EL MARTES 22 DE ABRIL, el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, se reunió con el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y le comunicó una noticia que lo tomó por sorpresa. Según el diplomático, Washington había observado un avance significativo de las Fuerzas Militares en materia de respeto a los derechos humanos, así como en los esquemas de planeación y ejecución de las operaciones de la Fuerza Aérea, y por eso el Departamento de Estado había decidido levantarle el veto o descertificación que desde enero de 2003 pesaba sobre la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca.
Brownfield le anunció que esa base, que los militares identifican como Base Aérea Germán Olano o Comando Aéreo de Combate Uno, Cacom 1, la misma desde la cual en 1999 despegaron los aviones que bombardearon el caserío de Santo Domingo, en Tame, Arauca, y causaron la muerte a 18 campesinos (que fue el motivo de la descertificación), volvería a recibir asistencia en la lucha contra el narcoterrorismo.
La noticia pasó prácticamente desapercibida, sepultada por el escándalo de la 'Yidispolítica', la filtración a cuentagotas del contenido del computador de 'Raúl Reyes' y las extradiciones de los jefes paramilitares. Sin embargo, la noticia fue interpretada en círculos militares y diplomáticos como una señal en el sentido de que la decisión estadounidense sería el primer paso para ambientar el traslado a Palanquero de la base de Manta, Ecuador, desde donde operan los vuelos de vigilancia del narcotráfico.
'Bye, bye' Manta El acuerdo de la llamada Forward Operating Location en Manta sobre el Pacífico -aprobado en 1998 por el entonces presidente Jamil Mahuad-  vence en 2009 y el presidente Rafael Correa no solo prometió no renovarlo, sino que convirtió su eliminación en bandera de su Presidencia. "Prefiero cortarme un brazo antes que renovar el contrato para que los Estados Unidos sigan disponiendo de la base de Manta", dijo el 5 de marzo de 2007, cinco semanas después de su posesión y en vísperas de la conferencia mundial 'No a Bases Militares de Intervención', celebrada en Quito por iniciativa de algunas ONG.
Correa echó sus cartas desde la campaña y su plan para el desmonte de la base, concebida en el marco de la lucha contra el narcotráfico para operaciones de interdicción, se ha ido cumpliendo. En el seno de la Asamblea Constituyente, que delibera en Manta, el Movimiento País, la organización política que lo llevó al poder, impuso sus mayorías y la Asamblea Constituyente aprobó cinco artículos sobre soberanía territorial, de los cuales el quinto prohíbe bases militares o instalaciones con propósitos militares en el territorio ecuatoriano.
La aprobación se dio en el marco del debate sobre la participación de Estados Unidos en los ataques de Colombia a las Farc en territorio ecuatoriano y del riesgo que corre Ecuador de ser involucrado en una guerra contra el narcotráfico que, si bien es una prioridad, la existencia de la base militar envía el mensaje de que los ecuatorianos no pueden ocuparse de sus asuntos y aceptan la intervención extranjera. "Es una decisión histórica en medio de tantas presiones y en el marco de la lucha por la conquista de nuestra soberanía", le dijo a CAMBIO la diputada María Augusta Calle, coordinadora de la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales e Integración, quien ha sido el peón de brega de Correa en la Asamblea, y en los últimos días ha hecho noticia, no propiamente por sus logros políticos.
Por su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, le dijo a esta revista a mediados de abril que "Ecuador necesita de una fuerza militar y de unos servicios de inteligencia que no estén sujetos a intereses foráneos sino a objetivos nacionales". El Ministro coincide con analistas ecuatorianos que se oponen a la permanencia de la base, en que esta es un pivote del Plan Colombia, útil al proyecto geoestratégico de Estados Unidos, la llamada "Iniciativa Regional", es decir, la plataforma para eventuales intervenciones militares en cualquier lugar de América Latina.
El artículo que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano hace parte de la nueva Constitución que debe ser sometida a plebiscito aprobatorio el 29 de julio, y aunque algunos sostienen que Correa, su principal impulsor, no las tiene todas consigo porque sus niveles de popularidad han caído paulatinamente, entre abril y mayo, varios analistas ecuatorianos consideran que, en términos generales, el acuerdo de la llamada Forward Operating Location ha sido considerado por los ecuatorianos  como un error y que por eso estarían de acuerdo si Correa decide no renovarlo.
La eliminación de la base significará un mayor distanciamiento entre los dos países, pero además Estados Unidos se quedará sin aeropuerto para los aviones radar AWAC E3 y los P3 de reconocimiento que sobrevuelan el Pacífico en busca de embarcaciones de narcotraficantes. Y como la respuesta de Washington ha sido la de que está dispuesto a abandonar la base y a trasladar sus operaciones a otros países, no son pocos los que creen que la recertificación de Palanquero tiene que ver con esto y no descartan que sea allí o en Perú, donde Estados Unidos quiere instalar una base militar para no perder el control ampliado sobre la región, conjuntamente con las bases que tiene en El Salvador, Aruba y Curazao.
Hasta el momento, ningún funcionario colombiano o estadounidense ha aceptado hablar sobre el tema, pero un alto oficial le dijo a CAMBIO que "Colombia parece estar esperando un guiño de Estados Unidos y este país que Colombia le pida directamente la instalación de la base". Y si de guiños se trata, uno se dio el 18 de mayo: "Tenemos que mirar criterios como geografía, altura, concentración de la amenaza, etc. -dijo el embajador Brownfield en una entrevista en El Espectador el 18 de mayo-. Hay posibilidades en la República de Colombia, sin duda alguna. Nuestro Gobierno podría proponer y el anfitrión decidirá si permite ese tipo de colaboración".
Tres días después, el presidente Uribe, en una entrevista con Juan Gossaín en RCN, dijo que el Gobierno no ha hablado sobre el traslado de Manta a Colombia, pero dejó abonado el terreno: "Todo lo que podamos hacer para fortalecer la ayuda de Estados Unidos a fin de que podamos derrotar el narcotráfico, lo seguiremos haciendo. No se ha hablado de una base militar, se ha hablado como siempre (...) de buscar fortalecer esa cooperación".
Por qué Palanquero CAMBIO buscó precisar el alcance de estas declaraciones y un funcionario autorizado por la Casa de Nariño se limitó a decir: "Sin duda alguna Estados Unidos está pensando en Colombia porque no puede quedarse sin una base militar en esta parte de la región, pero no será en La Guajira".
De hecho, CAMBIO estableció que dentro de los convenios antinarcóticos perfeccionados en los últimos años han sido fijados parámetros que facilitarían el traslado de la base de Manta, sin mayores traumatismos jurídicos.
Reporteros de CAMBIO visitaron la base de Palanquero y establecieron por qué el Pentágono la consideraría como la primera opción para establecer la unidad militar más importante de Latinoamérica después de haber tenido que abandonar el Canal de Panamá.
El complejo militar con sede en Puerto Salgar tiene una ciudadela que puede albergar a más de 2.000 hombres, casino, restaurantes, supermercado, hospital y teatro. En cuanto a facilidades para la operación de aviones, tiene dos hangares con capacidad para entre 50 y 60 aviones cada uno, que en términos de diseño, seguridad y normas ambientales son los mejores de Latinoamérica.
La pista, de 3.500 metros de longitud, 600 más que la de Manta, "es la más larga del país, permite el despegue simultáneo de hasta tres aviones y es la única con 'barrera de frenado', una red que atrapa aviones que aterrizan a altas velocidades", según le explicó a CAMBIO un oficial de la FAC. Además, la base está dotada con una serie de radares que en la década de los 90 instaló una comisión estadounidense y que ha permitido adelantar, entre otras muchas operaciones, el bombardeo al campamento de 'Raúl Reyes' en Ecuador.
Ubicada en punto estratégico en el centro del país, permite que los aviones Kfir lleguen en menos de 10 minutos a La Guajira y a la frontera con Ecuador. Y como está sobre el río Magdalena, tiene una plataforma en la que pueden acuatizar aviones anfibios.
Así las cosas, mientras en Ecuador continúa el debate sobre la  base estadounidense en su territorio, todo indica que a pesar de que existen otras opciones, como construir una base nueva en Cauca, Santander o Arauca, Palanquero presenta condiciones óptimas y permitiría un traslado fácil y rápido de Manta.
No obstante, desde el punto de vista jurídico el trasteo no es tan fácil, pues se trata del tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano y ello obligaría al Gobierno a pedir la autorización del Senado o del Consejo de Estado si el legislativo está en vacaciones. Muchos podrán pensar que se está ensillando antes de traer las bestias, pero las señales permiten pensar que la posibilidad existe, pues el anuncio del embajador Brownfield  y las declaraciones de Uribe apuntan en esa dirección.
No hay que olvidar que el mejor aliado de Estados Unidos en la región es Colombia y que el presidente Uribe es el principal alfil de su estrategia antidrogas y antiterrorista. No obstante, es previsible que de destaparse el tema y entrar en la agenda, despertará controversia, mucho más fuerte que la que se dio en 1994  cuando el entonces presidente César Gaviria autorizó, sin pasar por el Congreso, que marines de Estados Unidos construyeran una escuela en la isla de Juanchaco, cerca de Buenaventura. Un eventual traslado de la base de Manta a Colombia, en particular a Palanquero, está hoy en el radar de los medios y de los principales analistas militares y políticos de la región.
LA BASE DE MANTA Hay allí campo para operaciones de aviones Galax 130 y 140, capaces de transportar entre 15.000 y 20.000 hombres equipados en menos de 72 horas. Su pista, de cerca de 2.900 metros de largo, permite el aterrizaje de los más modernos cargueros como los  C-17, que sirven también para operaciones de paracaidismo táctico.
Según un documento del Instituto de Derechos Humanos de Ecuador, la infraestructura, incluidas las cuatro plataformas de estacionamiento de aviones, es obra del consorcio norteamericano ABB Susa, especializado en construcciones militares en todo el mundo. La base alberga a 475 militares estadounidenses que van rotando y a varios asesores civiles. Parte del personal extranjero es contratado por empresas como Dyncorp, que enganchan ex militares y mercenarios.
La base es "parte de un esqueleto regional de intervención en el que están consideradas al menos cinco bases localizadas estratégicamente para hacer de cualquier sitio de América Latina un punto de intervención inmediata", dice el informe, que cita al analista militar Loring Wirbel, de la organización Citizens For Peace, quien dice que para Estados Unidos Manta no es más que un puesto de operaciones (FOL, por sus siglas en inglés) que "funciona mediante plataformas portátiles de inteligencia, pequeños aeropuertos para vehículos de reconocimiento aéreo y conexión con el Space Warfare Center (Centro Especial de Guerra) de la base de Schriever en Colorado Springs, para conformar una base militar virtual".
El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, responsable del manejo de Manta, ha presentado informes periódicos según los cuales en los dos últimos años,  el 60 por ciento de las operaciones exitosas contra el narcotráfico en el Pacífico, han sido de misiones emprendidas desde el puerto ecuatoriano. En 2006 fueron incautadas 262 toneladas de cocaína y hasta octubre de 2007 la cifra llegaba a 310.