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Argentina: La lucha contin�a
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Argentina: Sin salida
ADC
La Asociaci�n por los Derechos Civiles (ADC) present� un informe preliminar de
una investigaci�n sobre situaciones de discriminaci�n en el acceso a la
educaci�n de ni�os que viven con sus madres presas en la Provincia de Buenos
Aires. En la Argentina hay m�s de 160 ni�os/as menores de cuatro a�os viviendo
en esas condiciones. De ellos, 79 est�n en c�rceles dependientes del Servicio
Penitenciario Federal (SPF) y 82 en c�rceles del Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB).
Nueve de las 39 unidades carcelarias del SPB alojan mujeres. Hay en total, 792
mujeres privadas de su libertad en el SPB. Por su parte, el SPF tiene cinco
c�rceles destinadas a mujeres; s�lo la Unidad 31 de Ezeiza aloja a 240 mujeres.
El 72 por ciento de las mujeres privadas de su libertad est�n procesadas
cumpliendo una prisi�n preventiva, y s�lo el 17 porciento est�n condenadas.
Particularmente, en las c�rceles federales, 6 de cada 10 ni�os/as son hijos/as
de mujeres que a�n no tienen condena, y en las bonaerenses, 9 de cada 10.
Los datos surgen de una investigaci�n que realiz� la ADC y que actualmente est�
profundizando junto a la Comisi�n Provincial por la Memoria y Grupo de Estudio
Sobre Educaci�n en C�rceles (GESEC), de la provincia de Buenos Aires. La misma
busca mostrar la situaci�n de la educaci�n de los hijos/as que viven con sus
madres en contextos de encierro. En un informe preeliminar sobre dicha
investigaci�n se identifican situaciones de discriminaci�n en el acceso a la
educaci�n en la Provincia de Buenos Aires.
Algunos problemas
El informe revel� algunos problemas que afectan la plena realizaci�n del derecho
a la educaci�n de esta poblaci�n. Cuestiones vinculadas a la asignaci�n de
vacantes, a la continuidad de la educaci�n por problemas relacionados a la
salud, a las condiciones en las que estos ni�os/as viven en las distintas
unidades y al transporte y traslado de los ni�os/as a los distintos jardines.
Asimismo, se observan problemas vinculados a la formaci�n docente y preparaci�n
de los docentes para trabajar con comunidades con las realidades y
caracter�sticas de esta poblaci�n y a la ausencia absoluta de propuestas de
educaci�n no formal y de actividades de est�mulo, entre otras.
El Derecho a la Educaci�n de hijos/as de madres presas
El art�culo 195 de la Ley de Ejecuci�n de la Pena Privativa de Libertad (Ley
24.660) permite a las mujeres en contextos de encierro retener consigo a sus
hijos menores de cuatro a�os. Al cumplir dicha edad, los ni�os/as deben irse con
alg�n familiar o, en caso de no tener familia, son enviados a institutos
p�blicos.
Hasta la sanci�n de la Ley de Educaci�n Nacional (2006) y fundamentalmente de la
Ley de Educaci�n de la Provincia de Buenos Aires (2007), la situaci�n educativa
de los hijos/as de las madres no estaba considerada normativamente desde el �rea
de educaci�n. La reciente Ley de Educaci�n de la Provincia, ha destinado dos
art�culos con el objeto de garantizar la educaci�n de estos ni�os/as. Conforme a
esta norma, ''los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecer�n atenci�n
educativa de nivel inicial destinada a los/as ni�os/as de cuarenta y cinco (45)
d�as a cuatro (4) a�os de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos contextos, a
trav�s de jardines maternales o de infantes, as� como otras actividades
educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias''.
Particularmente, el art�culo 26, inciso i, de la nueva ley provincial, propicia
que la educaci�n de estos ni�os/as se realice fuera del �mbito de encierro.
El derecho a la educaci�n, como todos los derechos sociales, impone al Estado
distintos tipos de obligaciones. Por un lado, las cl�sicas obligaciones de
protecci�n, cumplimiento o respeto; y por otro, aquellas que responden al
contenido m�nimo del derecho y suponen la existencia de los derechos de
disponibilidad, acceso, permanencia y aceptabilidad.
Dadas las caracter�sticas y condiciones en las que viven estos ni�os/as y la
imposibilidad de sus madres de satisfacer sus necesidades educativas por sus
propios medios, el Estado tiene la particular obligaci�n tanto de facilitar
oportunidades educativas como de adoptar medidas que eviten que este derecho sea
obstaculizado.
Acceso a la informaci�n
No existe ning�n informe o estudio oficial que permita conocer la situaci�n de
la educaci�n de esta poblaci�n, y que en consecuencia permita evaluarla. De la
informaci�n obtenida no surge con claridad qui�nes son los responsables de la
educaci�n de los ni�os/as. Adem�s, no hay relaci�n entre lo que deber�a ser
(seg�n lo establecen las pocas normas que regulan esta tem�tica) y lo que sucede
en la realidad. Por el contrario, resulta sumamente complejo determinar qu� tipo
de responsabilidad posee cada �rea involucrada, as� como identificar pol�ticas
tendientes a garantizar la educaci�n de estos ni�os/as.
Necesidad de adecuar la educaci�n a las necesidades de esta poblaci�n
En el informe, la ADC advirti� sobre la necesidad de implementar la normativa
vigente, propiciando que los ni�os cuyas madres se encuentran privadas de
libertad concurran a jardines maternales, jardines de infantes y otras
actividades recreativas fuera del �mbito de encierro con el fin de asegurar su
contacto con otras realidades y personas que los preparen para su vida fuera del
�mbito de encierro, disponiendo y articulando con los organismos e instituciones
responsables, los medios para acompa�ar a las madres en este proceso.
Tambi�n propuso revisar c�mo se distribuyen las facultades entre las �reas
educativas y los servicios penitenciarios y establecer normativamente
competencias claras y definidas as� como responsables. E insisti� en la
necesidad de establecer programas de capacitaci�n docente que incorporen un
enfoque de trabajo acorde a las necesidades de esta poblaci�n generando
condiciones de carrera y desarrollo profesional que incentive a los docentes a
trabajar con este tipo de poblaci�n. Destaca asimismo, la importancia de
garantizar que sean los �rganos educativos los responsables de la supervisi�n de
la ense�anza que se imparte a esta poblaci�n.
Finalmente, la ONG destac� la importancia de aprovechar el debate que
actualmente esta teniendo lugar en el Poder Legislativo de la Pcia. de Buenos
Aires, a fin de contribuir y proporcionar informaci�n acerca de los
inconvenientes que proyecta esta situaci�n desde el punto de vista educativo. El
presente estudio podr�a constituir un aporte a la particular discusi�n que
actualmente se est� generando respecto de la necesidad de establecer medidas de
detenci�n alternativas para el caso de las madres que viven con sus hijos/as en
contextos de encierro, y de esta forma responder a una necesidad colectiva,
desincentivando presentaciones judiciales individuales que reclaman por la misma
situaci�n.
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