Alexis Oliva
Prensared

Ocho campesinos están acusados penalmente por la 'usurpación' de un campo del que siempre vivieron. La causa penal llegó a juicio a pesar de que cuentan con un fallo civil que avala su posesión ancestral de esas tierras de El Chacho, en el árido y empobrecido extremo noroeste de la provincia de Córdoba.

Ocho pequeños productores rurales están siendo juzgados por la Justicia Penal de Cruz del Eje por defender la posesión comunitaria de un campo del pueblo El Chacho, a unos 300 kilómetros al noroeste de Córdoba capital, sobre el límite entre Córdoba y La Rioja.

Los imputados por el presunto delito de 'usurpación' son Graciela del Valle Arévalo (42), Clara María Farías (64), Roque Teótimo Farías (58), Ramón Nicolás Fernández (55), Santo Ernesto Fernández (54), Tomás Cornelio Silva (71) y Martha Agustina Silva (52). La acusación también incluye a Prudencio Ricardo Navarrete, ausente en el inicio del juicio por estar convaleciente de una operación en el hospital 'Aurelio Crespo' de Cruz del Eje. Todos nacidos y criados en ese pueblo casi en vías de extinción desde el cierre del ferrocarril, en el que no sólo falta la debida atención sanitaria que le hubiera evitado a Navarrete viajar enfermo 170 kilómetros, sino también otros servicios esenciales y -sobre todo- el agua.

Al ser preguntados en el primer interrogatorio de identificación, la mayoría dijo ser sostén de familias numerosas mediante la crianza y venta de ganado caprino y percibir un promedio de ingresos que en ningún caso supera los $400 por mes. Ninguno tiene antecedentes policiales.

Están sentados en el banquillo de los acusados porque el 4 de septiembre del 2004 abrieron la tranquera del campo de uso comunitario en el que solían pastar y abrevar sus animales, unas 2.300 hectáreas frente a la ruta 77, conocidas como 'campo Nicolás Santiago'.

Son parte de las 24.000 hectáreas que el comerciante Rodolfo Miguel Buttie dice haber comprado con dos socios por 400 mil pesos, en 1998, a María Eugenia Senar, heredera de don Cecilio Senar, conocido hacendado de la zona. No obstante, Buttie admitió en su declaración que, aun después de esta compra, al campo 'el que lo necesitó siempre lo usó. Nunca se le negó nada a nadie'. 'Lo único que hice fue cometer el error de colaborar con la gente', lamentó.

Después, Buttie precisó a Prensared que lo que adquirió junto a Carlos Alberto Ortiz y Roberto Brendell fue una 'escritura de cesión de derecho a acciones posesorias', y aclaró: 'Dicen ahora (los acusados) que ahí vivieron sus padres y abuelos y que es un campo comunitario. Que hayan tenido hacienda, porque el anterior dueño y yo les permitimos tener, no quiere decir que el campo sea de ellos'.

Al respecto, Ramiro Fresneda, uno de los abogados defensores del equipo jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba, opinó que 'fue una maniobra inmobiliaria bastante oscura, que vulnera derechos posesorios de terceros, anteriores en por lo menos 30 años'. 'Además, María Eugenia Senar ha declarado que ni conocía el campo', agregó el letrado. Fresneda también resaltó que Buttie y sus socios 'no tienen animales, por lo que no pueden demostrar actos posesorios mejores a los de las familias campesinas del lugar, que incluso hicieron el trámite correspondiente ante la Unidad Ejecutora de la ley 9.140 (de saneamiento de títulos), acreditando la posesión ancestral del campo'.

El caso es que Buttie acusó a los ocho campesinos por usurpación y su denuncia fue avalada primero por el ex fiscal de Instrucción de Cruz del Eje, Raúl Casado, y después por el juez de Control, Rogelio Archilla, quien confirmó la elevación al juicio que hoy conducen el juez Penal Ricardo Py y la fiscal Ahidé Gersicich. La vía penal avanzó a pesar de que el Juez Civil de la Ciudad de Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, había reconocido en la sentencia Nº 450 del 5 de diciembre de 2006, la posesión a las familias de El Chacho, ordenando a los demandados -Buttie y su capataz Julio Oscar Rodríguez- el cese de sus actos contra la posesión de los trabajadores rurales.

Esto no parece preocupar a Buttie ahora querellante, ni a su abogado: 'El juicio civil no gravita en el proceso penal. Estoy convencido en un ciento por ciento que se puede revertir', aseguró el letrado Jorge Garzón.

Frente a esta posibilidad, la abogada defensora Mariana Romano explicó se estaría ante un 'estrépitus foris', es decir, 'un fallo penal en contradicción con otro civil, lo cual va a abrir una discusión atípica e interesante'.

Más allá de lo estrictamente judicial, existe otra discusión más de fondo sobre la raíz del conflicto. 'No existen en la Argentina campos comunitarios. La ley no lo prevé, es un invento. Se agarran del sistema que existe en Brasil con el Movimiento Sin Tierra', alegó el abogado Garzón al apuntar sus dardos contra la organización campesina.

'Una vez más, una familia campesina, sin ningún antecedente penal, tiene que comparecer ante la Justicia Penal, con el agravante de que ya cuenta con una sentencia a su favor que hace lugar a su demanda de ser mantenidos en el inmueble. Todos viven de su producción y no tienen seguridad social', planteó la abogada Romano contra la criminalización de la autodefensa de la posesión.

Intimidación policial

Días después de que las familias campesinas recuperaran el campo, la Asociación de Productores del Noroeste de Córdoba (Apenoc), que integra el MCC, denunciaba que 'se han sucedido intimidantes operativos policiales, sembrando miedo y confusión en las familias de la localidad', que corrían el riesgo de ser desalojadas 'por empresarios inescrupulosos, en connivencia con fuerzas policiales de la región'.

Igual que ocurriera en el reciente juicio en que once campesinos y militantes fueron absueltos del delito de 'daño calificado' por defender el campo de la familia Loyola en el paraje Cañada Larga (ver notas relacionadas), se vuelve a poner en discusión la parcialidad en el accionar de la Policía frente a los conflictos de tierras, avalada por el mismo fiscal que hoy espera su turno para presentarse ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.

Un testimonio, brindado a Prensared por uno de los imputados, es elocuente: 'Nos llamaron de parte de Buttie para un arreglo. Como no quisimos arreglar, nos dijeron que nos iban a pintar los dedos. El comisario Dardo Falcón (quien figura entre los testigos del juicio) nos dijo que él personalmente iba a buscar los testigos y pruebas para accionar contra nosotros por estar robándole las tierras al señor Buttie. Todo esto fue en la comisaría'.

De esto quizás se empiece a hablar en la próxima audiencia, prevista para el lunes 9 de junio, a las 9,30 horas.