Eduardo Lucita
La Arena

Han pasado ya las elecciones con los resultados conocidos y la problemática social, cuyos indicadores muestran un agravamiento, sigue allí. ¿La agenda del diálogo tendrá en cuenta estas prioridades?

Los resultados electorales impactaron fuertemente en el gobierno Es que la derrota tiene un carácter esencialmente cualitativo, el kirchnerismo ha perdido hegemonía política y deberá negociar en una relación de fuerzas que se ha modificado. Negociación que se dará no sólo con la oposición política sino sobre todo frente a las distintas fracciones del capital que han salido fortalecidas.

Las finanzas públicas

Uno de los datos más destacable del ciclo económico expansivo de los últimos seis años ha sido la coexistencia de los superávit gemelos. El comercial no sólo se mantiene sino que aún en la crisis tiende a agrandarse por la sencilla razón que las importaciones caen mucho más que las exportaciones. Por el contrario el financiero está en este momento bajo la lupa de analistas de diversas tendencias.

En otros momentos el comportamiento de esta variable macroeconómica sería relevante sólo para especialistas o conocedores del tema pero en esta coyuntura adquiere una significación mayúscula. Es así porque en la visión de crisis de ciclo corto el superávit fiscal, acrecentado por los fondos de las AFJP, ha sido la fuente de recursos para subsidiar, sin demasiado éxito, la oferta de automotores y electrodomésticos; para sostener los planes sociales, de por sí escasos e insuficientes, con los que intenta contener la pobreza y la indigencia; apoyar los emprendimientos productivos, que con mucha iniciativa y capacidad llevan adelante los movimientos de desocupados; asistir a las empresas para garantizarles sus tasas de ganancias pero también para frenar despidos.

Esta fuente se está agotando por la sencilla razón que los gastos han crecido mucho más que los ingresos. Por ahora se mantiene el superávit primario pero si se computan los servicios de la deuda, las cosas cambian. Cálculos privados suponen un resultado neutro para todo el 2009 o bien un rojo consolidado (Estado nacional + provincias) estimado en medio punto del PBI. Por si fuera poco los gobernadores, más aún los de las provincias que están en rojo, ya han manifestado la intención de mejorar la coparticipación de los fondos federales y recibir parte de lo recaudado por el impuesto al cheque mientras intentaran resistir cualquier reducción de los fondos destinados a las obras públicas.

Así aumentan las tensiones sobre las finanzas públicas y desde distintos sectores de la oposición y algunos medios de comunicación han levantado señales de alarma sin reparar que este resultado parece insignificante frente al déficit del 13% de los EE.UU., el 7% de Francia o el 10% de España.

La situación social

En este ciclo de crecimiento económico los principales indicadores sociales registraron mejoras importantes comparados con el 2002, sin embargo comenzaron a deteriorarse desde mediados del 2007. Distintas estimaciones muestran que en el primer semestre del año la destrucción de puestos de trabajo superó los 200.000 empleos y que la tasa de desocupación, luego de haber caído al 7,5%, orilla ya el 12%, alcanzando a casi dos millones de personas. Los salarios que tuvieron una recuperación importante han comenzado a deteriorase y hoy se encuentran en promedio un 20% debajo de los registros del 2001. Así la pobreza que era del 54% de la población en el 2002 y que fuera reducida a poco más del 20% en el 2006 volvió a trepar. Su nivel actual es discutido pero seguramente supera el 30%, mientras que la indigencia alcanza como mínimo al 10%. Esto es no menos que unos doce millones de pobres y cuatro de indigentes.

Este cuadro social, ya de por sí dramático, tiende a agudizarse en el marco de la crisis mundial, cuando se hace evidente que ésta va para largo, que aún cuando finalmente encuentre un piso la recuperación será muy lenta y que mucho más lenta será la recuperación del empleo. Así las políticas sociales implementadas por el gobierno sólo postergan el problema y no implican ninguna solución duradera.

En este contexto de crisis mundial y local y debilidad política post-electoral del gobierno es que las distintas fracciones sociales y políticas están preparando sus agendas para participar del diálogo convocado por la presidenta. Pero nadie parece demasiado interesado en la reforma política, por el contrario no ocultan que lo que subyace es la crisis y como resolverla.

Dos agendas

En este sentido es que aparecen dos agendas. Una que se inscribe en la lógica del capital y por la que siempre sale de sus crisis por mayor productividad del trabajo (léase menos empleo, menores salarios y mayores ritmos de producción), devaluación de la moneda o rebaja de salarios en términos reales o absolutos como propone la multinacional Techint, dejando el empleo al libre juego de la oferta y la demanda, reducir la carga tributaria a las empresas (léase retenciones, impuestos, aportes a la seguridad social) o bien obtener nuevos subsidios y cubrir el bache de las finanzas públicas bajando el gasto estatal y volviendo al FMI.

Otra que se inscribe en la lógica de los trabajadores y sectores populares. Para estos resulta imprescindible declarar la emergencia laboral y en este marco obtener la prohibición de despidos y suspensiones hasta tanto dure la crisis, evitando así que nuevos contingentes se sumen a la desocupación y la pobreza; complementariamente reducir la jornada de trabajo y repartir el trabajo existente para absorber desocupación y que los trabajadores se beneficien de la mayor productividad alcanzada. Este mayor nivel de ocupación debiera ser acompañado de un incremento de los salarios y las jubilaciones mínimas y la universalización de un ingreso que contemple las necesidades de las familias desocupadas, junto con la eliminación del IVA a los productos de primera necesidad. Se obtendría así una demanda genuina que reanimaría la economía.

Claro está que se plantearán problemas de financiamiento y esto requiere de una transformación progresiva de la política tributaria, pero en lo inmediato es posible gravar las rentas financieras, reponer el impuesto a la herencia, extender las retenciones a la actividad minera y petrolera, e instrumentar una política que frene la fuga de capitales.

Es apenas un programa de emergencia que marca una orientación distinta para salir de la crisis y abrir las posibilidades para transformaciones más profundas.

Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI (Economistas de Izquierda).