Cuando aún no finaliza febrero, otros cinco jóvenes ejecutados en Burzaco,
Temperley, Quilmes, Corrientes y Puerto Madryn se suman a los muchos
fusilamientos policiales de los que ya dimos cuenta en el mes de enero.
En casi todos los casos, se los ha justificado bajo la versión del
enfrentamiento tras supuestos intentos de robo. Descartando que los policías
argentinos tengan la mejor puntería del mundo y que siempre resulten ilesos en
los "intercambios de disparos", estos cinco casos ratifican cómo el estado
protege el gatillo fácil y promueve su accionar, desde el momento mismo del
fusilamiento, alterando el lugar con armas plantadas y testigos puestos por sus
compañeros de fuerza, hasta ser juzgados por homicidio en legítima defensa por
el poder judicial.
Basta observar el parte médico, que hacia el final de las notas de los diarios,
luego de detallar el historial de robos a la propiedad informado por la misma
versión policial que pretende encubrir el fusilamiento, nos ilustra, por
ejemplo, en el Diario de Madryn: "una persona, en su apreciación, menor de edad,
que estaba muerto en el interior de una propiedad (...) tenía una herida de bala
cuyo ingreso era de atrás hacia delante, con salida a la altura de la axila".
Luego, habla de "un hombre con una bala que ingresó a la altura de la segunda
dorsal de su columna, en su recorrido el proyectil atravesó de forma transversal
el cuerpo y tras romper la clavícula salió por el hombro izquierdo". No hace
falta ser especialista para darse cuenta que los policías los ejecutaron por la
espalda y que por mucha versión de enfrentamiento, los perseguidos no disparan
con la región posterior de sus cuerpos.
En tanto, en Virrey del Pino, Maximiliano Sosa (18) fue fusilado por tres
policías, al menos dos de la federal, cuando junto a dos de sus amigos, fue
detenido luego de salir de bailar. Los redujeron y torturaron en el piso, hasta
que Maximiliano recibió un disparo de arma calibre 9 mm de parte de un cabo de
la división de defraudaciones y estafas de la Policía Federal. Los familiares de
la víctima, los sobrevivientes representados por abogados de CORREPI y el barrio
entero, se encuentran movilizados, reclamando por la detención de los tres
homicidas y denunciando la política de gatillo fácil para los jóvenes de las
barriadas pobres.
Mientras una integrante de la corte suprema, la misma que niega que la tortura
exista en nuestro país, le pide al sector de la sociedad dominado por el
discurso sobre la inseguridad, que "bajen un cambio" en cuanto sus pedidos de
pena de muerte, estos crímenes de estado se multiplican.
