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Latinoamérica

La nueva guerra sucia

Cristhie Mella   
El Clarín

Es un hecho ya constatado la virulenta persecución de que son victimas quienes   se atreven a documentar las arbitrariedades que llevan tiempo ejecutando organismos del estado, en lo que parece ser una verdadera guerra sucia bastante impropia de una democracia y del llamado "gobierno ciudadano". Lo ocurrido hace unos días a la documentalista Elena Varela, a quien le ha sido requisado todo su material audiovisual ya parece más de lo mismo.

Ocurre nuevamente en la región de la Araucania, epicentro de un férreo control policial  y donde el Derecho Penal opera de una manera muy sui generis, por decir lo menos. Anteriormente fueron expulsados unos documentalistas italianos a causa de unas supuestas "filmaciones indebidas" y antes de eso había existido todo un revuelo por la suerte de dos documentalistas franceses, quienes estuvieron privados de libertad, también con material requisado y sin completa claridad del delito imputado en lo que ya alcanza ribetes kafkianos.

 Esa ha sido también la experiencia de muchísimas otras personas, sobre todo quienes ejercen el noble trabajo de mostrarnos a través de su lente el decepcionante y execrable estado de nuestra democracia. El denominador común en todos los casos es el pecado de haber registrado el ejercicio del poder en el contexto de la nueva pacificación de la Araucania.

Es necesario dejar atrás la ingenuidad y hacer caso de los sanos rasgos paranoides que todos llevamos dentro para asumir que éstas y muchas otras situaciones, no siempre conocidas públicamente, constituyen la incesante repetición de maniobras que ocurren en nuestro país desde hace mucho. En efecto, se ha convertido en una peligrosa actividad el querer mostrar lo que ocurre lejos de la farándula televisiva, inmediatamente se reacciona o mas bien se sobre reacciona  respecto de lo que quienes no pertenecen a los medios masivos de comunicación puedan informar. Eso tiene un nombre, lo hemos conocido en nuestro país por años, CENSURA. Sin duda, asistimos a planificadas estrategias de silenciamiento por parte del poder político para impedir que la ciudadanía conozca cabalmente las cuestionables actuaciones de los organismos de gobierno. Todo esto en el marco de dar  carta blanca para  actuaciones policiales ajenas al respeto a la libertad de información y expresión.

 En el tipo de sociedad alienada y neoliberal que vivimos, muy pocos se dan cuenta, precisamente porque cada quien solo se interesa por su propia suerte. Eso deja a las victimas de la represión completamente indefensas ante la falta de  conciencia respecto de la necesidad de defender espacios ganados en la lucha contra la dictadura, en la que, dicho sea de paso, hubo bastantes costos que asumir. Esta vez,  como ciudadanos  debemos darnos cuenta del grado en que estamos asistiendo nuevamente a la conculcación de derechos humanos y ciudadanos fundamentales. Sin más, el gobierno democrático actúa con las mismas maniobras represivas que le aprendió a la dictadura. Pero yendo aun más lejos, pues las maniobras se han perfeccionado, hoy no solo se valen de las fuerzas represivas tradicionales como carabineros, sino también de su caballito de Troya: el Ministerio Público. Este ente supuestamente independiente se ha transformado en un verdadero instrumento político utilizado para  amedrentar y  disuadir a la disidencia tanto interna como externa, trasformándose la persecución penal de los "agitadores sociales" en una de las principales prioridades de sus actuaciones, todo bajo el pretexto maníqueo del mantenimiento del orden. 

La Asociación de Documentalistas de Chile, en una Conferencia de Prensa no cubierta por la red comunicacional oficialista, se ha  manifestado recientemente en este sentido, precisando los oscuros nexos entre la detención de Elena Varela y la necesidad de abortar su película destinada a mostrar la situación del pueblo mapuche frente al poder de las forestales. Como puntualizara Francisco Gedda, si hubiese estado documentando mascotas en el sur, seguro no la habrían detenido y no se encontraría hoy en esta lamentable situación donde ya ha sido públicamente criminalizada por el gobierno.

Todas estas gravísimas situaciones de claro abuso de poder, sin duda, dejan entrever el escenario que se nos plantea a quienes hemos enarbolado la bandera de los derechos humanos fundamentales. Este nos sitúa ante la urgente necesidad de recuperar la memoria de la solidaridad y la indignación ante los atropellos que este estado esquizofrénico pretende instaurar. Como ciudadanos no podemos bajar la guardia, informar y hacer conciencia de esta nueva guerra declarada se constituye en un imperativo ético.

cpmella@gmail.com
*Psicóloga chilena, Máster en Criminología y Psicología Forense

Fuente: lafogata.org