Jos� Steinsleger
La Jornada

Cu�n vasto y profundo habr� sido el terrorismo de Estado en Argentina (1976-83), que s�lo un par de a�os despu�s del golpe militar la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) admiti� el clima de inseguridad y miedo reinante en las redacciones del pa�s rioplatense. Para entonces, la tarea de exterminio y ocultamiento hab�a alcanzado sus objetivos. Sin contar las v�ctimas del calentamiento previo (gobierno constitucional y represivo de Isabel Mart�nez), 118 periodistas y escritores fueron asesinados o desaparecidos. El Big Brother medi�tico y los adalides criollos de la libertad de expresi�n no se dieron por enterados.
Peri�dicos centenarios como La Naci�n (1870), La Prensa (1869), entre otros de gran tirada de la segunda mitad del siglo pasado (Clar�n, Cr�nica, La Opini�n), acataron al un�sono el comunicado militar n�mero 19 que establec�a penas de 10 a�os de reclusi�n "� al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o im�genes con el prop�sito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales".
Favorito de las clases medias, el editorial de Clar�n dijo el d�a del golpe: La palabra presidencial (mensaje del general Videla) sin buscar aplausos anticipados ha fijado un rumbo apto para la soluci�n de los problemas nacionales. En tanto La Naci�n (legendario vocero del medio pelo aristocr�tico) intitul� el suyo con sobriedad: La edad de la raz�n.
El crimen pag� con creces. Por los servicios prestados, los militares traspasaron las acciones de la empresa mixta Papel Prensa SA a Clar�n, La Naci�n y La Raz�n (1977). Felizota, do�a Ernestina Herrera de Noble adopt� un par de ni�os. Sin embargo, a pesar de los emplazamientos legales de los organismos de derechos humanos, la justicia no ha podido dilucidar si los hijos de la due�a de Clar�n son hijos de desaparecidos. Algo que, seguramente, para sus medios carece de importancia.
En una extraordinaria investigaci�n acerca de la actitud de la prensa de la �poca, Eduardo Blaustein y Mart�n Zubieta precisan que la mayor�a de las v�ctimas no fueron por haberse atrevido a publicar sus verdades "� sino en su calidad de delegados sindicales o por su relaci�n con organizaciones partidarias, de derechos humanos o pol�tico-militares" (Dec�amos ayer, Ed. Colihue, 1998, p. 23).
Tal es la catadura de los grandes propietarios que hoy embisten contra la nueva ley de medios, promulgada por la presidenta Cristina Fern�ndez el 9 de octubre pasado (ver art�culo anterior, 14/10/09).
Kirchner ya tiene la ley de control de medios, titul� Clar�n. O sea que frente a lo que es normal, legal y aceptado en cualquier pa�s democr�tico, el prop�sito oficial de asignar las frecuencias radioel�ctricas y establecer las condiciones que deben cumplir los due�os se califican de censura.
En descargo, Clar�n public� durante varios d�as un texto angelical intitulado 64 a�os creyendo en el pa�s y construyendo medios argentinos. Empieza as�: "Usted conoce Clar�n. Somos un diario que naci� en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad... Que privilegia la informaci�n y que desde lo editorial apuesta al desarrollo integral de la Argentina� Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la period�stica�"
Contin�a: "La paradoja es que en varios aspectos este proyecto se emparenta con la vocaci�n de fragmentar y controlar que ten�a la ley de la dictadura (�sic!)� se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales� desacreditar a los medios de comunicaci�n como contrapeso de la democracia� Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, est�n en riesgo las garant�as de todos".
C�nicamente, el poder medi�tico argentino eligi� el camino de la confrontaci�n. �Debatir? Si lo hiciere, pondr�a al desnudo sus intereses corporativos. Cosa que trata con el eufemismo empresas period�sticas independientes, destinado a ocultar la realidad de un poder monop�lico y oligop�lico en manos de s�lo cuatro empresas que absorben 84 por ciento de la demanda comunicacional.
El presidente de la Uni�n C�vica Radical, Gerardo Morales, observ� que los principios que inspiran la nueva ley de medios "� se basan en una teor�a que tiene su basamento en la expansi�n del Estado". Por su lado, el diputado Francisco de Narv�ez (consultar perfil en La Jornada, 1/7/09) asegur� que "� la ley pretende controlar los medios de comunicaci�n y la opini�n p�blica". Y aclarando que no la ley�, la compar� con el nuevo cuco del Big Brother: la pol�tica de comunicaci�n chavista (sic).
En consonancia con algunos sectores de la izquierda elitista, ambos dirigentes esgrimieron la t�pica falacia liberal: medios de comunicaci�n independientes del poder pol�tico. Como si frente a la apabullante dictadura medi�tica del capital monopolista, en Argentina, M�xico y Am�rica Latina, el Estado no fuese la �nica fuerza pol�tica capaz de balancearlo.