Primera Fuente

En alerta máxima ante una nueva orden de desalojo firmada por el juez Juan Carlos Peral, los integrantes de la Comunidad India Quilmes anticiparon que resistirán la medida y no permitirán que se avasallen sus derechos constitucionales.

Están en peligro unas 20 familias originarias de Colalao del Valle. Advirtieron que al no ser escuchados por la Justicia provincial, recurrirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. El INADI ya pidió la intervención de la Corte al denunciar que la orden de Peral viola la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades originarias de sus tierras hasta el año próximo.

Otra vez los habitantes de la Comunidad India Quilmes encendieron la luz de alarma ante una nueva orden de desalojo firmada por el juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, en contra de familias comuneras de Colalao del Valle, según denunciaron a través de un comunicado de prensa. "La medida se llevaría a cabo en los próximos días con intervención de la policía de la provincia", señalaron al recordar que esta medida se suma al grave conflicto social que se originó por el cruel asesinato del comunero Javier Chocobar en manos de terratenientes.

"El Consejo de delegados de la comunidad no permitirá que se avasallen nuestros derechos", alertó Viviana Gómez, delegada de Colalao del Valle, quien precisó que están en riesgo de perder sus viviendas unas 20 familias de la comunidad. "Ya, con la primera orden de desalojo, vinieron unos 150 policías y vimos la forma brutal con que destruyeron nuestras casas", recordó Gómez al insistir en que resistirán si se avanza con la medida. Peral ordenó el primer desalojo el 17 de septiembre pasado.

Hasta el cierre de esta edición, los apoderados legales de la comunidad intentaban frenar la orden del juez aduciendo los derechos constitucionales de los habitantes originarios. "La justicia ha desconocido la participación de nuestra institución en el caso al no hacer lugar a nuestras peticiones, infligiendo una vez más la Ley 26.160. Nos vemos obligados a presentar una demanda al estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington por el incumplimiento de las leyes, y repudiamos la acción de los jueces Salazar y Peral por esta violación de nuestros derechos constitucionales", alertaron desde la CIQ, conducida por el cacique Francisco Chaile. Peral es el juez que ordena y Adolfo Salazar, el juez de Paz, que ejecuta. Según fuentes del a CIQ, el pedido de desalojo fue promovido por Encarnación de Colombo, una mujer que asegura ser dueña de las tierras.

A través del comunicado, también advirtieron que esta medida judicial "entorpece" el trabajo que viene desarrollando la Mesa de Trabajo establecida entre las comunidades indígenas y organismos del gobierno provincial, y "se contrapone" con las gestiones del INAI ante las autoridades provinciales.

El INADI ya pidió la intervención de la Corte

Desde Delegación Tucumán del Instituto Nacional Contra La Discriminación la Xenofobia y El Racismo (INADI) se presentó el 22 de septiembre pasado un Amicus Curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia en el marco de la causa por la defensa de las tierras del pueblo originario diaguita.

Según la delegada de INADI Tucumán, Graciela Cárdenas, la medida de desalojo dispuesta por el juez, Juan Carlos Peral, se tomó en abierta violación a la Ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades originarias de sus tierras hasta el año próximo. "Se está afectando el principio de igualdad y no discriminación y el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de nuestro país", sostiene la presentación judicial.