Ricardo Peidro
ACTA

En nuestro país existe cierto "progresismo" que, pese a que adorne su discurso con una retórica académica, termina siendo funcional al coro estable de la "mano dura" para criminalizar a los pibes pobres. Así de simple.

Por más esfuerzo que hagan en demostrar las mejores intenciones o que naveguen en los mares del progresismo, la realidad es que abonan el terreno para hacer más digerible el discurso (y no sólo el discurso) de los que colocan a los jóvenes y especialmente a los jóvenes y adolescentes pobres en la primera línea de fuego en el "combate contra la inseguridad". No le den más vueltas: quieren hacer punibles a los pibes y pibas de 14 años.

Con la excusa del respeto a las garantías penales de adolescentes, evaden la discusión principal que es cómo hacer para garantizar la vida de los 25 pibes y pibas que mueren por causas evitables, cómo achicar la brecha de la desigualdad para que la mayoría de nuestros jóvenes no sean pobres, cómo poner los esfuerzos para garantizar la Asignación Universal por Hijo y no para financiar a los grupos económicos.

¿Cómo puede ser que se planteé que como único modo de brindarles garantías constitucionales es la introducción en el sistema penal a adolescentes de 14 o 15 años?. Como dice un documento firmado por más de 30 organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos: "los adolescentes que hoy tienen entre 14 y 18 años son las principales víctimas de las políticas neoliberales desarrolladas durante el menemismo y que expresa sus efectos y continuidades en la actualidad. Mientras miles de padres se quedaban sin trabajo, los pibes nacían en un país en dónde se destruía la educación, la salud y el trabajo con la consecuencia de la desintegración social y la marginación. Por ende nos parece imprescindible en este contexto garantizar la asignación universal por hijo. Entendemos que antes de preocuparnos sobre lo que hacen los chicos con los adultos, es imprescindible ocuparse de lo que hacemos los adultos con nuestros pibes. Los adultos responsables sabemos y nos consta que ningún pibe nace chorro ni drogadicto. Que el crimen organizado para la venta, tráfico, alquiler de armas y desarmaderos de autos está liderado por el mundo adulto, que sólo es posible con la complicidad del poder político, judicial y policial. Que la inducción al consumo de drogas produce indefectiblemente la degradación del ser humano, y en el caso de niños y jóvenes les impide proyectarse en el tiempo y vivir en libertad, y que esta economía informal del "menudeo de drogas" sostiene a la misma partidocracia que impide reformas estructurales en materia de violencia urbana".

En una de las recorridas por el conurbano bonaerense acompañando a Víctor De Gennaro en la construcción de la Constituyente Social, en medio de barrios de trabajadores y trabajadoras que pelean todos los días por la supervivencia, se levanta un "barrio cerrado" ("El Ombú" creo que es el nombre) con triple alambrado, el del medio electrificado. Nos preguntábamos de cara a esos cercos como crecerán los niños y niñas del alambrado hacia adentro, con que subjetividad crecerán acerca de sus pares del alambrado para afuera con los que deberían compartir escuelas, juegos y deportes. Desde su nacimiento les "marcan" al enemigo. Todo un símbolo.

¿Cómo puede ser, insisto a riesgo de ser redundante, que en medio de esa realidad se abone a acrecentar ese símbolo, diciendo que desde el único lugar que se puede garantizar el derecho del "enemigo" de 14 años es desde el derecho penal ?

La energía utilizada para asegurar estas "garantías" deberían estar puestas en que se garantice la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. De este modo impedirían que los niños pobres sean la principal clientela de Régimen Penal Juvenil.

Estamos acostumbrados a confrontar con los que abiertamente pretenden criminalizar la pobreza y fundamentalmente a los jóvenes, porque en ellos ven la semilla de la que germinarán los nuevos tiempos.

Por eso más nos indigna cuando desde el "progresismo", que rinde culto diario en el templo del posibilismo, nos quieren poner nuevamente en el lugar de los utópicos y nostálgicos sin propuestas cuando rechazamos enfáticamente la baja de la edad de imputabilidad de los menores.

Ya hemos demostrado que nos sobran propuestas para terminar con el hambre, que es un crimen, y estamos abocados a la tarea de realizar una amplia convocatoria a la unidad popular para avanzar en la construcción de la fuerza política y social necesaria para cambiar las relaciones de fuerza con el poder dominante.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina damos testimonio de nuestra lucha para que se defiendan todas las garantías constitucionales, incluídas las de los miles de pibes que sufren abusos y gatillo fácil como es el caso de Luciano Arruga de 16 años, desaparecido desde el 31 de enero.

Ricardo Peidro es secretario de Derechos Humanos de la CTA.