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Argentina: La lucha continúa
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"Cuando hablamos de exterminio masivo, es exterminio masivo y
no guerra"
Según Laura Figueroa, abogada defensora de derechos humanos
Rubén Kotler
De Igual A Igual
En
el contexto del proceso judicial que se lleva a cabo en la provincia argentina
de Tucumán contra los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín
Menéndez, en la causa por la desaparición del ex senador peronista Guillermo
Vargas Aignasse, la recientemente creada Agrupación Tucumana Contra la Impunidad
que lidera la abogada defensora de los derechos humanos, Laura Figueroa, convocó
a un acto en homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar en
el predio conocido como El Pozo de Vargas. En una lucha por la memoria se
realizó un acto en el que se hicieron presentes distintas organizaciones de
derechos humanos, partidos políticos de izquierda y otras organizaciones
sociales. Un acto en el que se repudió el genocidio y se recordó a las víctimas.
¿Qué es el Pozo de Vargas?
El Pozo de Vargas es un viejo pozo de agua tapado con escombros y perdido entre
la maleza en el presente, ubicado en una finca de cítricos a la altura del nº
4500 de la Avenida Francisco de Aguirre al oeste de la ciudad capital. Su dueño
era de apellido Vargas por lo que toma ese nombre el pozo. Allí los organismos
de derechos humanos, tienen la plena convicción que funcionó una fosa de
entierro común a los represaliados por la dictadura en Tucumán. Es una zona de
plantaciones de cítricos en general, en lo que serían las orillas de la ciudad
capital de la provincia. Ahora hay una villa miseria que llega hasta el frente
del pozo pero hace 25 años la última casa estaba ubicada a unos doscientos
metros y la zona era en general despoblada. Pasa una vía del Ferrocarril General
Belgrano por el costado sur, como a 40 metros del pozo.
La denuncia pública sobre la existencia del Pozo la realizó en febrero de 2002
Enrique Romero, quien fuera Director de la sección transportes del gobierno
Provincial. Lo suyo fue una maniobra de interés partidario ya que denunciando la
existencia de fosas comunes volvía a poner en la discusión pública los crímenes
cometidos por el ex gobernador de facto, Antonio Domingo Bussi, adversario
político del partido Peronista en el gobierno, en momentos en que se estaba
discutiendo en la cámara legislativa la reforma de la constitución provincial
con posibilidades de reelección para el entonces gobernador. En la denuncia
realizada entonces por Romero no se evidenciaban motivaciones éticas ni de
índole personal afectivo sino una mera pugna política entre dos partidos que
luchaban por el poder. Desde el año 2002, los organismos de derechos humanos
vienen realizando distintas tareas a fin de garantizar que la pesquisa en el
Pozo de Vargas concluya con éxito. De encontrarse cuerpos de desaparecidos se
estará mostrando las pruebas irrefutables que en la provincia de Tucumán existió
un plan de exterminio de la oposición política desde febrero de 1975, ensayo
general para lo que sucedería en todo el país a partir del golpe de Estado el 24
de marzo de 1976.
La Memoria apunta hasta vencer
El acto de la mañana del 23 de agosto en el predio del Pozo ha sido un paso más
en la lucha por mantener viva la memoria de los desaparecidos. El marco es sin
lugar a dudas el juicio contra los represores Bussi y Menéndez, juicio que está
en la etapa final. En esta lucha por preservar la memoria de nuestro país,
organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se dieron cita para
expresar una vez más su repudio a la dictadura y al plan político, económico,
social y cultural que vino a implementar a sangre y fuego. Se pidió por la
continuación en la pesquisa del Pozo, abandonada desde hace más de un año por la
desidia judicial y la burocracia estatal. Pero también se ve paralizado porque
en la lucha por la memoria, el Estado argentino, aún en su intento por mostrar
un rostro preocupado por la defensa de los derechos humanos, camina, en
determinadas circunstancias, más lento de lo que debiera. Es aquí, donde el
cartel inaugurado en la mañana del 23 de agosto quedará como firme señal hasta
que las obras paralizadas continúen y se llegue, literalmente, al fondo de la
investigación.
Laura Figueroa, una de las principales promotoras del acto en el Pozo de Vargas
expresó en una parte de su discurso: "Los que estamos abocados a rescatar los
restos óseos de muchos militantes muertos desde el Operativo Independencia y
durante la dictadura militar, que muchos cuerpos están acá, nos interesa
recuperarlos. Y no es porque hagamos un culto de los muertos, sino porque
nosotros, y cuando hablo de nosotros no me limito al grupo al que pertenezco,
sino a todas las organizaciones, lo que nos interesa es la reconstrucción de los
hechos para demostrar no solamente en el juicio público y oral como el que
estamos viendo, queremos demostrar con elementos concretos, que cuando hablamos
de "exterminio masivo", es exterminio masivo y no guerra, cuando hablamos de
secuestros no estamos hablando de detención, cuando estamos hablando de delitos
de lesa humanidad no estamos hablando de guerra…". El encendido discurso de
Figueroa fue tajante en afirmar que en Argentina a partir de febrero de 1975
hubo un plan sistemático de exterminio de toda la oposición política del
proyecto neoliberal. En este sentido la abogada busca responder a los militares
juzgados quienes siguen afirmando la hipótesis de la guerra para justificar la
violación sistemática de los derechos humanos.
Una voz, todas las voces
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