Prensared

El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) denuncia, en un exhaustivo documento, la connivencia que se viene tejiendo en los últimos años entre el Gobierno Provincial y los agronegocios -representados en la Mesa de Enlace- y sus peligrosas consecuencias sociales y ambientales.

Documento de la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (Ocunc), integrante del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

De bosque nativo sólo quedan 1,9 millones de hectáreas remanentes en la provincia, de las cuales apenas entre 5 y 10 mil están en buen estado de conservación.

En el medio, hubo profundos cambios en el uso de la tierra en los últimos 15 años, que afectan gravemente a 3 millones de hectáreas. La expansión de las áreas agrícolas en el Noreste y la ganadería intensiva en el Noroeste árido de la provincia añadieron no sólo problemas ambientales recientes y preocupantes, sino que además importantes desplazamientos de pobladores y conflictividad en el medio rural.

En Córdoba, una abrumadora mayoría de instituciones sin fines de lucro, investigadores de diversas disciplinas de las Universidades Nacionales de la región, técnicos del INTA, coinciden con los efectos sociales perniciosos del proceso de agriculturización del uso del suelo, como la disminución de la población rural o campesina, la creciente pobreza rural, y la concentración de la propiedad de la tierra entre otros fenómenos.

Por otra parte, no pocos investigadores están abocados al estudio de las efectos ambientales de estos cambios: plagas de tucuras y lepidópteros, aumento de las vinchucas, mortalidad de algarrobos del bosque, salinización y contaminación de napas, descenso de las napas freáticas, desbordes de ríos, eutrofización de lagos como la Mar Chiquita o el Dique San Roque, incendios, contaminación por herbicidas y fertilizantes de las aguas de bebida y un etcétera largo.

En general, desde el advenimiento de la democracia, en cuanto a políticas ambientales se refiere, el panorama político estuvo marcado por las idas y venidas del gobierno provincial, con muy poca contundencia y claridad en sus reacciones tardías.

Con el advenimiento del gobierno justicialista de José Manuel De La Sota y la línea continuista de Juan Schiaretti se abocaron a cerrar la mayor cantidad de frentes con el campo agrícola, rebajándoles impuestos, flexibilizando las leyes de desmontes, minimizando los controles y castigos en sonados casos de contaminación ambiental por agrotóxicos, dejándoles que controlen el abastecimiento de ciudades y el transporte de las rutas durante 130 días, entre otros gestos.

Desde el año 2005, la Mesa de Enlace Provincial ya se había organizado en defensa de sus intereses, constituyendo un conspicuo grupo de presión, presente regularmente en la desacreditada Agencia Córdoba Ambiente SE.

De esta forma, a los numerosos extravíos de expedientes en falta, le sucedió la constante renovación de funcionarios con muy poca idoneidad: Ingenieros civiles, veterinarios, abogados, etc., que a pesar de todo se renovaron más lentamente que el departamento Legales de dicha agencia.

El aprovechamiento de los Bosques es regulado a nivel nacional por la ley Nº 13273, que tiene su equivalente provincial en la ley de Bosques Nº 8066. Actualmente ha sido sustituida por la controvertida sanción de la Ley N 26331 también conocida como "Ley Bonasso".

Como antecedentes de intento de protección, en el año 2003 el Gobierno provincial sanciona el Decreto Nº 891/03 creando en los departamentos Tulumba, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Javier y San Alberto el "Corredor Biogeográfico del Chaco Árido", declarando de interés público la conservación y desarrollo de las biorregiones contenidas en ellos, los remanentes boscosos y los ambientes naturales que los contienen.

Prácticamente, lo que generaba era la exigencia de Estudios de Impacto Ambiental para cualquier intervención, lo que generaba algunas barreras técnicas para aquellos que quisieran realizar desmontes para habilitar tierras para agricultura y ganadería.

Durante el 2004, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) difunde los pavorosos números de los desmontes en Córdoba, las innumerables denuncias de ONGs y particulares llevaron a la provincia a sancionar una tibia ley Nº 9219 de prohibición de los desmontes totales. Previo a ello había llegado a un consenso con aquella Mesa de Enlace ad-hoc del empresariado rural (FAA, CONINAGRO y CRA locales) para flexibilizar los trámites para los desmontes para ganadería y agricultura plasmado en los términos de referencia firmados en la Resolución Nº 010/05.

Dicho instrumento no especifica la proyección en el tiempo de las actividades, criterios de control de leñosas, podas, no prescribe de manera clara los criterios de desmontes por clases diamétricas por lo que las pautas de conservación son difusas.

Paralelamente, las organizaciones de pequeños productores campesinos del Movimiento Campesino de Córdoba comienzan a movilizarse por la protección del monte y el acceso a las políticas de blanqueo de la producción foresta.

Los incumplimientos por parte de los empresarios del campo de las condiciones por ellos consensuadas en los "términos de referencia" son dramáticos, desde incumplimientos de plazos y modalidades de desmonte selectivo, utilización de maquinaria y métodos de devastación del bosque, falta de cumplimiento de regularización de multas y reforestación, etc, etc… se suceden periódicamente según los mismos funcionarios de la Secretaria de Ambiente provincial y constituyen una constante.

Así, según los datos provenientes de la ex Agencia Córdoba Ambiente SE, muchos de estos personajes son bastante conocidos, renombrados miembros de grupos de presión e integran sociedades rurales o conocidas compañías exitosas del agro cordobés: ejemplos sobran, como Waler Orodá, organizador del foro de la ley de desmonte junto con el técnico asesor Enrique Seia, columnista del Suplemento del Campo del diario La Voz del Interior, ambos estrechamente vinculados a la Sociedad Rural de Jesús Maria; Miguel Mizzau, otro conocido empresario de la firma Agroempresa Colón y GATOPA; Octavio Crespo, quien posee el negocio de la caza de palomas denunciados por la contaminación con plomo; Jorge Galfre, conocido empresario de la soja de Piquillin, con conflictos con campesinos en la zona de Tintina en Santiago del Estero, y Leonardo Apellaniz, miembro de la Sociedad Rural de Villa Dolores.

La lista se podría completar por aquellos que han sido denunciados por el Movimiento Campesino de Córdoba por usurpar posesiones campesinas mientras destruyen los recursos naturales de las comunidades, tal es el caso de Fritzler, empresario del cítrico de Gualeguaychu, quien tiene una toma ilegal de agua en el Río Dulce mientras arrecia la sequía, o el caso de los enormes equipos de riego de Patriti, empresario petrolero neuquino de Traslasierra que se ha adueñado del agua subterránea en el Departamento Pocho, o el caso del suizo Jacques Charriere, miembro de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, quien es responsable de varios desalojos y aprietes a familias campesinas (caso Esquina del Alambre) del departamento Cruz del Eje, sus campos están totalmente topados y poseen sistemas de riego que abusan del agua subterránea. Todos casos que se constituyen en abiertas violaciones al código provincial de agua, dado que amenazan la conservación de un recurso que es del estado.

También se podrían sumar referentes de la Mesa de Enlace cordobesa como los Scaramuzza de la FAA Oncativo, quienes con topadora voltearon ranchos y bosques de doña Ramona Bustamante en Las Maravillas, departamento Río Seco o las empresas de desmonte de Miguel Picat, el halcón de la sociedad rural de Jesús María, por su militancia y reciedumbre. Todos continúan trabajando, desmontando, construyendo sus rolos enormes, pesados, arrancando árboles añosos con cadenas, comprando bulldozers y orugas que, según los técnicos de la UNC, destruyen el bosque nativo y dañan el suelo irreparablemente.

La Provincia, alarmada por estos lobbies y con la inminencia de definir un mapa electoral para la administración Schiaretti en la siempre burbujeante interna peronista, trató de contener las presiones minuteando.

Otros grupos y otros actores como el Movimiento Campesino de Córdoba, Asociación Parques Nacionales Delegación Centro y la Universidad Nacional de Córdoba, organizaron un foro con la sociedad civil para denunciar la inacción provincial.

De manera participativa, empezaron a proponer con la sociedad civil en convocatoria abierta una propuesta por el ordenamiento de los bosques y su uso, en consonancia con la recientemente sancionada ley Bonasso.

Por otro lado, con la anuencia del sector que responde a la SRA y CRA del Gobierno provincial, el secretario de Agricultura, Héctor Fontán, y el secretario de Ganadería, Daniel Carignano, vienen organizando reuniones secretas con las sociedades rurales y técnicos afines de la Universidad de Córdoba.

De esta manera, tratando de cerrar un método, definiciones y apoyos en miras de las internas del justicialismo el año que viene, acordaron un "foro por la ley de desmonte", en la localidad de Quilino, este viernes 24, apoyados por el Pasquín del Fondo de Inversión Sojero local Marca Líquida para la difusión y usando como muestrario de buenas prácticas los campos "bien" del departamento con más superficie desmontada en los últimos diez años: Ischilín.

Así, con el propósito de "limpiar de posturas extremas" las presiones que recibe la Provincia por la real y efectiva aplicación de la ley Bonasso, de esta manera el Estado provincial se haría cargo de los reclamos "legítimos" del sector productivo, que se ve afectado una vez más, por las "políticas nacionales anti campo". Ahora se les escucharía y se podría intervenir en la flexibilización de la ley.

El plan estaría además garantizado porque la secretaria María Amelia Chiófalo, ex intendenta del Sur de la provincia, Alcira Gigena, abogada, desconocedora total de la realidad ambiental, depende orgánicamente del Ministerio de Agricultura, de manera que ninguna decisión de esta secretaria se toma sin la anuencia del ministro de Agricultura Carlos Gutiérrez.

Hoy, el enorme impulso de la ley se ha frenado, no se conoce si los fondos previstos serán girados efectivamente, ante ello toda la estructura planificada para la ejecución de la ley esta detenida, o no existe con lo cual las políticas entraron en un "impass" nefasto, que ha permitido que se siga desmontando ilegalmente, y que se organice la oposición del sector "productivo" quienes como lo han demostrado pugnan por un estado "liberal", ausente del control del uso de la tierra y de la distribución de la riqueza.