Hugo Moldiz
La Epoca

Dar la sensación de que no hay carburantes por el fracaso de la nacionalización y poner en duda la honradez del presidente Evo Morales forman parte, junto a otros componentes, de una estrategia destinada a reducir el porcentaje de aprobación de la Constitución en enero y a tratar de impedir la reelección del líder indígena en diciembre de 2009

Había que ser demasiado ingenuo como para pensar lo contrario. Estados Unidos y una derecha en proceso de rearticulación han activado un plan orientado a disminuir, en todo lo que sea posible, el porcentaje de apoyo al proyecto de Constitución que será puesto a veredicto del pueblo el domingo 25 de enero y en largo plazo destinado a socavar los pilares fundamentales en los que se apoya el proceso de transformación y cambio y, sobre todo, a impedir que Evo Morales sea reelecto en las elecciones generales de diciembre del próximo año.

Las primeras señales de ese plan, inadvertidas por el gobierno y su aparato político, se dieron a las pocas semanas de que el Congreso Nacional aprobara, con los movimientos sociales pisándoles los talones, la convocatoria a los referéndum constitucional y dirimitorio sobre la tierra, no sin antes haber introducido algunas modificaciones en el texto constitucional aprobado en la ciudad de Oruro en diciembre del pasado año.

El plan se materializó inmediatamente después que se constatara la derrota de la ultraderecha, cuyos principales protagonistas, actuando bajo el manto de la dirigencia cívica, empezaron a sentir el peso de la justicia. Apareció como rumor y en alguna dirigencia media del gobierno y el MAS levantó cierta sospecha. Aunque con bajo tono, en algunos medios de comunicación empezó a correr la sospecha de corrupción en el principal ejecutivo de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Los rumores llegaron a Palacio y a pesar de que el presidente Evo Morales ratificó su confianza en el presidente ejecutivo de la petrolera estatal, Santos Ramírez, todavía estaba demasiado lejos de pensar que se encontraba frente a un plan, de nuevo tipo, concebido para afectar la credibilidad del gobierno y de la propia investidura Presidencial.

Tuvieron que pasar varias semanas hasta que un hecho producido en Pando, presentado con ribetes de escándalo, condujera a las autoridades del país a pisar tierra y a Morales a convocar a sus ministros, en la tarde del 5 de diciembre, para tomar recaudos. "Pueden haber algunas acusaciones. Van a tratar con cualquier acusación o invento, cuando algunos grupos se encuentran arrinconados por el pueblo boliviano. No me asusta. Yo decía en el gabinete a los ministros y viceministros: ¿Qué más no vendrá?, cuídense de la derecha racista y fascista. Existen grupos, ¿de qué no nos tratarán?, ¿de qué nos acusarán? No tengo ningún miedo", sostuvo el jefe de Estado.

La reacción no fue inesperada. Días antes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, primero, y luego el propio presidente, fueron sindicados de haber llegado a un acuerdo con comerciantes de Pando dos meses antes del referéndum revocatorio del 10 de agosto, cuando el jefe de Estado recibió el apoyo del 67.41 por ciento de la población. Un diario local sostenía que el ingreso de 33 camiones con mercadería, autorizado por Quintana, era parte de un acuerdo electoral. No se decía explícitamente, pero la idea consistía en deslegitimar el triunfo obtenido en la consulta popular.

La provocación dio un resultado parcial. Las relaciones del presidente con algunos medios se han vuelto muy tensas y un organismo extranjero, muy vinculado con la Sociedad Interamericana de Defensa (SIP), trabaja en la idea de planificar la "huida" de periodistas al exterior, como parte de una campaña de descrédito internacional, según ha denunciado la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Empero, encuentra sus dificultades en la percepción ciudadana de los medios, según afirma el diputado Gustavo Torrico.

Pero, además, han conseguido una conquista adicional. La masacre de Pando, confirmada por el informe de una investigación hecha por la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), ha pasado a un lugar secundario y los planes de relegitimación de uno de sus sindicados de su autoría, el ex prefecto Leopoldo Fernández, han recobrado impulso.

Los pilares del plan

"Hay una estrategia para debilitar al gobierno que está basada en la calumnia", ha afirmado el 9 de diciembre el jefe de los parlamentarios del MAS, César Navarro, haciendo eco de las advertencias de Morales, quien dos días antes dijo que había un plan externo para derrocarlo.

El ex embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg ha sido expulsado, pero el Departamento de Estado no ha perdido el impulso. Existe información, todavía no plenamente confirmada, sobre el ingreso a territorio nacional de un ciudadano boliviano, nacionalizado estadounidense, que se habría reunido con algunos de los dirigentes de la oposición. Nuevamente aparece el sello estadounidense.

Y es ahí donde hay que rastrear el plan. De acuerdo a la información, todavía confidencial, a la semana de que el gobierno obtuvo una victoria en el referéndum revocatorio, la embajada de los Estados Unidos pasó a elaborar una estrategia para revertir la derrota de la oposición y que se la dejó preparada, incluido sus mecanismos, a pesar de la expulsión de Goldberg, quien fue visto in fraganti en reuniones reservadas con la ultraderecha de Santa Cruz en agosto pasado, cuando se empezó a desarrollar una oleada de violencia en el país, la voladura de un gasoducto y la toma de instituciones públicas.

El fundamento del plan, según se conoce, es socavar los pilares en los que se asienta el proceso político: la nacionalización del petróleo y la honradez con la que se ve al presidente Morales. La apuesta tiene lógica ya que la mayor parte de los sondeos de opinión pública, incluidos los encargados por Naciones Unidas, realizados en estos casi tres años de gobierno, muestran que la popularidad del líder indígena está en directa relación con ambos aspectos.

"Lo que quieren demostrar es que la nacionalización ha fracasado", asevera Navarro, quien, a tono con una amplia explicación que el presidente de YPFB dio a los medios de comunicación y por supuesto no reproducido en sus líneas esenciales, afirmó que los problemas de desabastecimiento de carburantes tiene estrecha relación con la disminución de las inversiones de las petroleras desde 1998.

A partir de minar la credibilidad del gobierno se apuesta a dividir a los movimientos sociales y fabricar la candidatura de un indígena más dócil a los mandatos estadounidenses. Alejo Véliz, Felipe Quispe y Víctor Hugo Cárdenas aparecen en la lista. El presidente sabe que se marcha en esa dirección y en la semana que culmina ha pedido a los movimientos sociales mantener la unidad.

Otro aspecto del plan, que al parecer ha encontrado condiciones para su ejecución, es "construir la imagen de un gobierno que por su condición atea se muestra intolerable con la iglesia católica", aunque encuentra la dificultad de tener a un presidente que, salvo sus discrepancias con el Cardenal Julio Terrazas, quien no oculta su simpatía por la oposición, ha mantenido una relación respetuosa con todas las iglesias que operan en el país.

"Ese es un objetivo irrealizable, ya que no estamos en el siglo XVIII o incluso XX, cuando la gente se tragaba todo lo que la propaganda de Estados Unidos decía", asevera con fuerza el dirigente Adolfo Colque.

Los objetivos del plan

De acuerdo al plan concebido en la embajada de Estados Unidos y concertado con los sectores más duros de la oposición, el objetivo estratégico es construir las condiciones objetivas y subjetivas para que Evo Morales sea derrotado en las elecciones de diciembre de 2009, ya que se da por descontada la aprobación del proyecto de Constitución.

Hay que fortalecer la campaña del "NO" a la nueva Constitución, sabiendo, sin embargo, que es poco probable evitar el triunfo del "SI", establece el diseño del plan, según revelan fuentes especializadas en el tema.

Pero, el diseño estratégico del plan supone otros objetivos previos, según se evalúa en los autores de esa "subversión silenciosa" de la que advierte la periodista argentina Stela Calloni o de la estrategia del "golpe suave" concebida por un alto asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos para afectar a gobiernos populares surgidos del mandato popular.

El primero de ellos es que la nueva Constitución sea aprobada por un porcentaje no mayor al 55 por ciento, con lo que, según se dice, se habrá afectado la legitimidad de su contenido. Para eso, el consejero político de la embajada estadounidense continúa haciendo esfuerzos por unificar a la oposición en torno a la campaña del "NO" que los prefectos y cívicos han convocado. La posición del jefe de PODEMOS, Jorge Tuto Quiroga, quien apuesta a construir la imagen del jefe político que viabilizó los acuerdos del 20 de octubre, en contraposición a la línea de bloqueo que mantuvo contra la Asamblea Constituyente, no es compartida por la embajada estadounidense.

Algunos hechos quieren ser aprovechados. Uno de los argumentos empleados por los funcionarios estadounidenses para echar andar el plan tiene directa relación con el tema de la tierra, ya que la toma de la hacienda de un ciudadano de ese país, de apellido Larsen, en el Alto Parapetí, para proceder al saneamiento establecido por ley, "es una muestra de la decisión del gobierno de afectar a los empresarios".

El segundo, muy profundamente ligado al primero, es generar un ambiente "totalitario" y de agresión a los medios de comunicación que, siguiendo la línea desarrollada frente a la nacionalización del petróleo, la Asamblea Constituyente, el referéndum revocatorio y el tema tierra, muestra grados de coordinación.

No sin poca importancia y como parte del plan está la idea, según se tuvo conocimiento, de presentar al gobierno como extremadamente complaciente con el narcotráfico y el aumento de los cultivos de coca, aunque se tropieza con el llamado internacional del presidente a "regionalizar" y "nacionalizar" el combate contra los libre empresarios de la droga.

La puesta en marcha del plan estadounidense coincide, para tranquilidad de la conspiración, con la maduración de una crisis económica mundial sin precedentes y que será presentada, en lo que toca al país, como resultado del fracaso del proyecto gubernamental, según también se comienza a apreciar en algunas declaraciones y artículos difundidos por la industria mediática.

El imperio ha vuelto a la carga. Los intereses en juego son extremadamente grandes como para pensar que la voluntad popular será acatada. Mientras tanto, el tiempo corre contra el gobierno y los dirigentes del proceso que fueron convocados a cerrar filas, mejorar la gestión y no perder la iniciativa.