Anibal Quijano, Ana Esther Ceceña

El pueblo de Haití ha salido a las calles: sus calles, y lo ha hecho para defender su vida.
Ha salido a protestar porque los alimentos básicos han triplicado su precio desde noviembre de 2007 aumentando dramáticamente los problemas de hambre, desnutrición y satisfacción de las necesidades elementales de la población, sin que el gobierno tome ninguna medida para evitarlo o contrarrestarlo.
Las políticas neoliberales impuestas por Washington y los organismos internacionales han llevado a Haití a una situación dramática caracterizada por la pérdida de su soberanía alimentaria, por la destrucción de la economía campesina y del potencial agrícola del país, a la desnutrición del 45 % de los niños menores de 5 años y causaron pérdidas masivas de empleo estimadas en 800 mil trabajadores del campo. Son estas políticas las que han conducido a la actual situación de emergencia.
Pero el pueblo de Haití ha salido también a protestar por la presencia y atropellos de la llamada Misión de Paz (MINUSTAH), que desde junio de 2004 ocupa su territorio. A exigir la salida de los 7 080 cascos azules que la conforman (1211 de Brasil, 1147 de Uruguay, 562 de Argentina, 502 de Chile, 114 de Guatemala en diciembre 2007), y que violan los derechos humanos con total y escandalosa impunidad, en flagrante contradicción con el mandato definido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que le atribuye la tarea de impulsar el respeto a los derechos humanos y reforzar el sistema judicial.
La propia MINUSTAH ha tenido que repatriar recientemente a 114 soldados de Sri Lanka por encontrarlos culpables de abuso sexual y violaciones de mujeres y niñas en varias regiones del país.
Paradójicamente, el presupuesto anual de esta Misión asciende a 535 millones de dólares, el 9 % del PIB del país, mientras la población carece de lo más elemental.
La situación, hoy, es de emergencia. Los gases lacrimógenos son lanzados contra la población indiscriminadamente. El número de muertos es incierto pero está confirmado que 3 de ellos fueron ultimados por las fuerzas uruguayas integrantes de la MINUSTAH.
No podemos aceptar la actuación de cascos azules en Haití como fuerza de represión, matando a manifestantes que reclaman el derecho a la vida y la alimentación básica.
Exigimos una investigación independiente y castigo para los responsables de los asesinatos.
Llamamos a vigilar que la repatriación de los 114 soldados de Sri Lanka no signifique su exoneración. Que la repatriación no se convierta en una comedia de impunidad.
Los pueblos de nuestro continente no pueden aceptar que el dinero de los ciudadanos sea usado para sostener ejércitos de ocupación en países hermanos. La presencia que requiere Haití es la de la ayuda solidaria: brigadas de alfabetización, de salud, de cooperación agrícola. Brigadas de atención sicológica a la población atemorizada por la actuación de las fuerzas de la MINUSTAH.
Reclamamos enérgicamente la salida inmediata de las fuerzas de ocupación de la MINUSTAH de Haití y nos solidarizamos con la lucha del pueblo haitiano por recuperar sus condiciones de vida y de autodeterminación.