléctrico que se inició con la construcción de la
presa en 1994. Produjo la sedimentación de varios ríos y la formación de
taludes, haciéndolos no navegables. Como consecuencia de esto aumentó la
presencia de mosquitos, que generan enfermedades tropicales.
En la actualidad, se proyecta la construcción del megaproyecto Urra II. En este
caso, las empresas Isagen, gigante de la energía en Colombia, y Geselca, se
enfrentan a varias organizaciones ambientales, que invocan la protección del
ecosistema del Parque Nacional Nudo de Paramillo. Colombia es uno de los países
con mayor biodiversidad en el mundo.
El Alto Sinú es sólo una parte del panorama del agua en Colombia. La iniciativa
de Referendo por el Agua propone que el pueblo decida en las urnas por el
siguiente modelo:
Declaración del agua como derecho humano fundamental, lo cual implicaría que el
Estado está en la obligación de suministrar agua potable a todas las personas y
de garantizar un mínimo vital gratuito.
Obligación por parte del Estado de proteger el agua en todas sus manifestaciones
en calidad de bien común y público.
Consagración del agua, en todas sus formas y estados, como parte constitutiva de
los territorios colectivos que pertenezcan a indígenas y comunidades negras y
como elemento sagrado en la cosmovisión de los grupos étnicos.
Protección especial por parte del Estado de los ecosistemas esenciales para el
ciclo del agua, procurando la implantación de modelos de uso sustentable que
garanticen la disponibilidad del líquido en el futuro.
Obligatoriedad de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado por medio de
empresas estatales o por organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha controvertido políticamente al Movimiento
por el Agua. El Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial y la
Superintendencia de Servicios Públicos, ambos organismos gubernamentales, se
pronunciaron en contra del referendo por considerarlo inviable.
De la calle y los medios de comunicación, el debate se trasladó al Congreso de
la República. A éste le corresponde darle trámite a la iniciativa popular, tal
como lo dice la Constitución, para que los colombianos puedan pronunciarse a
favor o en contra, con un sí o un no.
Sin embargo el Congreso, de mayoría uribista, intentó modificar la propuesta del
movimiento social, "interpretando al pueblo" a su manera.
Rafael Colmenares, vocero del Comité Promotor del referendo y presidente de
Ecofondo, informó que esa organización no está de acuerdo con los cambios a la
propuesta, que consistieron en: Se eliminó la consagración del derecho
fundamental al agua potable. Se eliminó el reconocimiento del agua como bien
común y público. Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al
ciclo del agua para este fin. Esto es, se dejó abierta la posibilidad de que se
entregue el agua de los ecosistemas esenciales a agentes privados para que la
usen con fines distintos al de cubrir necesidades humanas básicas. Se eliminó la
prohibición de privatizar la gestión del agua y del servicio de acueducto y
alcantarillado y, en concomitancia con esto, la obligación de ejercer una
administración que no tenga como finalidad el lucro. Se agregó que "las aguas
que nacen y mueren en la misma heredad" son privadas, imponiendo así una
excepción al principio de que todas las aguas son bienes de uso público. Se
estableció que las aguas que discurren por los territorios étnicos no son parte
integrante de los mismos. Se acomodó el mínimo vital gratuito a los esquemas de
programas focalizados hacia los pobres, única política de "bienestar" que cabe
dentro del proyecto político neoliberal.
Para Colmenares, el referendo fue cambiado por otro que dice todo lo contrario,
y agrega que "es una burla descarada de quienes apoyamos con nuestra firma la
propuesta del Referendo y una violación flagrante de nuestros derechos
políticos".
La tesis del presidente Uribe y sus congresistas consiste en establecer un
equilibrio entre los mecanismos de democracia participativa y la democracia
representativa. Según este argumento, se justifican los cambios que le haga el
Congreso a la propuesta popular.
Inmediatamente el Comité apeló los cambios. Los movimientos sociales se
opusieron entonces a las modificaciones, así como varios columnistas y
editorialistas. Argumentan que contradice punto por punto la propuesta inicial;
algunos, lo calificaron de golpe de estado a la participación ciudadana. Algo
así como un atentado contra la soberanía del pueblo, que es quién escoge a sus
gobernantes para que los represente.
El Quimbo es el proyecto que enfrenta a la empresa Emgesa y a las comunidades de
Gigante, Agrado y Garzón, pueblos del departamento del Huila. El debate es
acerca del impacto económico, social, ambiental, y de la viabilidad del
megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo, que inundaría 28 kilómetros.
Emgesa es una multinacional hispano-chilena que se encargará de la construcción
del proyecto en el río Magdalena. Compró el proyecto en 2008; en 1991 adquirió,
en la misma región, la hidroeléctrica Betania, que generó la mengua de las aguas
del río, después de un proceso acelerado de sedimentación del lecho.
El Magdalena atraviesa el centro del país de Sur a Norte. Es la columna
vertebral de la región, el río más importante en las cordilleras de los Andes.
Además de los anteriores, existen los proyectos de Pericongo, Guarapas, Isnos y
Oporapa.
En este escenario es la comunidad campesina la que se enfrenta a la
multinacional. Según cifras de Alfredo Molano, publicadas en El Espectador, de
las 8.800 hectáreas a inundar, "5.300 están en producción y 2.000 de ellas son
tierras de parceleros". Los campesinos argumentan que los impactos no son
mitigados por la empresa como debería serlo en temas sociales y ambientales.
La lucha social no armada por el agua busca cuidar los ríos y respetar los
ecosistemas; busca que el Estado administre los recursos y las empresas; para
que el campesino del Huila pueda cultivar sus parcelas, para que las comunas de
Medellín tengan agua potable, y para que los Embera vuelvan al río Sinú, a
encontrarse con sus espíritus, y puedan su bocachico con plátano o con yuca.
*Periodista de APM
Juan Diego restrepo-Periodista de APM
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