Buenos Aires, 15 de Mayo de 2009
                       
"Los Derechos Humanos son los derechos que tiene el pueblo a
hacer la revolución" (León "Toto" Zimerman)
 
Declaración Fundacional de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del
Pueblo)

A fines del año 2006, un grupo de compañeros y compañeras, algunos pertenecientes a
diversas organizaciones políticas y otros independientes, que en su mayoría
formábamos  parte desde años atrás de la Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional (CORREPI), nos vimos obligados a diferenciarnos de dicho organismo en
razón de profundas diferencias políticas y metodológicas. Fue así, que decidimos
generar un nuevo espacio continuador de la lucha que veniamos llevando adelante
durante tantos años, al que denominamos CorrepiSur.

Hemos recorrido un largo camino desde aquel momento, se sumaron nuevos compañeros y
organizaciones que venian de otras experiencias en la lucha contra la represión y por los derechos humanos y por ello entendimos entre todos que ha llegado el momento de encarar una nueva etapa, logrando una síntesis superadora que tome lo mejor de todos estos años de experiencia en la lucha antirrepresiva y lo conjugue con las nuevas necesidades que requiere el momento histórico, refundando para ello este organismo antirrepresivo y de derechos humanos,  que desde ahora en mas pasará a llamarse CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo).

Tanto desde CORREPI en un primer momento, como desde CorrepiSur después,  fuimos definiendo nuestro punto de vista sobre las particularidades de la lucha antirrepresiva en el marco del sistema capitalista, y en particular en la etapa post-dictatorial en nuestro país.. En distintos documentos se caracterizó la represión como inherente al sistema capitalista y como herramienta coercitiva del Estado burgués, que "independientemente del gobierno que lo administre y en tanto representante de los intereses de los sectores dominantes", necesariamente recurre (en proporciones variables y según el grado de consenso) a estrategias represivas como el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias y la persecución política con el objetivo de ejercer el control y el disciplinamiento social  para garantizar la aplicación de sus políticas de hambre y exclusión. En ese contexto se producen permanentes violaciones a los derechos humanos como un accionar sistémico ejercido por el Estado, principalmente mediante la represión preventiva hacia los sectores más empobrecidos y marginados y la represión contra los luchadores populares.

                 Históricamente el Estado ha sido consecuente con esta práctica, criminalizando la pobreza y persiguiendo a los luchadores populares utilizando a tal fin las distintas herramientas con las que ha contado. Es que, a fin de defender el orden social establecido y los intereses de los sectores dominantes, los sucesivos gobiernos no han dudado en utilizar todos los instrumentos a su alcance, desde la represión directa y el asesinato hasta la persecución judicial a partir de leyes creadas a la medida de la persecución política.

                 Una de las primeras leyes promulgadas con el explícito fin de perseguir a los que llevaban adelante luchas reivindicativas es la ley 4.144 del año 1902, denominada "Ley de Residencia", complementada en 1910 con la  ley 7.029
llamada "Ley de Defensa Social". Estas herramientas legales, junto con las prácticas represivas abiertas fueron un hito en la persecución a los oprimidos ya que, además de permitir la expulsión del país, llegaban a la pena de muerte.

     No es novedoso que el Estado sancione leyes a la medida de la persecución de la protesta social y política e históricamente se han creado y aplicado distintas figuras jurídicas a los que reclaman activa y firmemente por sus derechos, como así también se ha recurrido a los más atroces métodos de exterminio para imponer las políticas del Estado burgués. El punto más alto ha sido sin lugar a dudas el genocidio llevado adelante por la última dictadura, utilizando la doctrina de seguridad nacional como sostén ideológico y siguiendo el mandato estadounidense en plena guerra fría. En ese contexto las fuerzas armadas desplegaron su capacidad represiva contra un enemigo interno, que no era ni más ni menos que el pueblo y las organizaciones políticas revolucionarias.

Sin embargo, desde el 10 de diciembre de 1983, que es cuando comienza el período que denominamos institucional, la política represiva del Estado ha tenido  una clara continuidad, aunque reformulando el concepto de la doctrina de la seguridad nacional por un concepto de doctrina de la seguridad social. A partir de esa fecha, el rol de control social y preservación de las bases del sistema se va a desplazar desde las fuerzas armadas hacia las fuerzas policiales.

Durante el período institucional, la represión de las fuerzas policiales se efectuó en un primer momento fundamentalmente sobre los pobres en general y sobre los jóvenes y los sectores en lucha en particular. Se explica ese cambio de enemigo interno, ya que se pasa del "enemigo real" de la década del 70', al "enemigo potencial" de estos tiempos, debido a que los pobres y los jóvenes tienen sobrados motivos para rebelarse y para darle sentido político a ese levantamiento.

Además, al comenzar a gestarse la resistencia más organizada políticamente de los sectores en lucha, el Estado aplicó de manera brutal toda su fuerza para perseguir, encarcelar y asesinar a los luchadores. Teresa Rodríguez, Victor Choque, Anibal Verón, Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Carlos "Petete" Almirón, entre otros asesinados por las fuerzas estatales, la existencia de presos políticos a lo largo del país, miles de causas penales contra militantes, han sido el resultado más visible de esa política.

            Y en este sentido los gobiernos de Raúl Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner han sido claros exponentes, con sus matices, de la política de represión contra el pueblo. Desde 1983 a la fecha se profundizó la mano dura, a los fusilamientos de la policía se los llama "enfrentamientos"; a los ocupantes de tierras o viviendas, "usurpadores"; a los extranjeros pobres, "indocumentados"; a los niños "delincuentes infanto juveniles", a los luchadores populares "delincuentes", a los presos políticos "presos a secas", y a las organizaciones populares se las continúa catalogando de "terroristas", pero ahora con "ley" y todo.

            Actualmente, a pesar de que la gestión de los Kirchner se ha querido autoproclamar el "gobierno de los Derechos Humanos", vemos que la situación en nada ha cambiado. Tras 6 años de gobierno los resultados hablan por sí mismos: más de mil casos de gatillo fácil, miles de militantes acusados penalmente, la sanción de la denominada "Ley Antiterrorista", la existencia de presos políticos, la mayoría de los genocidas libres y la desaparición forzada de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.

            Teniendo en cuenta que la represión institucional es una herramienta indispensable del Estado burgués, entendemos que la lucha antirrepresiva tiene un profundo contenido ideológico y que sólo tiene sentido enmarcada en la gran batalla del objetivo estratégico: la derrota del capitalismo. Sin embargo, una organización antirrepresiva y de derechos humanos no puede ocupar el rol protagónico en la construcción del proyecto del cambio revolucionario, ya que su ámbito es la lucha reivindicativa por los derechos humanos, en la cual, por otra parte, confluyen y conviven diversas visiones sobre las formas de construcción revolucionaria y la disputa por el poder.

            Pero lo que sí nos proponemos es no limitarnos a actuar con un carácter meramente defensivo, sino aportar e intervenir directamente en la lucha de clases desde nuestro rol de organismo de derechos humanos, generando políticas concretas y aportando a la necesaria coordinación con organizaciones y militantes para ir generando espacios de doble poder y empujar desde  nuestro aporte la lucha popular.

            Definimos el concepto de "derechos humanos" con un sentido amplio y dinámico, y entendemos imprescindible ir limitando y condicionando con el accionar antirrepresivo la política del Estado, siendo conscientes que la única posibilidad de vigencia plena de los derechos del pueblo es la derrota del capitalismo. En ese sentido tomamos la definición que diera nuestro compañero León "Toto" Zimerman, respecto a que "Los derechos humanos son los derechos que tiene el pueblo de hacer
la revolución".

Estas definiciones son y han sido siempre el eje y la base de los acuerdos para construir con todos los compañeros y organizaciones que se acercaron a nuestro organismo. Estamos convencidos que la coordinación en la lucha antirrepresiva nos permite generar política en conjunto, entendiendo la misma como una herramienta de autodefensa popular y de intervención en la dinámica de lucha, buscando influir no sólo en un determinado segmento de los militantes organizados, sino en las masas "que son finalmente las que deciden el curso de la historia". Por estas razones,
desde CADeP seguimos apostando a la pluralidad dentro del campo popular, llevando adelante la tarea común de confrontar la represión estatal con unidad, organización
y lucha.

CADeP seguirá llevando adelante el trabajo concreto que comenzamos hace años contra las políticas de gatillo fácil, la criminalización de la protesta y de la pobreza, y exigiendo la libertad de todos los presos políticos y la cárcel para los asesinos de ayer y de hoy. También como hasta ahora, impulsaremos activamente las diversas construcciones que integramos, como la Multisectorial "Chau Pozo", en la zona sur del conurbano,  la Coordinadoras Antirrepresivas del Oeste, de La Matanza y el Encuentro "Memoria, Verdad y Justicia" a nivel nacional.

Continuamos fieles a  nuestra historia y con el compromiso renovado de enfrentar las políticas represivas del Estado y aportar a la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, convencidos de que hoy más que nunca el único camino sigue siendo la lucha.