El gobernador Jorge Sapag le impuso un estilo personal a su gestión: perfil bajo, diálogo con todos los sectores, búsqueda de consensos y un gran intento por mantener la paz social. Fueron características que contrastaron con la soberbia y el autoritarismo de su antecesor. Sin embargo –parafraseando el dicho popular- no sólo hace falta parecer distinto, sino serlo. Por lo pronto, Sapag arrancó su gobierno dispuesto a no investigar los hechos del pasado. Ni los 134,7 millones de déficit de 2007, ni los 2500 millones de deuda del tesoro. Tampoco la secreta compra del equipamiento de seguridad a la empresa Damovo, las compras directas de helicópteros y otros gastos "menores" por un total de 150 millones de pesos. Sapag no dudó en incluir en su gabinete a personajes que formaron parte del staff sobichista, como al ex intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, Omar Gutiérrez en el Banco Provincia y de Pedro Salvatori (presidente del Instituto de Desarrollo de Inversiones). Esto le significó que las primeras bajas del proyecto de "Tierra Nueva" provinieran de sus propias filas: hombres y mujeres que trabajaron junto a él, asqueados de las prácticas sobichistas, desertaron cuando descubrieron que los cambios de fondo no llegarían nunca. Pero además, el afán dialoguista de Sapag parece haber llegado rápidamente al límite por falta de imaginación para hallar soluciones y propuestas. El resultado es un acelerado desgaste de su ministro más dialoguista, Jorge Tobares, y el avance de otro de menos tolerancia, Omar Pérez. En esta etapa está el gobierno neuquino, beneficiado por la falta de una oposición externa sólida y acosado por los fantasmas de la oposición partidaria que nunca terminaron de abandonar la casa de gobierno. Ni lo harán, a menos que Jorge Sapag tome las riendas de su propio gobierno.

Puede decirse que durante este primer año de gobierno de Jorge Sapag frente a la provincia, quedaron al desnudo las habilidades e inoperancias de los hombres y mujeres del entorno oficial. De más está decir que el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Jorge Tobares, es quien ocupó el lugar de "arquero" en un equipo flojo y desarmado. Fue el responsable del dialogo con los gremios, producto del cual se otorgó un aumento a los docentes en abril, pero también fue desautorizado cuando Sapag negó la posibilidad de un refuerzo salarial navideño como lo había sugerido Tobares. Se puede decir que el gobernador tuvo para todos los gustos. Enfrentado a Tobares, el ministro de Justicia, Trabajo y Seguridad, Cesar Omar Pérez ocupó el lugar del mas duro. Cumplió con la revisión y disolución del contrato con Damovo que "sostenía" el sistema de comunicaciones del plan de seguridad de Sobisch -que en realidad no andaba- y también disolvió la dirección de Información de Estado (la DIE) que heredó del ex ministro Manganaro, aunque no desactivó el sistema de cámaras de vigilancia en la ciudad. Tampoco convocó a organizaciones de Derechos Humanos para trabajar en una nueva política carcelaria como había prometido: los organismos siguen sin poder entrar a las cárceles y las condiciones de maltrato no han cambiado. La mano dura policial sobichista continúa: basta recordar las dos represiones sucesivas en la toma del barrio Confluencia en la segunda quincena de octubre y las denuncias sobre apremios policiales callejeros que se repitieron, particularmente contra jóvenes de los barrios periféricos. Esta mano dura tuvo un garante: el jefe de la Policía de Neuquén Juan Carlos Lepén. Paralelamente el ministro Pérez le dio muy poco margen de maniobra al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Rivas, que poco pudo hacer y cuya salida del gabinete parece inminente.

Dentro del equipo de ministros que acompañaron a Sapag en el primer año de gobierno, quien tuvo algo de protagonismo en este gobierno fue el ex intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, a quien Sapag le confió la relación con los municipios en crisis, desde su trabajo de ministro de Desarrollo Territorial. Pero el mayor logro de Bertoya fue inesperado: quedarse con el manejo de los mas de 200 mil millones dólares de los fondos obtenidos en la renegociación de los contratos petroleros. Fue inesperado teniendo en cuenta su pasado sobichista y que fue justamente Sobisch el responsable de las cuentas en rojo que dicen complicar al actual gobernador. Por lo pronto, el ex promotor del paraíso (fiscal) de San Patricio forja una fuerte relación con todas las comunas, coloca gente suya en puestos claves, mantiene contactos permanentes con el Banco Provincia del Neuquén que comanda su amigo (y también amigo de JOS) Omar Gutiérrez, y dialoga en secreto con muchas de las viudas del poder sobichista. Quienes brillaron por su ausencia -o tuvieron perfil muy bajo- fueron tanto el ministro de Salud Daniel Vincent como el subsecretario Claudio Ferrón. Se destacaron por la especial incapacidad de resolver la crisis del sistema. La denuncia de los 300 ñoquis del área, que llegó el 9 de junio al escritorio de las autoridades provinciales, fue una muestra más de la gravedad de la crisis. Pero el plato de ñoquis sigue servido intacto en la mesa del ministro. La pareja del gobernador, Carolina Lanusse, se consolidó como la persona que, manejando la agenda de Sapag, logra filtrar las visitas. Por eso militantes y aportantes de la campaña electoral ven imposible reclamar su parte al antes "candidato de la gente". Como Carolina, la vicegobernadora Ana Pechén también hizo gala de un carácter duro. Logró garantizarle gobernabilidad a su jefe en la Legislatura ante dos frentes de tormenta: la oposición y el sobischismo. Aunque muchos le adjudican el real protagonismo en los grandes acuerdos a la diputada Graciela Muñiz Saavedra.

De la mano del nuevo gobierno, se produjeron cambios en la justicia neuquina. Algunos se expresaron a través de fallos y decisiones de jueces y magistrados que demostraron una enorme capacidad de adaptación al nuevo gobierno. Otros, fueron impulsados por pedidos de juicio político que involucraron a los cinco vocales del TSJ que comandaron la colonización del poder judicial por parte del poder sobichista. El gremio Sejun tomó la iniciativa con una presentación realizada contra los vocales Jorge Sommariva, Felipe Cía y su presidente, Eduardo Badano, por haber cobrado un plus salarial de mas de 15 mil pesos durante las elecciones anteriores. Luego, Sejun y Aten le apuntaron a Badano por mal desempeño de sus funciones cuando obligó al camarista Héctor Rimaro a tomarse licencia en medio de la causa Fuentealba. Le siguió otro pedido de juicio que firmaron el ex fiscal Ricardo Mendaña y ex vocales del TSJ, imputando mal desempeño de sus funciones a los vocales Badano, Sommariva y Fernández por su actuación en el jury de enjuiciamiento a que fue sometido Mendaña. Luego vino la presentación de los diputados de Alternativa Neuquina y el último de Convocatoria Neuquina contra los cinco vocales por ser responsables del "derrumbe del poder judicial neuquino". Los ex vocales Jorge Sommariva y Roberto Fernández–en un gesto que para muchos fue de cobardía y para otros de sano pragmatismo- decidieron renunciar antes que enfrentar un juicio político. Eduardo Badano se mantuvo firme en su defensa. No se sabe si por convicción, o porque la jubilación le quedaba bastante lejos. Lo cierto que fue desplazado e inhabilitado por la legislatura provincial. La otra tarea era ocupar las vacantes con personas que garantizaran la transparencia e independencia que gran parte de la sociedad reclamaba. El ex juez federal Guillermo Labate logró que la legislatura no tuviera en cuenta la impugnación presentada, y fue electo. El segundo candidato fue el juez Marcelo Benavides quien decidió renunciar luego de recibir siete lapidarias impugnaciones. La propuesta de Lelia Graciela Martínez de Corvalán fue objetada por la Confederación Indígena Neuquina y por el gremio Aten, pero avanzó sin inconvenientes por la comisión legislativa. El único que logró sortear presentaciones en su contra fue Oscar Massei, el actual diputado y ex vocal del TSJ, quien llegará a la vocalía en los próximos días casi inmaculado. La cuestión ahora es cómo jugarán los nuevos vocales y hasta dónde la totalidad -o al menos la mayoría de ellos- logrará devolverle al Poder Judicial la independencia perdida. Quizás una de las herramientas fundamentales para ese cambio, sea la revisión del Consejo de la Magistratura, un sistema que –de a poco- fue adquiriendo la misma oscuridad y arbitrariedad que tenía el viejo mecanismo de selección de jueces de la corte sobischista.

Jorge Sobisch ya no puede caminar libre ni tranquilamente por las calles. Ni siquiera las de la ciudad que gobernó en los albores de su carrera política en 1983. Sin embargo, su ambición por el poder lo hicieron resurgir de su cripta de muerto político para buscar reinsertarse en la sociedad. El crimen del docente Carlos Fuentealba y el papelón electoral del 1,5 por ciento de los votos para presidente, no lograron amedrentar su mente afiebrada por el poder ni sus mañas de jugador empedernido. Casi desde las sombras, Jorge Sobisch planea día a día su regreso a la política provincial con pequeños actos en escuelas y centros barriales, algunos cobran dimensión sólo por el tamaño de su billetera. Pero también avanza apoyando y azuzando a grupos gremiales y políticos como el Sitramune que buscan descabezar la gestión comunal con actos violentos que poco tienen que ver con su plan de "Más Paz para los Neuquinos". Por ahora, el ex hombre fuerte de la provincia logró cumplir con uno de sus sueños más preciados: no tener que deambular por los pasillos de tribunales. Las únicas amenazas lejanas son la famosa causa de la cámara oculta que lo salpica en un supuesto intento de soborno al ex diputado Jorge Taylor (que está en la Corte y estará por un largo tiempo mas) y la causa Fuentealba II, en donde la querella que representa a Sandra Rodríguez y sus hijas intenta demostrar que hubo una orden directa del ex mandatario que llevó al crimen de su marido. Pero –hay que decirlo- esa causa también está lejos. Lo que para gran parte de la sociedad fueron escándalos de corrupción (Temux, Damovo, la compra directa de helicópteros, entre otros), avanzan tan lentamente que se encaminan a la muerte por prescripción. Salvo -claro- que el poder político o la nueva cúpula del poder Judicial decidan hacer lo que se debe hacer: investigar las responsabilidades políticas.

El primer juicio por el asesinato del maestro Carlos Fuentealba dejó muchas cosas claras. Por un lado, que hubo un plan de represión feroz que se pensó la noche anterior al trágico 4 de abril del 2007. Una investigación de (8300) permitió demostrar que se debatió sobre el mejor escarmiento para los docentes entre perniles y copas de champagne, y pensando en la proyección nacional del entonces candidato a presidente. También quedó claro que las autoridades tuvieron plena conciencia de la magnitud de la represión. De hecho estuvieron en el lugar los jefes policiales y el subsecretario de Seguridad de Sobisch, Raúl Pascuarelli. Fue desmedida la cantidad de grupos especiales, efectivos y armamentos movilizados. Hubo una orden de "parar" el auto y un policía violento con condena para ejecutarla. También quedó claro que, salvo honrosas excepciones, los testigos policías mantuvieron un pacto de silencio. La condena de prisión perpetua del martes 8 de julio sobre José Darío Poblete por asesinar al maestro neuquino, dejó otras cosas claras: que no sólo no deben dispararse armas de "disuasión social" sobre la gente, si no que no deben usarse más pistolas lanzagases. Además quedó duramente cuestionada la permanencia de los grupos especiales en la estructura del Estado. Y quizá lo más importante que dejó este primer juicio es que, sin el protagonismo de la compañera de Carlos, Sandra Rodríguez y sin el acompañamiento de su gremio Aten, de las organizaciones, militantes y del pueblo movilizado, la condena hubiera sido imposible. Para el segundo juicio que viene se intentara determinar las responsabilidades directas operacionales y políticas del hecho represivo en su conjunto. La querella trabajará en demostrar que ese hecho represivo que se investiga no fue un hecho aislado sino que fue un modo de actuar del ex gobernador Sobisch. El entonces gobernador resolvió del mismo modo otros conflictos y hasta fue capaz de hacer liberar la zona del acceso de la destilería de Plaza Huincul cortada por maestras para que sus punteros desalojaran la ruta a palos y golpes.

La Cámara Criminal Segunda de Neuquén condenó a cuatro años de prisión al ex comisario Esteban Muñoz de 73 años que abusó y dejó embarazada a una nena de 12 años que vive en una casa vecina a la suya. Según un estudio de ADN, el hombre es el padre de la criatura nacida en diciembre de 2006 como producto de la violación. Sin embargo, los jueces Héctor Dedominchi, José Andrada y Emilio Castro, consideraron que el embarazo no demostraba que hubiera existido penetración. Usaron la figura del "coito interfémora" (hubo eyaculación pero sin penetrar a la víctima) por lo que la condena fue por abuso sexual deshonesto. El fiscal, Rómulo Patti, había pedido 11 años por violación con acceso carnal. La fiscalía no apeló y el fallo quedó firme durante los primeros días de enero de 2008. La niña nunca fue sometida a un examen ginecológico. Por su avanzada edad, la Cámara benefició al ex comisario con la prisión domiciliaria, en su casa lindera con la de la chica. Una semana después se pidió el traslado a otro lugar. Castro y Andrada fueron los jueces que sobreseyeron a Nicolás Rinaldi por el crimen de María Alejandra Zarza. Ellos mismos –junto con el ahora expulsado Eduardo Badano- atenuaron la pena contra Mario Garoglio, acusado de intentar asesinara a su ex esposa Ivana Rosales.

En éste como en tantos otros casos, fue la colectiva feminista La Revuelta la que alertó públicamente sobre esta aberración jurídica que –dicho sea de paso- está firme. Lo hizo a través de una de las estrategias que más le duele a quienes encarnan la arbitrariedad machista en la sociedad: "donde no hay justicia, hay escrache". Es por eso que en este año los escarches y las intervenciones callejeras se multiplicaron por toda la sociedad neuquina. Otros grupos como las Sin Cautivas, Fugitivas del Desierto, Juana Azurduy, Pan y Rosas, Newen Koñi o Las del Encuentro, se sumaron en Neuquén a esta lucha por la igualdad y el respeto de los derechos. Por tierra (en la casa de gobierno, en las casas de los abusadores o sus abogados), agua (como cuando rodearon la Residencia de la Costa sobichista desde el río Limay para gritarle "asesino" al ex gobernador) o aire (vistiendo al monumento a San Martín de luto o sangre), fueron instalando debates que la sociedad prefiere ignorar o silenciar: la libertad de las mujeres a elegir, el aborto legal, seguro y gratuito, la denuncia pública de abusadores y violadores, la identidad de grupos excluidos como los de gays, lesbianas, transexuales, la trata de mujeres, entre otras causas o la defensa de niños y niñas víctimas de abusos y violaciones.

El 19 de mayo debió comenzar el juicio contra 28 policías acusados de torturar y cometer apremios ilegales contra personas encarceladas en la U11 durante el 24, 25 y 26 de abril del 2004. Lo que iba a transformarse en el juicio más trascendente sobre torturas en cárceles del país, terminó siendo una vergüenza nacional. El juicio no comenzó porque la defensa de los policías recusó a los jueces integrantes de la Cámara Segunda: Héctor Dominichi y Emilio Castro. El argumento de apelación consideró inconveniente la participación de estos funcionarios en el juicio porque ambos habían tomado parte en una primera instancia. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso y la defensa policial presentó un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia. El recurso está ahora en manos del flamante vocal del Tribunal, Guillermo Labate. Mientras tanto, los testimonios de las personas afectadas que están todavía encerradas, corren peligro. De hecho uno de los testigos supuestamente "se quiso suicidar" ahorcándose. Los testigos víctimas son cuidados por la misma policía carcelaria que los torturó.

A falta de plata bien viene una renegociación de contratos petroleros. Las preguntas que en este año no tuvieron respuesta oficial fueron: ¿Qué pasó con los 150 millones que debió haber dejado en caja Sobisch?,¿qué pasó con los 100 millones que teóricamente estaban en el BPN? Sapag declaró repetidamente que las cuentas estaban en rojo y con la administración empobrecida, echó un manotazo de ahogado a los contratos petroleros. Para ello, esgrimió el argumento que da forma la nueva Constitución Provincial, pero sólo en la parte que reafirma la jurisdicción y el dominio de los recursos del subsuelo y no al artículo 96 que dice:"No podrá otorgarse ninguna clase de concesión…. Salvo a una entidad autárquica nacional". Para contrarrestar la omisión, el gobierno argumentó que se negociaban contratos de concesiones nacionales y que por lo tanto no entraban en el marco de lo que establece la constitución de Neuquén. A pesar de la oposición de organizaciones de defensa de los recursos naturales y partidos y gremios que proponen la nacionalización de los hidrocarburos, el proyecto se mandó a la Legislatura quien lo aprobó sin más con la oposición de sólo ------- diputados. El negocio no fue bueno: según los cálculos de la CTA, en los 10 años de prórroga, las petroleras se van a llevar 183 mil millones de pesos y a Neuquén le van a quedar 5 mil millones.

Escribimos cuando se cumplieron los primeros 6 meses de la gestión Farizano - Mansilla - Escobar, frente a la Municipalidad de Neuquén, que parecían los 6 últimos. La cosa sigue pareciendo así y un poco peor. Ciertamente la gran cantidad de paros efectivizados violentamente por el gremio de los municipales (SITRAMUNE) han socavado el primer año de gestión coalicionista. Los logros y cambios celebrables alcanzan a contarse con los dedos de una mano: la conformación de una secretaría de Derechos Humanos, la Auditoria Ciudadana y su Foro Cívico y un Concejo Cultural en camino, para garantizar la participación de los actores culturales en la decisión de parte del presupuesto del área. Todas decisiones impensadas en una gestión como la que comandaba el ex intendente Horacio Quiroga. También fue un acierto la regularización de los loteos de tomas sin servicios, aunque a juzgar por lo prometido en materia de viviendas en campaña, parece un chiste. Y contrasta fuertemente con el peor paso dado en materia de emergencia habitacional, que fue la denuncia que terminó en represión brutal contra las jóvenes familias sin techo de la toma Confluencia El gremio sobichista municipal ha encontrado costados flacos en donde golpear, como por ejemplo en las in disimulables internas dentro del gabinete. También hay que escuchar a los vecinos quejarse en los medios, ya no tan sólo de la falta de obras, sino de la falta de mantenimiento de calles, plazas y espacios públicos. Entre las principales quejas se encuentran también el desordenado tránsito de la capital en horarios pico; el históricamente deficiente servicio de transporte público y la falta de agua potable en gran parte de la ciudad. Muchos incumplimientos para una coalición de gobierno que debe rendir examen muy pronto en las elecciones de concejales del 2009.

Los 7 años de sacrificada lucha de las obreras y obreros de la ex Zanon tuvo un año 2008 de incertidumbre. La estrategia del gobierno provincial siempre pareció ser la del desgaste, hasta que llegó la fecha del vencimiento del permiso que la justicia le dio a Fasinpat. Ciertamente, con esta gestión de gobierno se pudo dialogar, porque durante la de Sobisch no sólo no se logró una audiencia, sino que por el contrario se recibieron gases lacrimógenos y balas de goma. Las ideas del gobierno de Sapag fueron variando desde otorgar un crédito "blando" a la gestión obrera para que compren la fábrica con deudas a pagar; hasta la compra de la fábrica por parte del gobierno y pagando también a los deudores. Finalmente primó lo que sensatamente buscaban los trabajadores y trabajadoras: la expropiación de la fábrica. El gobierno acepta la idea, pero pagando a los acreedores más importantes. La gestión obrera dice que la expropiación debe ser sin pago, porque la deuda la debe saldar quien la contrajo: el empresario Luigi Zanon. Incluso, en términos políticos, la Legislatura podría decidir no pagar a los acreedores si se tiene en cuenta, el vaciamiento empresario comprobado por la justicia; que el terreno fue donado a Zanon por la provincia y que como las máquinas ya están prendadas por el IADEP, ya son parte del Estado provincial. Existe una gran certeza de los obreros y obreras de Zanon: nunca el gobierno podría haber aceptado una expropiación si no fuera por el masivo acompañamiento de los habitantes de la zona. Los multitudinarios recitales a fábrica llena, las marchas y las firmas que acompañaron el proyecto de expropiación el la Legislatura así lo demuestran.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández comenzó con malas noticias: a la promesa de corregir los errores cometidos por la gestión anterior (de su marido, Néstor Kirchner), respondió con una llamativa decisión de mantener en sus puestos a los hombres y mujeres más controvertidos del entorno. Esto produjo un desgaste de arranque que se convirtió en catástrofe oficial cuando estalló el conflicto con los sectores del campo que atacaron la decisión del ministro Martín Lusteau de aumentar las retenciones a la soja y el girasol, y el esquema de "retenciones móviles". Los 129 días que se prolongó este enfrentamiento fueron posibles por el extraordinario poder de movilización de este sector que unió (por primera vez en la historia) a la Sociedad Rural con la Federación Agraria Argentina; a la increíble capacidad de los medios de comunicación por instalar éste tema como el más importante de la agenda mediática (en este período publicó 353 títulos principales), y por la tozudez del gobierno nacional que cerró todas las puertas al diálogo, en un gesto impropio de la democracia. Cuando en setiembre el conflicto comenzó a menguar, la crisis capitalista financiera internacional hizo eclosión, y volvió a sacudir las entrañas de la gestión de la presidenta. Si bien al principio, en un acto de soberbia incomprensible, quiso minimizar los posibles alcances de este terremoto económico mundial, Fernández no tuvo más remedio que abrir el paracaídas y lanzar un plan anticrisis cuyos resultados aún no se alcanzan a vislumbrar. Estos grandes cimbronazos políticos eclipsaron otros "menores", como el control automático ejercido por el ex presidente Néstor Kirchner, la inflación bajo la alfombra, la interna planteada con el vice Cobos, el "valijagate", o la presencia de funcionarios calificados como "patoteros" (como Moreno) o "corruptos" (como el ministro Julio De Vido). Así pasó este primer año de un gobierno que aun sigue buscando el momento más oportuno para su relanzamiento.

El juicio contra ocho represores que actuaron en la región durante los primeros años del gobierno militar de 1976 en el centro clandestino La Escuelita, constituye un hecho histórico que devuelve en parte, la credibilidad de la sociedad en la justicia. Después de más de 30 años de ocurridos los secuestros, torturas, cárcel y hasta la desaparición de personas por parte de un régimen criminal, algunos de los autores debieron enfrentarse a lo que ellos jamás le permitieron a sus víctimas: un proceso legal transparente y equilibrado, como el que garantizó el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Por otra parte, estos juicios representan el corolario de una labor intensa y valiente llevada a cabo por las Madres de Plaza de Mayo, los organismos de Derechos Humanos como la APDH y otros de la región, y otros hombres y mujeres que sumaron su acción en busca de verdad y justicia. Resta, sin embargo, una enorme tarea por delante. Estos ocho militares son apenas las punta de un iceberg que esconde bajo la superficie a una cantidad de policías federales, provinciales, agentes parapoliciales, integrantes de otras fuerzas de seguridad y hasta civiles que actuaron en forma tan activa como complaciente con el poder militar de turno. La instrucción llevada a cabo por el ahora vocal del TSJ Guillermo Labate, no tuvo el alcance que se esperaba para esta primera etapa y será cuestión de años para que el círculo se cierre sobre los represores. Lo cierto es que –a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- se inició un proceso que parece que finalmente culminará con todos los responsables juzgados y condenados.

El debate sobre una nueva ley que regule el espectro radioeléctrico del país, tomó protagonismo público durante este año cargado de cruces y amenazas entre el gobierno y otros sectores del poder. Entre ellos los multimedios de comunicación y los propietarios de la Pampa Húmeda argentina. Pero más allá de su uso político, amplios sectores de la sociedad tomaron la iniciativa de reformar la actual ley de radiodifusión, para convertirla en una herramienta al servicio de la democracia. La idea, es contar con una ley que permita que el espectro de frecuencias de radio y televisión, puedan ser aprovechadas por el Estado, los medios comunitarios y los medios privados, pero por partes iguales. Un tercio para cada uno, para ser más exactos. Esta democratización del espectro radioeléctrico, tendrá como resultado inmediato la multiplicación de medios, más pequeños, más humildes, pero notablemente más cerca de los intereses de la parte de la población que hoy no tiene "aire" en los grandes conglomerados de la comunicación. Esto, además, generará otras consecuencias como la multiplicidad de voces, de opiniones, de puntos de vista sobre diferentes temas. El resultado lógico de este proceso, será que la gente tendrá más opciones tanto para informarse como para opinar y ejercer sin restricciones su libertad de expresión. Es por eso que a esta ley se la conoce como "la ley de la democracia". Pero claro que para que se haga realidad, deberá vencerse el enorme poder de los grandes medios de comunicación existentes, que conforman verdaderos monopolios de la información, y que tiene un poder que defenderán a capa y espada.