Dar�o Tropeano
R�o Negro on Line

El t�tulo de esta nota pretende dar un enfoque gen�rico respecto de la situaci�n que enfrenta hoy el Poder Judicial, los jueces que lo componen y lo que percibe la gente, sus sensaciones frente a realidades que observan y viven cada d�a y otras que desconocen.

Hace pocos d�as asistimos a un fen�meno excepcional en la historia judicial nacional: el reclamo de jueces de todo el pa�s a trav�s de actos en sus lugares de trabajo y lectura de documentos con m�ltiples reclamos respecto del funcionamiento del sistema judicial.

En pa�ses europeos como Espa�a, Italia y Portugal, las movilizaciones callejeras de estos funcionarios no resultan una novedad, como tampoco las constantes cr�ticas a la pol�tica de seguridad y presiones del gobierno del presidente Sarkozy a jueces y fiscales franceses.

Los reclamos formulados en esta manifestaci�n nacional de jueces han estado orientados a advertir sobre la sobresaturaci�n de causas -casi 4.000.000 nuevas por a�o- y las limitaciones de infraestructura y medios en general que asignan los otros poderes del Estado al funcionamiento del Poder Judicial. Se puso el acento en una Justicia simplificada, en el valor de la ley y en la necesidad de una reforma integral del sistema y un plan de seguridad adecuado.

Es notable c�mo ante situaciones limite, ante la desintegraci�n de un sistema de justicia absolutamente perimido en sus estructuras de funcionamiento y en su forma de ser administrado, puede llevar incluso a sus operadores a reclamar un cambio de paradigma frente a una realidad que claramente los supera.

El auge del delito y la consecuente sensaci�n de inseguridad, la lentitud de las causas penales, muchas de ellas extinguidas por prescripci�n; la prolongaci�n indefinida de los procesos y la impunidad que habitualmente se observa en delitos econ�micos o en los que se hallan involucrados pol�ticos y funcionarios generan, en las mayor�as insatisfechas de la sociedad, un cuestionamiento permanente a la instituci�n judicial. Se imputa as� a todo el sistema de corrupto, bur�crata, comprado, amigo del pol�tico gobernante o de la polic�a.

Ello no es exactamente as�. Muchos jueces y funcionarios son honestos, responsables de su trabajo y con ganas de hacerlo, tambi�n independientes. Otros no tanto. No resulta todo lo mismo porque el sistema no es uniforme, ni funciona igual en cada lugar de la Argentina.

En la Justicia Penal, tanto federal como provinciales, es donde la pol�tica activa m�s la designaci�n de funcionarios, porque intenta con ello asegurar su impunidad frente a delitos en el ejercicio de la administraci�n p�blica que derivan hacia este fuero. Por supuesto, en los Superiores Tribunales provinciales se act�a habitualmente para colocar jueces cercanos al poder del turno o accesiblemente influenciables, ya que en esos estrados se debaten cuestiones sensibles a los intereses de la provincia, al pol�tico o al partido gobernante.

No es igual en la Justicia Civil, Laboral o de Familia, donde si bien el sistema opera no ausente de influencias en ciertas designaciones de funcionarios, en los �ltimos a�os en la mayor�a de las jurisdicciones del pa�s se han impuesto concursos y controles que mejoran parcialmente la calidad de los elegidos y cuya participaci�n hace m�s transparentes y normales las designaciones.

Tampoco se puede creer que en todas las provincias la Justicia funciona de la misma manera, ya que la influencia del poder pol�tico, la corrupci�n, la antilegalidad de muchas decisiones o incluso el desconocimiento del derecho pueden observarse en tribunales de otras zonas de la rep�blica. En ellos la calidad del sistema no es la misma que en las provincias de R�o Negro y Neuqu�n, ya que en nuestra zona la circulaci�n de ideas, el control y la participaci�n de los ciudadanos y el activismo pol�tico y sindical se hallan mucho m�s presentes que en aqu�llas.

Pero lo cierto es que los jueces asisten a la irrupci�n de nuevos paradigmas, esto es visiones, conceptos, valores y necesidades de la sociedad, los que mutan a gran velocidad, en un marco de pauperizaci�n de las estructuras estatales. Y estos cambios que les vienen impuestos, trastrocando formas de pensar y ver la vida, a veces abstractas y esquematizadas o ajenas a la experiencia, obligan a muchos magistrados a abrirse y reconocer esas realidades. La presi�n, los miedos, la comprensi�n de nuevos escenarios, la tensi�n entre los distintos valores en juego al adoptar una decisi�n, la justicia formal y la justicia real, los nuevos conocimientos y las limitaciones para aprehenderlos, la falta de recursos materiales y tiempo para estudiar los casos y emitir una sentencia bien fundada y de calidad institucional, son esas realidades que irrumpen en la actividad actual de los jueces.

Los magistrados y funcionarios que manifestaron sus reclamos como un paso al frente no s�lo act�an por reacci�n y autodefensa, sino tambi�n porque observan c�mo se desborda esa estructura p�trea, privilegiada y relativamente confortable que los conten�a. La paulatina proletarizaci�n de la Rep�blica Argentina que se desarrolla desde hace m�s de 30 a�os, y que viene carcomiendo los cimientos del Estado, llega al Poder Judicial y lo asedia con nuevos reclamos, masivos por cierto, y la demanda de una sociedad que busca reparaci�n.

El poder pol�tico, altamente concentrado en nuestro pa�s, transfiere al Poder Judicial realidades que no son propias de la Justicia: conflictos entre vecinos, consumidores, pobres que bregan por superar la violencia dom�stica, la marginalidad, la falta de tierra y vivienda, el conflicto familiar, etc. Muchas de estas cuestiones no son competencia del Poder Judicial o requieren el tratamiento de un sistema judicial distinto, compartimentado, que atienda las " diversas justicias" que necesita cada caso, implementando estructuras modernas, din�micas y eficientes. Hoy el sistema parece el mercado de Liniers, todo entra en una manga: urgente o no urgente, grave o no tanto, chico o grande, de inter�s colectivo o individual y, evidentemente, as� el agotamiento de las estructuras se hace manifiesto.

Pero dado que a estas alturas del comentario muchos se preguntar�n de d�nde salen los recursos econ�micos para el cambio, la respuesta a esta inquietud no es sencilla ni compleja. Depende de la vocaci�n pol�tica e ideolog�a que se abrigue para buscar los recursos en espacios econ�micos donde el Estado tolera y beneficia a minor�as que aprovechan ingentes recursos naturales y de servicios de nuestro pa�s sin control estatal, sea tributario, aduanero, cambiario, de remesas al exterior. Por supuesto que adem�s los recursos para un Estado eficiente y redistribuidor de riqueza se asientan en el control de la corrupci�n, ese estilo de funcionamiento que parece �nsito -salvo honrosas excepciones- a la forma de hacer pol�tica actual.

As� entonces los jueces que han reclamado al poder pol�tico deben acentuar su participaci�n y control como poder del Estado, y no abdicar ante la presi�n o ante el miedo de perder una prebenda, "tener problemas", no poder ascender en la escala jer�rquica o ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura. El juez de hoy debe ser activo y criterioso, apegado a la ley y al estudio del derecho -que en la Argentina hay mucho y para todas las situaciones-.

El mensaje a la sociedad tiene que ser claro y contundente de parte de los jueces, despojados de toda correcci�n pol�tica, ya que su fuerza y validaci�n emergen de su conducta, de sus fallos elaborados y apegados a la ley, lo que debe ir unido a una constante observaci�n de la realidad y de las necesidades de la gente, ya que como poder del Estado tiene herramientas para hacer un pa�s m�s justo y solidario.

Dar�o Tropeano es abogado.