Prensa de frente

La alianza es consecuente, y resistente. Aunque pasen los años, aunque la realidad los haya descubierto socios en los peores designios y también en el beneficio de la impunidad, los grupos económicos y Eduardo Duhalde se reconocen unidos fatalmente a un mismo destino y se saben mutuamente necesarios.

Por eso fue en el coloquio de IDEA, esas jornadas anuales de puesta a punto de diagnósticos y estrategias que reúne al núcleo del capitalismo en la Argentina, donde Duhalde se atrevió a anunciar su pre candidatura presidencial para 2011 sin temor a que ninguno de los presentes en su charla le recordara que tuvo que terminar antes de tiempo su última aventura como titular del Ejecutivo como responsable de la Masacre de Avellaneda del 26 de junio de 2002 y que, si hubiera justicia, su lugar está en la cárcel.

Era lógico que Duhalde no temiera reacciones adversas entre los participantes del coloquio de IDEA. Estaban allí muchos de los empresarios, técnicos y políticos orgánicos del poder económico que, a lo largo de 2001 y 2002, les habían reclamado a él, y antes a Fernando de la Rúa, que terminaran a como diera lugar con las movilizaciones y cortes de ruta protagonizadas por los trabajadores desocupados auto organizados, los sectores más golpeados por las políticas neoliberales implementadas en las últimas décadas. El banquero Eduardo Escassany y el presidente de la rural de la época, Enrique Crotto, los que formalizaron públicamente la exigencia, habían sido en ese sentido voceros del conjunto de los intereses patronales.

Duhalde no, sólo prometió ahora, en este coloquio de IDEA, olvidarse de su promesa de olvidarse de las candidaturas y "ganarle a Kirchner" el control del PJ. También reiteró su disposición a representar en los espacios institucionales del Estado a los intereses de los grupos económicos porque, dijo, un dirigente político, "no puede ir en contra de las grandes empresas de su país".

El reduccionismo nacionalistoide de su aserto no hace sino recordar el papel que cumplió en su paso por la presidencia, cuando tras la crisis de diciembre de 2001 que expulsó a De la Rúa del gobierno el Congreso lo designó para una gestión de "transición".

Fue Duhalde quien ayudó a licuar hasta su cuasi desaparición –siempre a costa del hambre de los sectores populares, claro- las enormes deudas en dólares que habían contraído varias grandes empresas durante la convertibilidad, Clarín era una de las más comprometidas, a través de la denominada "pesificación asimétrica". Fue también su Gobierno el que aseguró a los bancos millonarias compensaciones por esa misma pesificación, a pesar de que el sistema financiero había estado en el centro de los negociados de fuga de miles de millones de dólares al exterior que generaron la crisis de 2001. El mismo Duhalde, siempre como resultado de las exigencias del gran capital, impuso en el Congreso la anulación de la ley de subversión económica que hubiese permitido sancionar a las empresas ligadas a los grandes negociados.

Después de haber cumplido en 2002 con el papel de "reasegurador jurídico" de los grupos económicos, con el diseño represivo que asesinó en Avellaneda a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, Duhalde –como Felipe Solá, como Scar Rodríguez, como Alfredo Atanasof y tantos otros- consiguió que la Justicia sólo indagara sobre las responsabilidades materiales en la Masacre, y garantizara perfecta impunidad, hasta ahora, a los ideólogos y responsables políticos.

La rediviva alianza de Duhalde con los capitostes de las agrupaciones patronales del país, expresa seguramente la continuidad de los objetivos: la rentabilidad empresaria a cualquier precio y la impunidad para el manejo de las instituciones del poder.