El juez federal Daniel Bejas propuso ayer al Poder Ejecutivo la creación de un grupo especial de policías para que actúen en la protección de testigos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

El magistrado advirtió que los agentes de Gendarmería y Policía Federal son insuficientes, teniendo en cuenta el avance de los 600 expedientes abiertos en la Justicia Federal que multiplican el número de testigos y víctimas sobrevivientes. Hoy se realizará una reunión en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. El caso González profundizó el temor a la desaparición de víctimas y testigos, como pasó con Julio López.

Después del susto que generó el caso de Orlando Argentino González, después de que estuvo unas 30 horas sin que se supiera sobre su paradero, el juez federal subrogante Nº1, Daniel Bejas, acudió ayer al gobierno provincial para pedir ayuda a fin de garantizar la protección de testigos de los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

En un encuentro que mantuvo con el gobernador José Alperovich, el magistrado propuso la creación de un cuerpo especial de policías de la provincia, aduciendo que las fuerzas de seguridad que conforman Gendarmería y Policía Federal son insuficientes para atacar la problemática. "Con el avance de las causas de delitos de lesa humanidad van a empezar a llegar nuevos imputados y testigos, y esto puede generar inconvenientes", advirtió Bejas al mismo tiempo que admitió que el caso de González, aceleró el tratamiento de este tema. Precisamente para avanzar sobre esta propuesta anticipó que hoy se realizará, a las 10, una reunión en el Ministerio de Seguridad Ciudadana.

González es un sobreviviente del ex centro clandestino de detención Arsenales Miguel de Azcuénaga, oriundo del Empalme-Ranchillos que el martes pasado tenía que presentarse en la Justicia Federal para denunciar al ex comisario Francisco Orce, actualmente preso por otros casos de la dictadura, por amenazas reiteradas. Pero nunca llegó. Su abogada Laura Figueroa denuncia su posible desaparición y finalmente Gendarmería Nacional lo encontró el miércoles en la casa de un familiar de Villa Angelina, donde acudió luego de haber sido "apretado" para que no complique más a Orce, según versiones extraoficiales.

Acompañado de la secretaria de Derechos Humanos del Juzgado, Virginia Duffy, Bejas explicó que la propuesta -elaborada por la funcionaria- implica la selección de policías jóvenes por parte de una comisión especial que deberá tener en cuenta sus legajos. Además, los agentes deberán ser capacitados especialmente para la protección de testigos de delitos de lesa humanidad. "Es una tarea que veníamos trabajando con la doctora Duffy en función de lo que ya se realiza en Santa Fe y Córdoba. Y no puedo negar que el caso de González provocó un mayor avance en el tema", dijo Bejas.

Los funcionarios judiciales proponen que el cuerpo sea integrado por unos 20 o 25 agentes, dependientes del Ministerio de Seguridad de la provincia que actuarían bajo pedido de un juez federal. Por su lado, Duffy explicó que la comisión estaría integrada por representantes de organismos derechos humanos, querellantes, miembros de las secretarias de derechos humanos de la provincia, y funcionarios."Tenemos casos en que las víctimas también actúan como testigos, y necesitan cierta protección y contención durante el proceso, sobre todo cuando los imputados forman parte del cuerpo social de la víctima. Actualmente, hay personas que están siendo amenazadas en la provincia", alertó la funcionaria, quien acotó que la actuación del grupo especial de policías se daría en el marco de la ley nacional Nº 7.860 de protección de testigos.