Pablo Antonini
AJB - ACTA

Dónde abrir una fiscalía o crear un departamento judicial forma parte de la disputa territorial bonaerense. La Justicia como parte del entramado de acumulación de poder y de búsqueda de impunidad. El rol de la Comisión del Mapa Judicial.

Cerca de 20 distritos bonaerenses han presentado o están elaborando proyectos para ser cabeceras de nuevos departamentos judiciales. Los fundamentos suelen ser incuestionables: la necesidad de que la población tenga más cerca los órganos jurisdiccionales, que no deban recorrerse kilómetros para presentar una denuncia, y el crecimiento de la litigiosidad que hoy redunda en juzgados colapsados. Pero los métodos y razones muchas veces son sólo un capítulo más de la conflictiva relación entre la Justicia y el poder político en la provincia de Buenos Aires.

En este marco, la Comisión de Mapa Judicial -que se convoca cada siete u ocho años para revisar integralmente la organización del Poder Judicial-, es un espacio muy valorado por los distintos actores del sistema, ya que permite ejercitar una mirada integral por sobre los distintos intereses locales. Al menos es el balance de Mario García, Secretario de Organización de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA), que participó de la última convocatoria entre fines de 2000 y principios de 2001, y la recuerda como 'muy positiva. Por más que después vengan las deformaciones, es una manera de fijar criterios para una política de Estado, trabajando con elementos estadísticos objetivos para evaluar las verdaderas necesidades del conjunto'.

Además de la AJB, la Comisión estuvo integrada por representantes del Ministerio de Justicia, Procuración, un ministro de la Suprema Corte, tres diputados, tres senadores, los Colegios de Magistrados y de Abogados. El presidente del Colegio de Magistrados, Carlos Lami, entiende que 'es un espacio conveniente y necesario. No es solamente crear nuevos departamentos judiciales sino a lo mejor modificar su contorno, porque a veces un partido está mucho más cerca de un departamento judicial vecino que al que pertenece. O incluso puede estar más lejos pero tener medios de transporte mucho más directos'.

Para Lami, el objetivo de la Comisión debe ser 'que el ciudadano cuente con una inmediación del servicio de justicia ¿Esto qué significa? Que tenga un juez cercano. En esto se ha avanzado con la creación de los juzgados de paz letrados, que tienen limitada su competencia: más ampliada en el interior, más disminuida en el Conurbano'.

A fines del año pasado, la Legislatura aprobó una nueva convocatoria a partir de un proyecto presentado por los senadores Mónica Litza (PJ) y José Eseverri (Radical K) poco antes de concluir sus mandatos. Según los fundamentos, la Comisión 'tendrá la misión de proponer las modificaciones que estime necesarias en el ordenamiento territorial del Poder Judicial', debiendo realizar para esto 'un profundo estudio del Mapa Judicial Bonaerense en toda su dimensión, investigando las relaciones de población, superficie, densidad, litigiosidad, distancia desde la sede y condiciones del servicio'.

La nueva composición del cuerpo incluía al presidente de la Corte, la Procuradora, seis diputados, tres senadores, dos representantes del Colegio de Magistrados, dos del Colegio de Abogados y dos del Consejo de la Magistratura. En abril, el gobernador Daniel Scioli vetó parte del texto y modificó la composición eliminando la participación de los representantes del Consejo de la Magistratura y reduciendo a tres la cantidad de diputados.

A diferencia de la Comisión anterior, ni los legisladores ni el Ejecutivo tuvieron en cuenta, esta vez, a los trabajadores judiciales. Aunque al cierre de esta edición todavía no se había realizado reunión alguna, para el ministro de Justicia Ricardo Casal, la puesta en marcha de la Comisión tiene carácter de 'urgente', ya que 'se relaciona directamente con la emergencia judicial edilicia, y entendemos que se requiere el consenso de todos los actores, para determinar cuales son las necesidades y donde deben establecerse los servicios de justicia'.

En el marco de la celeridad prometida, el ministro adelanta que 'vamos a tratar de apoyar y de solicitar que gradualmente los informes del mapa judicial vayan aplicándose, y no esperar un estudio final'.

Creced y multiplicaos

Hace poco más de medio siglo, eran solamente seis. Cuando la provincia de Buenos Aires organizó su administración de Justicia en el formato de departamentos judiciales, en 1947, dividió su mapa en: Zona Capital, con asiento en La Plata; Zona Sur, con cabecera en Dolores; Costa Sur, en Bahía Blanca; Sudoeste, en Azul; Centro, en Mercedes; Norte, en San Nicolás. Los primeros desprendimientos fueron obligados por el explosivo crecimiento demográfico del conurbano bo-naerense: San Isidro, San Martín, Morón y Lomas de Zamora. Después nacieron Mar del Plata, Junín y Trenque Lauquen. En los '80 Quilmes, Necochea, Pergamino y Zárate-Campana, y en los '90 La Matanza.

Cuando se conformó la Comisión anterior, García recuerda que les tocó analizar 'una avalancha de pedidos para la creación de nuevos departamentos, y pedidos por parte de los políticos lugareños, tanto intendentes como diputados y senadores'.

Pero reunidos en aquella Comisión, tanto la Corte Suprema como los Colegios de Magistrados, Abogados y la AJB (que suelen tener opiniones muy divergentes sobre varios otros temas), coincidieron en algo: 'El criterio fue unánime -recuerda- por lo menos de los sectores que no teníamos intereses lugareños en el tema, y fue no alentar la creación de nuevos departamentos'.

¿Por qué? 'Todo departamento judicial tiene una parte muy importante que son los órganos jurisdiccionales, juzgados, defensorías, fiscalías y demás, que es lo que realmente le lleva Justicia a la gente. Pero un 30% del presupuesto se va en el aparato burocrático de receptorías, biblioteca, archivo, arquitectura, montones de oficinas y dependencias de la Corte, que no inciden en la demanda directa de Justicia', fundamenta García.

La alternativa más viable fue impulsar organismos descentralizados. Es decir, fiscalías, defensorías y juzgados asentados geográficamente en los territorios demandantes, pero dependientes de la cabecera actual. García recuerda que en 2005 encabezó una delegación que visitó al por entonces gobernador Solá 'y nos preguntó qué opinábamos de crear departamentos judiciales. Yo le fundamenté nuestra postura acerca de los gastos innecesarios que supone y como Solá es ingeniero conoce bastante poco de la cocina de los poderes judiciales y estaba agradecido de nuestros argumentos porque los intendentes lo tenían abrumado con pedidos para crear nuevos departamentos'.

Sin embargo, a contramano de estos mismos argumentos, en 2006 la Legislatura aprobó la creación del departamento judicial Moreno-General Rodríguez. 'Un departamento un poco sui generis', según Lami, 'porque no tiene Cámara de Apelación y sigue dependiendo de Mercedes'. Casi un año después de creado, y ante las evidentes dificultades encontradas para su implementación, el por entonces presidente de la Corte, Daniel Soria, presentó un escrito al Senado pidiendo revisar la situación y volver atrás 'con el objeto de evitar problemas administrativos, presupuestarios, de soporte técnico e infraestructura'.

Pero lejos de retroceder, los legisladores avanzaron: el 26 de septiembre de 2007 la Cámara de Diputados dio media sanción a la creación del Departamento Judicial de Merlo, actualmente en la órbita de Morón. El proyecto fue presentado por el diputado Alfredo Antonuccio, oriundo de esa localidad, e incluye en su trazado a las localidades de Marcos Paz y Las Heras, hoy dependientes de Mercedes.

Tal vez como reflejo del cansancio porque sus recomendaciones son permanentemente desoídas, la Corte respondió emitiendo por la misma fecha una resolución que pide la creación 'en forma urgente' de al menos 56 nuevos órganos judiciales, basada en estadísticas que indicaban un aumento de la litigiosidad del 117% en la última década, pero insistiendo con el criterio de la descentralización en lugar de la creación de nuevos departamentos.

Formando fila

Otras iniciativas con historia son Lanús-Avellaneda (actualmente en la órbita de Lomas de Zamora), San Miguel (dependiente de San Martín) y Pilar (hoy en San Isidro). Los dos primeros avanzan fundamentados en el crecimiento de la población y litigiosidad, mientras que el último, dice García, 'por el peso socioeconómico de sus habitantes'.

En el caso de Lanús-Avellaneda, hay proyectos presentados desde 1999 y lo acompaña una 'Comisión Pro Departamento Judicial' impulsada por los centros de abogados y escribanos locales, que sumó un amplio abanico de apoyos incluyendo gremios, asociaciones de comerciantes y hasta los clubes Racing e Independiente. Llegaron a organizar una maratón por las calles de Avellaneda y varios medios nacionales reflejaron el reclamo.

A mediados de 2006, con financiamiento de los ministerios de Justicia e Infraestructura, se emprendió la construcción de un 'Polo Judicial de Avellaneda' donde por ahora está previsto el funcionamiento de Alcaldías, Patronato de Liberados, tres fiscalías descentralizadas y un Juzgado de Garantías, entre otras dependencias, pero claramente apunta a demostrar infraestructura para asentar una eventual futura cabecera departamental.

En el interior de la provincia, las descentralizadas van a la cabeza: Tandil , el partido de la Costa, Tres Arroyos y Olavarría, también acarician el sueño del departamento propio.

Muchos de los Municipios cabecera, por su parte, también sufren los intentos de autonomía como una disminución del poder propio, y presionan en el sentido contrario. El más 'castigado' viene siendo Mercedes, que a los desmembramientos citados de Moreno, General Rodríguez y -en caso de prosperar la creación de Merlo- Las Heras y Marcos Paz, le suma un proyecto del diputado Gustavo Ferrari para trasladar las ciudades de Salto y 9 de Julio a la órbita de Junín. Al conocerse la iniciativa, el Colegio de Abogados pergaminense, reaccionó planteando que, puestos a dividir, se divida parejo: 'por razones geográficas y administrativas, Salto tiene cercanía con Pergamino más que con Junín', expresaron los letrados. Ferrari, ecuánime, dice que en el caso de Salto 'puede ser razonable', mientras que en 9 de Julio existe un respaldo expreso a su iniciativa. 'Lo importante es que la gente de ambas ciudades tenga un acceso mucho más directo a la Justicia, y Junín, a mi entender, queda bastante más cómodo que Mercedes'.

Pero si en algo más coinciden magistrados, abogados y trabajadores (y de ahí la crítica a la forma en que se aprobó la creación de Moreno y la media sanción de Merlo) es en que 'hasta que no funcione la Comisión del Mapa Judicial se debe parar cualquier propuesta o intento de creación de nuevos departamentos'.

Contactos vs. carrera

'Nosotros siempre hemos bregado y luchado porque los compañeros judiciales que se han recibido de abogados el día de mañana puedan ser defensores, fiscales o jueces', dice el secretario general de la AJB-San Isidro, Hugo Russo. 'Pero lamentablemente esto no es común. No hay una verdadera carrera judicial y muchas veces son nombrados quienes tengan algún contacto a nivel provincial o local, y no se privilegia la capacidad o el trabajo de los compañeros. Tenemos un montón de compañeros que concursan, dan los exámenes, aprueban, y sin embargo la decisión política es otra'.

En San Isidro se produjo recientemente un caso emblemático: el doctor Carlos Bigalli, Asesor de Menores desde hacía varios años, denunciante en los casos de los escuadrones de la muerte en Don Torcuato entre muchos otros, se presentó para ser defensor oficial en el marco de la Reforma que creó los juzgados de Responsabilidad Penal Juvenil. 'En un principio le habían rechazado el examen. Supuestamente le había ido mal, cuando no debe haber nadie que tenga mayores conocimientos y compromiso social con los chicos y los derechos humanos', afirma Russo. A tal punto que se dio la paradoja de que, mientras por un lado se le rechazaba el examen, era convocado por la Procuración para brindar capacitación a quienes van a desempeñarse en esos cargos.

Otro caso llamativo, para Russo, es el del Dr. Diego Molina Pico, que ganó notoriedad pública como fiscal investigador del asesinato en el country de María Marta García Belsunce. 'Una persona que ha tratado de perseguir cuestiones que no pasan sólo por perseguir a la pobreza como se acostumbra en San Isidro. Primero no aprobaba los exámenes, ahora los aprueba pero no puede acceder a ningún cargo, ni juez, menos de camarista'.

En este mismo departamento se conoció, el año pasado, un duro Acuerdo de la Cámara Penal denunciando a los fiscales general y adjunto de tener prácticas autoritarias, e impulsar una política 'manodurista y selectiva' frente a los delitos de la pobreza, mientras se desatendían investigaciones de corrupción en la administración pública y se les hacían sentir presiones a algunos fiscales que debían llevarlas adelante.

Allí se investigan, por ejemplo, algunas causas que involucran al Municipio de Vicente López por facturaciones de hasta un millón y medio de pesos en concepto de 'cursos de capacitación' que para los fiscales nunca existieron. Paralelamente, el Departamento judicial firmó un convenio con éste y los otros cuatro Municipios que lo integran (Pilar, Tigre, San Isidro y San Fernando) mediante el cual se abrieron oficinas descentralizadas financiadas por las arcas comunales, que aportan el edificio, equipos de computación, fotocopiadora, auto con chofer, gastos de mantenimiento, limpieza y hasta el sueldo de los pasantes.

También el intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino -que transcurre su cuarto mandato enfrentando una megacausa por 29 hechos de corrupción, pendiente de elevación a juicio oral-, hizo campaña en las últimas elecciones con la apertura de oficinas judiciales descentralizadas en su distrito, y le cedió un importante edificio al Ministerio Público en comodato.

Los impulsores del esquema destacan que, de esta forma, se resuelve rápidamente una necesidad objetiva como es la descentralización, sin esperar fondos del erario provincial que llegan a cuentagotas o no llegan nunca. Los detractores se preguntan si una Justicia solventada económicamente por un Municipio, tendrá verdadera autonomía para investigarlo.

La posibilidad de contar con una fiscalía o un Departamento Judicial cobra especial relevancia si tenemos en cuenta la enorme incidencia de los intendentes locales en la selección de jueces y fiscales. A nadie escapa que intendentes y senadores son la llave necesaria para sortear con éxito el paso por el Consejo de la Magistratura. Cobra así forma el 'sueño de la Justicia propia', que sólo la participación ciudadana y la transparencia en la Comisión del Mapa Judicial pueden evitar.

AJB: Asociación Judicial Bonaerense