El 9 de diciembre de 2007 asumía el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri y solamente la elección de la fecha, un día antes del Día Internacional de los Derechos Humanos, anticiparía la verdadera cara de su gestión que hoy está empañada por el espionaje a los docentes, la prepotencia en el Centro de Salud Mental Nº 3 "Dr. Arturo Ameghino" y la represión a manos de la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), cuya actuación fue severamente cuestionada pero también hace presumir el futuro rol de la Policía Metropolitana.

Admirador confeso del intendente de facto, Brigadier Orlando Cacciatore, asistente perfecto en la cumbre derechista de Rosario y ferviente seguidor de Bergoglio, el Ing. Macri no trepida en seguir avanzando sobre la Constitución de la Ciudad e inclusive, desconociendo los fallos judiciales en el fuero Contencioso - Administrativo. Resulta evidente que pretende construir un Derecho a su medida, a través de la fuerza, de las amenazas y de la intimidación como también mediante la introducción de severas restricciones al amparo, instituto jurídico básico para la defensa de los derechos y garantías constitucionales que emergen de la Ley Suprema de la Ciudad de Buenos Aires.

Si era grave la designación de Jorge "Fino" Palacios al frente de la Policía Metropolitana, no lo es menos el espionaje que se realizó y se realiza desde el Ministerio de Educación mediante la actuación de un ex-agente de inteligencia y mucho menos aún, los arteros ataques de las brigadas de la UCEP a quienes la vida llevó a ocupar las calles como producto de la sistemática exclusión social.

Entre el espionaje y la represión, pese al público reclamo que llevó a la destitución del ahora procesado ex-Jefe de la Metropolitana, el Gobierno de la Ciudad insiste en los mecanismos persecutorios por la fuerza, pero también a través de otros que no son menos intimidantes. El recambio violento de autoridades en un Centro de Salud Mental habla a las claras de las verdaderas intenciones que existen en los funcionarios superiores del actual Gobierno, como también la falta de pago de los haberes de los docentes con horas institucionales y aquellos que cambiaron de condición, de interinos a titulares, operan como nuevos instrumentos represivos.

Paralelamente, las deficiencias en la gestión se encuentran a la vista con obras sin finalizar en diversas instituciones educativas de la Ciudad, la lenta provisión de insumos en los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud y la contratación en negro de los trabajadores de la cultura, lo cual es excelente ejemplo de las intenciones de privatizar la educación, la salud y la cultura de esta Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución de la Ciudad tiene un remedio para este tipo de funcionarios que poco respeto tienen a la ley, pese a su discurso: la revocatoria de mandato. Éste fue un instrumento pensado para dar estabilidad institucional dentro del marco constitucional y que hoy se hace necesario, más que nunca, para detener el proceso de destrucción sistemática de los derechos de la ciudadanía que, asimismo, se agravan con el procesamiento de vecinos por pretender demandar respuestas a los gobernantes.

Entre el espionaje y la represión, se impone una fuerte respuesta social y política a través del impulso de la revocatoria de mandato, pues este Gobierno vulnera los derechos de la ciudadanía tergiversando los valores democráticos mediante su actuación pública y notoria que nos hace recordar otros tiempos que creíamos superados.

Es hora de actuar antes que otra larga noche oscurezca la Ciudad y deje a los derechos de todas y de todos en la total penumbra.