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Años de denuncias y pruebas irrefutables aún no pudieron traducirse en penas ejemplares. En este sentido, el fiscal general federal, Antonio Gómez, entendió que el castigo de prisión a algún responsable de la quema de cañaverales es esencial para empezar a revertir este flagelo prácticamente impune. Además, anheló que los funcionarios judiciales actúen de oficio sin esperar denuncias por escrito.

Un camino para mitigar el problema de la quema de cañaverales parece no revestir disidencia alguna entre quienes denuncian esta problemática. La necesidad de que de una vez por todas se condene a alguien a prisión, en el marco de este flagelo, es algo que viene siendo reclamado todos los años por diversos sectores de la sociedad. Dentro de la Justicia, se suma a este razonamiento -y expresión de deseo hasta hoy incumplido- el fiscal general federal, Antonio Gustavo Gómez, quien encabezó varias investigaciones en búsqueda de los responsables de este delito ambiental.

En declaraciones radiales, el funcionario judicial fue concluyente: "Estoy convencido de que hasta que no condenemos a alguien a la pena de prisión que prevé la ley 24.051 (sobre residuos peligrosos) por los delitos de contaminación o por el delito de estrago esto no se va a terminar".

El fiscal federal recalcó que desde hace 3 años se realizan actuaciones e investigaciones al respecto de esta situación. Sin embargo, pese a que la legislación actual es, a su criterio, "muy buena", hay grandes demoras en las causas iniciadas.

"Coincido en que la justicia es muy lenta pero la unidad de fiscales que investiga delitos ambientales hemos planteado este tema, hemos abierto las investigaciones y hemos probado los casos de quema de caña, incluso tomándole las impresiones digitales a muchas personas".

Sin embargo, Gómez insistió en las demoras de las causas. "Es una gran responsabilidad del Poder Judicial tener que dar respuestas a estos conflictos individuales máxime cuando se esta en riesgo la vida de las personas como ocurrió en Los Ralos. En esta como en otras localidades las familias perdieron viviendas y elementos personales a raíz de un acto incendiario" agregó en declaraciones a LV 12.

Para revelar parte de los problemas que atañen a este tipo de delitos, Gómez explicó las divergencias suscitadas en el seno la Justicia. "Hemos hecho investigaciones desde hace 3 años y todavía se esta discutiendo si son competencia de la justicia provincial o federal".

Además recordó la obligación de los funcionarios judiciales de actuar de oficio ante este tipo de hechos por más que no existan denuncias por escrito.