Ni la represión policial, ni los grupos de choque ni el terrorismo verbal acusando a los sindicatos de servir a la derecha y al imperialismo, detienen a la COB a seis días del revocatorio. Los mineros cortan caminos en cuatro de las nueve regiones del país y van rumbo a La Paz a definir el conflicto
 
Econoticiasbolivia.com

A seis días del referéndum que definirá si el Presidente indígena de Bolivia y sus principales opositores de derecha se mantienen o no en sus cargos, la rebelde Central Obrera convocó a sus bases a cortar los caminos y aumentar la presión sobre La Paz, en pos de una nueva ley de pensiones de carácter solidario, en reemplazo de la actual que es defendida tanto por el presidente Evo Morales como por la oligarquía.
En los hechos, los obreros bolivianos están recuperando paulatinamente su independencia de clase y están proclamando que no están ni con el pusilánime gobierno indígena-campesino de Evo Morales (que defiende la propiedad privada, los inmensos latifundios en el oriente y los negocios transnacionales y se niega a mejorar el salario real y las pensiones de los trabajadores) ni menos con la oligarquía y los 100 clanes familiares, que son dueños de la tierra y de los grandes negocios, explotando sin medida ni clemencia a los trabajadores.
Desde la madrugada de este lunes, dos mil mineros proletarios y maestros rurales cortaban las principales carreteras que unen La Paz con Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, en cuatro de las nueve regiones del país, mientras otros centenares de mineros de Huanuni comenzaban a arribar a la sede de gobierno para potenciar las marchas de protesta y manifestaciones que han colapsado a La Paz desde la pasada semana.
Las últimas asambleas de obreros, mineros y maestros, celebradas el fin de semana, han desoído la demanda del Gobierno de Morales para suspender las movilizaciones hasta después del referéndum revocatorio y, por el contrario, han instruido redoblar la presión para conquistar sus reivindicaciones.
Este sábado, la asamblea de casi 5.000 mineros de Huanuni, que están en huelga indefinida desde el pasado jueves, ha determinado iniciar el bloqueo de las carreteras a nivel interdepartamental y marchar sobre La Paz, exigiendo al Gobierno la aprobación del proyecto de ley de pensiones presentado por la Central Obrera Boliviana (COB), que pugna por acabar con el sistema neoliberal que tiene escaso alcance (cubre sólo al 10 por ciento de la fuerza laboral) y está sustentado tan sólo con el aporte individual de los trabajadores, para reemplazarlo por otro sistema de carácter solidario, con menor edad para la jubilación (55 años en vez de 65 años) y financiado, además del aporte laboral, por las empresas privadas, las transnacionales y el Estado.
Los mineros de Huanuni rechazaron vehementemente las acusaciones del presidente Morales en sentido de que su protesta estaría favoreciendo a la oligarquía y condenaron que Evo haya olvidado sus promesas y de que es Presidente gracias a la lucha de la COB y de los mineros.
 
LA VANGUARDIA OBRERA

"Por determinación de los compañeros se ha definido salir a las movilizaciones de los 5.000 mineros de Huanuni, lo que significa que se acata estrictamente la huelga general indefinida con bloqueo de caminos", dijo Guido Mitma, secretario ejecutivo de la revolucionaria Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) y minero de Huanuni.
En esa asamblea también participaron los principales dirigentes de la COB, Pedro Montes, y de la Central de Oruro, Jaime Solares, que asimismo son delegados de Huanuni, la mina estatal de estaño más grande de Bolivia y que ahora se ha convertido en la dirección ideológica y organizativa de los trabajadores bolivianos. Montes es un dirigente ligado al gobierno de Morales, pero por la presión de las bases ha tenido que "radicalizarse".
Montes, Mitma y Solares aseguraron que "no habrá cuarto intermedio" en las protestas, tal como la demandaron varios dirigentes de la cúpula de la COB, alineados con el Gobierno de Morales.
"Los mineros estamos asumiendo esta medida de presión por el caso omiso que hace el Gobierno en el pedido de que se apruebe una nueva ley de pensiones que beneficie a los trabajadores de todo el país", dijo Mitma, que volvió a exigir a Morales que deje de defender los intereses empresariales y que comience a gobernar a favor de los más pobres.
 
SISTEMA PRIVADO CON PARCHES

"Lamentablemente el Gobierno sigue con su tozudez porque no hace caso al pedido de los trabajadores, considero que el Presidente Evo Morales está rodeado de ministros neoliberales, por eso existe una posición radical de varios de sus ministros ya que no quieren escuchar a los trabajadores", agregó el dirigente de la Federación de Mineros.
Hasta ahora, los ministros y el propio Morales han advertido que no modificarán el sistema de "capitalización individual", por el cual cada trabajador aporta en una cuenta individual para su propia jubilación futura.
En lo esencial, el gobierno de Morales plantea sólo dos cambios importantes, aunque no fundamentales: i) que los aportes de los trabajadores (3.200 millones de dólares) sean manejados por el Estado y ya no por las privadas AFPs Zurich Financial Services y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y ii) la creación de un fondo con recursos de los propios trabajadores para financiar una pensión mínima equivalente a un salario mínimo (75 dólares al mes).
La posición del Gobierno de Morales es compartida, en lo fundamental, por la oligarquía, los partidos de derecha, las asociaciones y gremios empresariales y los grandes medios de comunicación, aunque ellos postulan que los recursos de los aportantes sigan en manos de las AFPs, total o parcialmente, según sea la decisión de cada trabajador. El Gobierno ha prometido estudiar esta posibilidad.
 
DIÁLOGO SIN FRUTOS

En el diálogo que desde el sábado entablan los dirigentes de la COB con parlamentarios y funcionarios del Gobierno, en el Parlamento, no hay hasta ahora avances significativos, por lo que la presión social ha vuelto a emerger.
"Los bloqueos tenemos que reiniciarlos porque no confío en el diálogo, que es para desinflar y desorganizar, pero sí mantenemos la fuerza para que se cumpla y se ponga en la agenda de la Cámara de Diputados nuestro proyecto", dijo Montes, que aseguró que esta semana se radicalizarán las medidas y no habrá tregua durante los festejos del aniversario patrio (6 de agosto).
"Hemos esperado por más de dos años y no hay nada (…) El Gobierno siempre usa el argumento de la conspiración de la derecha para desorganizar a los trabajadores, para que dejemos de luchar por nuestros derechos", agregó.
Esto, obviamente, ha generado mayor malestar en las filas del Gobierno, donde se acusa con mayor insistencia a los dirigentes cobistas por "hacerle el juego a la derecha".
 
CONTRAOFENSIVA VERBAL

"Las reivindicaciones de la COB son legítimas, pero ahora le están haciendo el juego a la derecha (…) Si esa dirigencia intenta obligarnos a hacer cosas irracionales, esto no lo vamos hacer, así nos presionen", dijo el ministro de Trabajo, Wálter Delgadillo. Días atrás, el oficialismo había intentado detener la lucha popular mediante el uso de la represión policial y la participación de grupos de choque contra los trabajadores.
El Ministro aseguró que "los dirigentes de la COB están en movidas turbias" con la oligarquía, que este lunes también inició una huelga de hambre en el oriente y los valles para presionar por la devolución de recursos, para mermar el apoyo electoral para Morales y para lograr captar el voto de la ciudadanía a favor de los prefectos (gobernadores) de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba.
"No se sabe si la dirigencia de la COB está desorientada o si ha tenidos puentes con la más negra reacción fascista, separatista", agregó Delgadillo, en una clara ratificación de la permanente política gubernamental de parar la lucha laboral (por salarios, jubilación, nacionalización de gas y minas y expropiación de latifundios) con el argumento de que sirven a la derecha y a la oligarquía, y que son financiadas por la CIA y el imperialismo.
Por ello, y por desarrollo de la consciencia de clase de los trabajadores, esta contraofensiva verbal del oficialismo sólo tuvo eco entre los sindicalistas alineados al Gobierno, como el dirigente de la COB, Sósimo Panigua. "Veremos si seguimos con las medidas, pero si no se soluciona nada y en el momento del revocatorio el Gobierno dicta el auto de buen gobierno, no se puede hacer nada", dijo. Otros dirigentes también han convocado a suspender las protestas, por lo menos hasta después de la votación del domingo. Ellos convocaron a los trabajadores a votar en las urnas a favor de Morales y en contra de los prefectos derechistas.
Hasta ahora, la COB no se ha pronunciado oficialmente sobre si los trabajadores deben o no participar del referéndum, ni cómo deben hacerlo, aunque los sectores más radicales señalan que "voto no resuelve nada", que "el referéndum es un circo" y "una distracción" para que los trabajadores dejen de luchar por sus demandas.
 
ENCUESTAS Y RESULTADOS

Mientras se libra esta batalla, varias encuestas difundidas por los grandes medios de comunicación confirman el vaticinio de que, el próximo domingo, Evo, su vicepresidente Alvaro García Linera y varios de los prefectos derechistas serán ratificados en las urnas, con lo que se mantendrá la virtual existencia de dos gobiernos en Bolivia, el de Morales que tiene el control del altiplano y de las zonas rurales en los valles, y el de la oligarquía, que gobierna en el oriente y gran parte de los valles.
Concluido el referéndum, la proyección de Evo es lograr un gran acuerdo nacional con la oligarquía para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del  2010.
La derecha, en cambio, ya no quiere ningún pacto con Evo, menos su nueva Constitución y su posible reelección, y apuesta a desgastarlo y a impedir que se mantenga en el gobierno más allá del 2010, cuando concluye oficialmente su mandato de cinco años.
En medio de estas dos grandes tendencias, los sectores más radicalizados de la COB postulan destruir el poder económico de la oligarquía y, al mismo tiempo, obligar a Evo Morales a ejecutar la agenda de la insurrección de octubre, que se sintetiza en gas, petróleo y minas para Estado, tierras para los indios y empleo y salarios para los trabajadores.