No era difícil ubicar los cuerpos, que se encontraban a flor de tierra. Pero los
campesinos de la sureña comunidad peruana de Putis tuvieron que porfiar 24 años
para que los exhumaran. En 1984, 125 hombres, mujeres y niños fueron fusilados
por miembros del ejército luego de cavar sus propias tumbas.
La más grande masacre de civiles de la guerra interna peruana (1980-2000),
apenas sale a luz por el empeño de los familiares de los caídos. Se han
encontrado desde el 17 de mayo 60 cuerpos, entre ellos 10 de niñas y niños de
entre seis y 10 años de edad.
Cuando IPS recorrió la zona, en noviembre de 2006, constató que los deudos
deambulaban por oficinas públicas pidiendo que desenterraran a los muertos de la
masacre de Putis, ubicada en el distrito de Santillana, provincia de Huanta, en
la andina región de Ayacucho.
En virtud de normas dispuestas por el gobierno para las víctimas de un conflicto
que dejó casi 70.000 muertos, para conseguir justicia y reparación, los deudos
deben acreditar primero la muerte de sus seres queridos.
En esa ocasión, IPS halló a Gerardo Fernández, uno de los sobrevivientes.
Desesperado por el olvido de las autoridades, consiguió después de años elaborar
un registro de los muertos, entre los que se encontraban su madre y su hijo de
tres años. Él fue uno de los que contribuyó a la ubicación de las tumbas
clandestinas.
"La exhumación de Putis es un caso muy especial por su carácter humanitario:
nadie escuchaba a los pobladores, en su mayoría quechuahablantes. Además, el
desentierro no lo está haciendo una entidad del Estado sino de la sociedad
civil, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)", explicó el presidente
de la no gubernamental Asociación Paz y Esperanza, Norberto Lamilla, que
coordina las labores.
"Es al Instituto de Medicina Legal (IML, dependiente de la fiscalía), al que le
corresponde esa tarea", dijo Lamilla. "Pero, por la falta de colaboración, por
la negativa del IML, tuvimos que recurrir al EPAF", agregó.
"El IML decía que no tenía fondos, que no contaban con tiempo y al final
salieron con el pretexto de que era una zona distante y peligrosa y que primero
necesitaban un informe de inteligencia para viajar. No les importaba que se
tratara de la fosa más grande de que se tiene recuerdo", sostuvo.
"Los restos de los cuerpos estaban a la vista y, con el paso del tiempo, habían
comenzado a perderse", manifestó Lamilla.
"Los campesinos necesitaban cerrar el duelo, identificar a sus familiares y
enterrarlos cristianamente. Pero ver los huesos a la intemperie, sin que el
Estado hiciera nada, los afectaba mentalmente", explicó.
La masacre de Putis está consignada en el informe de la independiente Comisión
de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en 2003, que recomendó exhumar
los cadáveres, investigar y sancionar a los culpables.
Sólo se sabe que los oficiales que dirigieron el operativo responden a los
apelativos de "capitán Baretta", "comandante "Óscar" y "teniente Lalo". El jefe
político-militar de la zona de Ayacucho era por entonces el general Wilfredo
Mori Orzo.
"Los comuneros fueron reunidos por los militares con engaños, obligados a cavar
una fosa y luego acribillados por los agentes del orden", en diciembre de 1984,
sostiene el reporte de la CVR.
El ejército combatía a la guerrilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
(MRTA), pero sobre todo al más poderoso Sendero Luminoso, la insurgencia maoísta
muy activa en esa zona.
"En 1984, se incrementó el accionar subversivo. Las alturas de Santillana se
habían convertido en una zona de activa presencia de militantes de Sendero
Luminoso, pues éstos constantemente ingresaban solicitando apoyo a los
campesinos, e instándolos a participar en su lucha armada. Frente a tal
situación, se instaló una base militar en la comunidad de Putis, que comenzó a
operar a partir de noviembre de 1984", relata el informe.
Al mes siguiente, se cometió la matanza.
Los militares acusaban a los pobladores de apoyar a Sendero Luminoso, cuando en
realidad los campesinos vivían bajo el temor de la guerrilla, por su práctica de
asesinatos a quienes no se sumaban a sus filas o colaboraban con el ejército.
Ante el doble hostigamiento, muchos pobladores abandonaron sus viviendas y se
dispersaron en distintas comunidades de esa zona ubicada a más de 3.500 metros
de altitud. Pero el ejército los convenció de que regresaran a Putis bajo
resguardo militar.
"La propuesta de los militares fue que fijaran su residencia en la parte baja,
ofreciéndoles de esta manera una mejor protección contra la subversión, aunque
en realidad para los militares, muchos de ellos también eran sospechosos de
cooperar con la subversión", señala informe de la CVR.
"Cansados de vivir en los cerros y en medio de dos fuegos, acosados por los
subversivos por un lado, y por las fuerzas del orden, del otro, los comuneros
aceptaron la propuesta y se mudaron a Putis, llevando todas sus pertenencias",
agrega.
"Los efectivos del orden recibieron a los pobladores" y "los reunieron en el
local donde funcionaba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes
los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese
momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para
mejorar la calidad de vida de la población", prosigue el relato de la CVR.
"Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus
armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una
piscigranja (sic) en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron
que allí construirían casas", continúa el reporte.
"Cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al
centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres,
mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar", afirma.
Los militares se apropiaron y vendieron los animales de las víctimas. Para
encubrir el crimen, filtraron a la prensa información de un presunto
enfrentamiento en el que cayeron 15 guerrilleros.
Durante la exhumación, los peritos del EPAF han hallado proyectiles de armas
largas de uso militar.
En 2003, la CVR pidió al Ministerio de Defensa y al ejército la lista de los
oficiales que prestaron servicios en la zona en 1984. La respuesta fue que no
existía información.
"Se sabe por los testigos que fueron efectivos del ejército de una base
contrasubversiva que se instaló por un período de dos a tres años en Putis y que
dependía de los cuarteles de San José de Secce, en Santillana, y del cuartel de
Castropampa, en Huanta, que a su vez dependían de la sede del Comando Político
Militar de Huamanga, Ayacucho", dijo Lamilla.
Mori Orzo asumió la jefatura de ese Comando en agosto de 1984. "Estamos en
proceso de reconstruir primero la cadena de mando y luego la responsabilidad de
los oficiales", agregó.
El titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos de
Ayacucho, Rubén López, se encuentra en Putis supervisando la exhumación. La
tarea es penosa porque la tumba está emplazada en una zona difícil. El primer
día de labores, los peritos encontraron restos óseos de 25 personas y 15
casquillos de bala.
Los familiares participan de las labores para ayudar a identificar los restos
por sus ropas, anillos, calzado, o algún otro objeto personal.
"La extrema pobreza en Putis es clamorosa. La gente no tiene para comer y mucho
menos para pagar un ataúd, así que estamos convocando a todos los interesados en
colaborar con la sepultura de las víctimas de este pueblo", dijo Lamilla.
"En Putis mataron a familias completas: a los Condona Quispe, a los Centeno
Chávez, a los Gamboa Ccente, a los Madueño Curoi, a los Condoray Huallasco",
había dicho a IPS Gerardo Fernández en Santillana. "¿Quién va a reclamar por
ellos si todos están muertos?", se preguntó. Fuente: lafogata.org
